UNA CUESTION DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION
Uno de los “palabros” que más se repiten cuando se habla de la construcción europea es “subsidiariedad”. Normalmente lleva el apellido de “proporcionalidad”. Es el principio mediante el cual las normas europeas solo se redactan y aprueban cuando son más útiles a ese nivel que las que puedan poner en marcha las instituciones más próximas a la ciudadanía. Para garantizar su cumplimiento, el tratado de Lisboa se dotó de unos anexos en los que se proponía un procedimiento de control para garantizar que las instituciones comunitarias tuviesen antes de emitir una propuesta legislativa el punto de vista de los estados miembros al respecto. Incluso se previó un procedimiento para que las regiones con competencias legislativas participa en en este proceso de evaluación. El test se centraba solo en esta cuestión, no el el fondo de las propuestas legislativas. El reto era recibir y procesar la opinión de los miembros sobre si una determinada normativa tenía sentido a nivel europeo o por el contrario las cuestiones UE planteaba podían resolverse mejor a nivel estatal, regional o local.
Como véis y como suele ocurrir cuando se emplean palabras como estas, detrás de ellas hay cosas mucho más simples de entender. Aquí está en juego la transparencia y la participación de abajo hacia arriba en los procesos de decisión de la UE. Ayer el pleno del parlamento europeo debatió un informe sobre el funcionamiento de los test de alerta temprana que figuran en el tratado de Lisboa y que pretenden asegurar que se cumplen estos dos principios.
Esta no es una preocupación nueva para mí. Cuando se estaba elaborando el tratado de Lisboa y se comenzó a hablar del anexo II sobre el principio de subsidiariedad yo era presidenta del Parlamento Vasco y fui también en el año 2008 presidenta de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. (CALRE). Durante esta etapa uno de los asuntos que impulsé fue la realización de ensayos, previos a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre el funcionamiento en las regiones de estos test de alerta temprana. La cámara vasca fue por ello pionera en Europa en incorporar a su dinámica ordinaria este trabajo de análisis de la normativa europea..
A la vista de cómo se han desarrollado hasta la fecha estos tes de alerta temprana yo he defendido la necesidad de mejorar protocolos como los de subsidiariedad y proporcionalidad para mejorar la calidad democrática de las instituciones europeas. El respeto a estos dos principios, centrados en garantizar que la UE solo legisle cuando su intervención es más eficaz por operar en un marco global que la de las instituciones más próximas a la ciudadanía aportarían mayor transparencia y participación a las instituciones europeas.
La escasa consideración que se presta a estas posiciones, el corto plazo de que disponen las instituciones estatales y regionales para elaborarlas y la inexistencia de garantías para que la posición de cada estado refleje fielmente lo que piensa todos sus instituciones son los principales fallos que se producen en la aplicación de las normas actualmente vigentes y en los procedimientos organizados para aplicarlas.
He seguido con interés e intensidad los resultados de estos procesos y creo que son insuficientes, formalistas, y ofrecen plazos demasiado breves a las partes interesadas, especialmente a las regiones europeas con competencias legislativas para que pueda haber porciones de valor. Estos son factores que dificultan extraordinariamente también el principio de participación regional en estos informes que está específicamente previsto por el Tratado de Lisboa.
A ello hay que añadir que en algunos estados, por ejemplo en España, el procedimiento para conformar la opinión del estado al respecto no garantiza en absoluto que la voz de las regiones si no coincide con el punto de vista del estado, figure en los informes de alerta temprana. Si en materia de subsidiariedad tenemos este “gap” imaginaos que no ocurrirá con el fondo de las cuestiones sobre las que se legisla. Todo lo que se pierde por el camino aleja las instituciones europeas de los ciudadanos y perjudica la transparencia y la participación.
Para mejorar la situación además de ampliar los plazos para que se conformen las opiniones de las instituciones estatales y regionales, ayer defendí que se realicen informes de evaluación del funcionamiento a posteriori de la normativa comunitaria desde la perspectiva de la proporcionalidad y la subsidiariedad.
En definitiva hay que tomarse esto en serio si de verdad creemos en el federalismo y el concepto de unión, que significa suma voluntaria de miembros. Nada mejor para fomentarla que tratar a todas las instituciones afectadas por las políticas europeas como mayores de edad.
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