TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION PARA LA GARANTIA JUVENIL

Hoy después de comer me ha abordado una chica joven en la cantina del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Me ha hecho unas cuantas consideraciones sobre el plan europeo de Garantía Juvenil y me ha expresado su completo acuerdo son la intervención que podéis ver en este vídeo. Ha sido durante la mañana en el debate que se ha dedicado al empleo juvenil. He dedicado mi intervención a alertar a las autoridades comunitarias de lo que puede ser un desastre en un asunto tan sensible. Porque en España han decidido “gestionar” desde el gobierno central el 85% de los fondos europeos dedicados a este asunto.

Esta no es la típica queja sobre el fuero, sobre la titularidad de la competencia, sino sobre el huevo, porque las competencias en políticas activas de empleo están descentralizadas. Ello es así porque se supone que la intervención en este campo si pretende tener éxito debe ser integral, multidisciplinar y debe tener en cuenta las características de zonas que tienen muy distintas necesidades. Por eso las comunidades autónomas disponen de toda una red de oficinas, técnicos, medios materiales y humanos para gestionar este tipo de programas.

La propuesta estatal para aplicar estos fondos, detallada la semana pasada por la ministra de empleo me parece limitada, simple y con alto riesgo de no resultar ni sostenible en el tiempo ni eficaz. No se trata de utilizar 1800 millones de euros para mejorar puntualmente las estadísticas, sino para generar programas y condiciones que sean capaces de cambiar la situación, o por mejor decir las situaciones.

Porque hay muchas situaciones y muchas causas para el desempleo juvenil. Una general, de modelo de desarrollo económico y otras relacionadas con los niveles de formación, con la estructura económica, con la ausencia de estímulos al emprendimiento juvenil o con una legislación que permite convertir las becas de formación o los contratos de prácticas en otra cosa.

Por eso he denunciado esta mañana en el pleno de esta institución ante el comisario de empleo Laszlo Andor la “absurda distribución” que se ha hecho en España de los fondos europeos que financiarán el programa de garantía Juvenil.  La proximidad al tejido económico, el conocimiento, las competencias y los medios materiales y humanos vinculados a las mismas “son básicos para el éxito de este programa y estos requisitos no se satisfacen controlando desde el estado el 85% del presupuesto dedicado a esta iniciativa.

He basado mi intervención en las consideraciones que habéis leído aquí y  en las experiencias desarrolladas en otros países en los que esta iniciativa está implantada. Este programa funcionará bien en la medida en que esté cerca de la realidad económica y del mercado laboral y siempre que tenga un carácter integral. Muchas de las competencias y el conocimiento para conseguir esta proximidad están en las regiones. En España el gobierno ha hecho un reparto absurdo de los fondos recibidos para financiar el programa. El gobierno del estado gestionará el 85% y las regiones el 15% restante cuando las competencias están distribuidas exactamente al revés.

Por eso me parecen inaceptables las incertidumbres que abre esta decisión. Si el programa fracasa los perjudicados serán los jóvenes sin empleo. Por eso he pedido al comisario Andor una revisión del programa y he destacado que la aplicación del mismo no es un problema interno de un estado miembro es una amenaza para el éxito de un programa europeo. Por eso pedimos control para corregir estas disfunciones y garantizar la eficacia del programa.

Tengo que subrayar que coincido plenamente con el anuncio efectuado ayer por el recién elegido nuevo presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker para modificar hasta los treinta años la edad de las personas que pueden acogerse a este programa de garantía juvenil, una reivindicación nuestra especialmente sentida. Ahora espero una respuesta porque hace una semana planteé una pregunta en este mismo sentido a la Comisión Europea. El ejecutivo comunitario deberá responder oficialmente a estos planteamientos antes de que concluya el mes de septiembre. Sé que no son los guardianes de la legislación interna de los países miembros, pero sé también que se basan muchas veces en ella para relegar o no atender solicitudes o requerimientos de instituciones subestatales. Sé también que está en riesgo dilapidar un dinero que destinado a resolver un grave problema. Espero de la responsabilidad de las autoridades europeas una actuación enérgica. De lo contrario si se produce un fracaso más que probable de seguir por este camino no podrán decir que la responsabilidad es de otros.  

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