LAS REGIONES ACREDITAN CON HECHOS QUE MEJORAN LAS POLITICAS CONTRA EL TRAFICO DE PERSONAS
Esta tarde noche he participado en la tramitación de una pregunta de la que era firmante referida a los resultados de las normas europeas que se aplican a la prevención sobre el tráfico de personas y especialmente la explotación sexual y laboral de las mismas. La pregunta fue suscrita por más de un centenar de miembros del Parlamento Europeo. Los informes de evaluación de la Comisión destacan que el 76% de las víctimas eran mujeres y un 15% menores. En un 67% de los casos el objetivo de la trata era la explotación sexualmente y el 21% sufrían explotación laboral. En estos casos había muchos ciudadanos de la UE afectados por estas prácticas. Entre los sectores de riesgo se citaba expresamente el empleo temporero en agricultura.
Este detalle me ha servido para insistir en la necesidad de incorporar a las autoridades locales y regionales a la planificación y ejecución de las políticas europeas contra la trata de personas, porque este problema combina la actuación de redes internacionales organizadas y clandestinas, que requieren un tratamiento global a nivel al menos europeo y una respuesta generalmente desde el nivel local o regional, desde la sanidad, los servicios sociales o la educación, a las víctimas de estas prácticas”.
Por eso he apostado hoy por que las regiones y autoridades locales se integren y participen en la planificación y ejecución de las políticas europeas para prevenir la trata de seres humanos. Hechos como los planes cuatrienales para atender a los trabajadores temporeros que funcionan en Euskadi desde 2004 son hechos que apoyan este punto de vista.
La integración de manera decidida y sincera de ambos niveles institucionales, permitiría recoger datos más fiables, uno de los grandes problemas que tiene la evaluación de estas políticas y una capacidad real para la coordinación multinivel e interinstitucional desde la prestación de servicios concretos. Nada mejor que esta aportación para adaptar los principios comunes necesarios a la diversidad de situaciones y problemas que genera la práctica del tráfico de seres humanos. Es además en ese nivel donde se encuentran también interesantes informaciones sobre cómo funcionan estas redes y, especialmente como “colocan” a sus víctimas en el ámbito en el que van a ser explotadas. Esos datos los reciben muchas veces los servicios sociales de base y otros sectores de la administración pública. Por eso la coordinación sobre el terreno debe de ser pilotada por quienes gestionan estos servicios.
Así lo acredita, por ejemplo, el cuarto plan cuatrienal de atención al trabajador temporero en el País Vasco. En Euskadi hay una mesa de coordinación interinstitucional que incorpora también a la administración del estado que gestiona desde 2004 un plan interinstitucional de atención a los trabajadores inmigrantes. Tanto la detección de las casuísticas como la organización de servicios y especialmente la normalización de las condiciones de trabajo ahuyentan a las mafias y regularizan las ofertas laborales. Los resultados han sido interesantes. Creo que este tipo de buenas prácticas acreditan lo que pueden aportar estos niveles institucionales cada vez más presentes en la mente de la Comisión porque a ras de suelo se impone el realismo y la cooperación sobre los obstáculos que suelen plantearse desde algunos estados.
Igualmente y en línea con el trabajo desarrollado estos años sobre desapariciones, que refería constantemente a las políticas europeas sobre trata de personas, he preguntado a la comisión si el incremento de la actividad de estas redes puede propiciar que sean ya casi 30.000 los menores no acompañados desaparecidos en la Unión. Igualmente y además de la explotación sexual, he pedido datos sobre si hay relación entre estas desapariciones y el tráfico ilegal de órganos o las adopciones ilegales.
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Mi eurodiputada Izaskun Bilbao aprovecha para llevar màs agua al molino de su partido. Lo intenta una y otra vez.
Como es hàbil, colocarle su propòsito en un marco mas amplio que dificulte la percepcion clara de su pretension central.
No cuela.
Las autoridades locales y regionales ya tienen un notable papel de ejecucion en los planes existentes. Y sus observaciones tienen cauces adecuados y bastantes para hacer los llegar a los centros de anàlisis y planificacions existentes.
Rechazo ese intento de extensión competencial que promueve usted.
Antes de que se de en España o en cualquier otro Estado de la U.E la explotación sexual o laboral de esas personas han de ser reclutadas en sus países de origen, animadas a desplazarse hasta zonas de traslado clandestina y transportadas ilegalmente o dotadas de documentaciones falsas para entrar como turistas.
¿Dónde se falsifican los documentos utilizados? ¿Dónde se construyen las embarcaciones, pateras o no en que cruzan el Mediterráneo? ¿Quienes y donde adquieren los motores fuera borda, el combustible y los sistemas de comunicación con que operan las bandas organizadas que mueven ese lucrativo negocio?
Y así podría seguir planteando preguntas para cuya respuesta y, lo que es más importante, para la neutralización de tales organizaciones criminales, mejor que las autoridades regionales y locales se centren en las competencias que ya tienen y no pretendan desbordar su campo de acción. Tal desbordamiento, de producirse, generaría una complejidad tal para la toma de decisiones que reduciría la capacidad operativa de los planes de lucha contra las explotaciones que se pretende de combatir
A las organizaciones criminales que se lucran de tales explotaiones les vendría de perlas ese marco que usted propugna. Para ellas sería el equivalente de ser zorros metidos a en el gallinero con el «buen propósito de cuidar de las gallinas».
No mi señora eurodiputada, no en mi nombre.
Salud y saludos.
Estimado senor, le animo a que lea con atención lo que escribo.
El marco de investigación de la criminalidad transnacional es claramente europeo y ese es el nivel más adecuado para abordarlo. En ese trabajo deben integrarse todos los recursos disponibles, incluidos los que aportan las policias integrales según la legislación interna de los estados miembros, tales como Ertzaintza y