EL ENCAJE DE EUSKADI EN EUROPA…

España es diferente. En ese país una pléyade de «intelectuales», telepredicadores y tertulianos que pueblan los partidos políticos y los medios de comunicación han disfrazado el nacionalismo español más trasnochado de «patriotismo constitucional», como si la transición española cumpliese las dos condiciones que Jürgen Habermas incorporaba a ese concepto. Aquí ni había un «demos» español previo compartido (sigue sin  haberlo) ni se «constitucionalizó» en condiciones estrictamente democráticas. Baste constatarlo consultando la hemeroteca o leyendo cualquier manual español objetivo de historia contemporanea en los que se refleja el «ruido de sables» que presidió la negociación constitucional y su influencia, por ejemplo en la redacción de todo el título octavo de la Constitución.  

Sin embargo el ardid publicitario ha tenido su éxito, sin duda por el acrítico acompañamiento de muchos medios. Ahora todo su argumentarlo y hasta algunas de sus más queridas incorporaciones de última hora como la reivindicación de una mayor participación  de la ciudadanía en los asuntos públicos, para tratar de subirse a la ola del «15M» se les ha ido al garete. Porque tanto los contenidos de la reforma de la Constitución que acabamos de vivir la pasada semana como los procedimientos articulados para llevarla adelante han retratado el presunto «constitucionalismo» de sus instigadores y de quienes hasta ahora les han sacado la cara. Vaticino centenares de horas extra del aparato de propaganda para tratar de convertir en blanco lo negro. Este fin de semana se ha aplicado a ello con denuedo, por ejemplo, Felipe Gonzalez que sigue sin darse cuenta que nuestra negativa a votar la reforma es una continuidad de la posición que adoptamos cuando se nos marginó en la última fase de la redacción de la constitución del 78.

Según él enmiendas como las presentadas por el grupo «nacionalistas vascos» en el Congreso sobre el respeto a las competencias fiscales vascas y la autodeterminación son insignificancias ante la importancia que tiene el asunto principal: limitar el déficit público en la propia Constitución. Ya nos dice él qué es bueno, cuando y cómo es bueno. Nos dice además que de eso no toca hablar y que tampoco tenemos papel en ello y además lo hace sin escuchar a nadie siquiera sobre la necesidad de respetar las formas y por supuesto algunas particularidades constitucionales de España. Una de ellas es el sistema fiscal privativo de la Comunidad Autónoma Vasca que queda ahora más expuesto que nunca al albur de decisiones puramente administrativas.  Se olvida además que esa autonomía financiera ha demostrado que Euskadi, al menos mientras ha sido gobernada por nacionalistas vascos, ha sido mucho más escrupulosa con el control de gasto que las instancias regionales o estatales gobernadas por socialistas o populares. No necesitábamos de ese corsé para ser rigurosos en la administración de los recursos públicos. Algo que no puede decirse examinando las cuentas del primer gobierno «constitucionalista» de Euskadi. Todo ello es importante, como podéis ver en este informe del BBV, porque ese trabajo bien hecho de los últimos treinta años ha sido básico para que estemos aguantando estos tiempos de tribulación mejor que los territorios «constitucionalistas»

Viene todo esto a cuento porque el espíritu que sostiene esta forma de funcionar estuvo especialmente presente en la mesa redonda  a la que ya os conté que iba asistir el pasado viernes en Donostia sobre la participación de las regiones en la construcción europea. A mi me tocó hablar en un panel que se ocupaba del papel que pueden cumplir los parlamentos regionales en esta tarea. Aquí nos encontramos con el mismo esquema: palabras muchas, hechos muchos también, pero completamente opuestos a lo que dicen los grandes partidos españoles. Y este también es un tema constitucional.

La verdad es que allí los representantes del PP y del PSOE se mostraron favorables en general a la participación regional en europa, pero no pudieron explicar porqué han votado en contra, por ejemplo de un asunto tan simple como que los europarlamentarios se elijan por ciscunscripciones regionales. Eso ocurre, por ejemplo en la jacobina Francia. En España, País descentralizado por excelencia según el constitucionalismo, no. Además tampoco pudieron explicar porqué cada vez que intentamos que la realidad vasca se considere en algún ámbito (Schengen y las competencias de la Ertzaintza, por ejemplo) no solo no se coopera en el intento sino que se derriba. Y tampoco porqué solo una eurodiputada, en este caso yo, se preocupó por llevar estas reivindicaciones al Parlamento Europeo.

También hablaron en abstrabto de participación ciudadana, pero tampoco dijeron por qué motivo apenas interactuaron con los programas de relación con la ciudadanía que creamos en el Parlamento Vasco. Cabe recordar que los pusimos en marcha en el marco de una operación cooperación internacional, con modelos de gestión avalados por las naciones unidas y concrecciones materiales que le valieron al Parlamento Vasco reconocimientos internacionales que podéis ver en la presentación que yo misma hice como presidenta de la CALRE. Estas actividades  propiciaron la presencia en organizaciones como la Internacional de Tecnologías Parlamentarias. En esta legislatura, por cierto no se han seguido impulsando.

Desde lo abstracto fue difícil pasar a lo concreto porque apenas se profundizó en el análisis de la única vía efectiva de participación que los tratados ofrecen a los parlamentos regionales: su participación en los test de alerta temprana para saber si las legislaciones europeas afectan o no a las competencias regionales. Por supuesto, pretender que una región entre en el fondo de un debate político a nivel europeo ya son palabras mayores. Eso ya lo hacen los estados y las instituciones europeas hacen como si en estos no hubiese problemas territoriales.

Por eso el marco previsto es estrecho e insuficiente tanto por razones organizativas como democráticas.  En efecto, limitar el papel europeo de los parlamentos  regionales al control de subsidiariedad es prescindir de la clave de la eficiencia de las organizaciones modernas que se basan en la gestión del conocimiento y necesitan una participación abierta y real. Hay buenas prácticas en políticas de apoyo a la economía real, en innovación, en control del déficit, que son locales y regionales. La rigidez europea y estatal retrasa cuando no impide, que este conocimiento se comparta.

Además creo que la Unión Europea debería ser  una suma de todos. Nada mejor para lograrlo que hacer participe del proyecto a la ciudadanía desde abajo: sumar proximidad y legitimidad. Pocas veces se trabaja en esa dirección. Un ejemplo: La Iniciativa Ciudadana Europea otorga una suerte de capacidad legislativa a individuos y asociaciones de ciudadanos. Que mejor que facilitarles el ejercicio de ese derecho también desde las instituciones que tienen más cerca. Aquí hay un papel en Europa para los parlamentos regionales que hemos reivindicado sin que se nos haya hecho demasiado caso. Podía haberse abierto por esa vía una puerta interesante y constructiva para la participación regional. La mejor noticia es que al menos no se prohibe expresamente lo que nos dará espero, en el futuro, la oportunidad de intentarlo.

A diferencia del talante exhibido por los constitucionalistas nosotros que somos europeistas convencidos, por mucho que consideramos estrecho e insuficiente el marco establecido, trabajamos para aprovecharlo y mejorarlo. Tuve la satisfacción de vivir en primera persona este asunto de los test de subsidiariedad tanto  como presidenta del Parlamento Vasco como  tras ser elegida presidenta de la conferencia de parlamentos regionales europeos (CALRE). Desde ambas instancias nos volcamos para procurar que cumpliese sus objetivos y defender la posición de los parlamentos regionales en Europa. Ese fue el objetivo de la declaración de Euskadi que propusimos y se aprobó en el plenario de octubre de 2008 celebrado en Bilbao y Vitoria.   Además participamos en los primeros test experimentales promovidos por el Comité de las Regiones y definimos y pusimos en marcha un procedimiento para articular la respuesta del Parlamento Vasco en estos test e implicar a los niveles forales. Esa forma de funcionar fue considerada y difundida como «buena práctica» por el Comité de las Regiones.

No nos quedamos en casa.  Desde la presidencia de la CALRE y junto al comité de las regiones organizamos además un seminario europeo en París del que salieron los principios básicos sobre cómo deberían los estados aplicar este procedimiento para que la voz de las regiones llegase hasta las instituciones europeas. Además como partido tratamos de plasmar esos principios en la proposición de ley que ha modificado el funcionamiento de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes generales. Pedíamos que el estado hiciese suyo el informe negativo de una región cuando esta considerase que una propuesta legislativa europea invadía sus competencias exclusivas. Así es en Bélgica. También está resuelto en Alemania, que tiene una verdadera Cámara Territorial. Aquí los partidos mayoritarios votaron contra esta propuesta.

Ahora, desde el Parlamento Europeo y una vez en vigor el Tratado de Lisboa he seguido muy atentamente como funciona en la realidad este procedimiento de participación. Lo he hecho mediante preguntas a la comisión en dos ocasiones y también al consejo que podéis ver en estos enlaces. Lamentablemente las instituciones europeas dejan en manos de los estados el proceso en cada país y dan por bueno lo que les envían y hasta interpretan el silencio estatal como muestra de aceptación sin saber si efectivamente el informe de cada estado recoje las objeciones de sus entes regionales.

Por eso una vez más nos sentimos defraudados. Sin embargo no nos desanimamos y seguimos y seguiremos trabajando para que Europa sea de verdad más democrática y más participativa.  En Euskadi sabemos bien que negar lo que existe lo refuerza. En España, por ejemplo, el jacobinismo que abolió los fueros es el origen próximo del nacionalismo vasco. Hoy varias regiones constitucionales europeas, insatisfechas con su encaje en Europa, promueven el principio de ampliación interna de la unión.  

Puede que sea porque hoy para que una lengua cuente en Europa es más importante su estatus politico-administrativo que el número de hablantes que la utilizan. Puede que sea también porque una sentencia como la que hemos padecido sobre las «vacaciones fiscales» nunca ha recaído sobre los estados que han aplicado las mismas fórmulas para promover el emprendimiento.  Puede que sea porque hay regiones más solventes que los estados en que se integran y hoy salen al mercado bajo marcas y en condiciones financieras que lastran claramente sus posibilidades.

Por su interés os dejo aquí un artículo que firmó ayer en La Vanguardia el Molt Honorable Jordi Pujol. El él se muestra algo más contundente que en la entrevista que me concedió para el blog y en la que le pregunté por lo mismo.  

Ya véis. O espabilamos o nos espabilan. Porque lo que está en juego hoy, más que nunca, es nuestra capacidad para  seguir teniendo un papel que jugar desde el nivel local en los grandes desafíos que tenemos planteados y una posición para intervenir en alguna medida en las soluciones globales que también necesitamos.  Esa es la partido que se está jugando en el marco de una turbulencia financiera como jamás antes se había conocido.  Y en ese marco es particularmente relevante ocuparse del todo y de las partes.

Bueno. Hoy empezamos la semana con una reunión de grupo en Gante. Mañana regresaré a Bruselas y os iré contando como va la semana.

Tags: calre, comite de las regiones, parlamento vasco, principio de subsidiariedad, Reforma constitucional

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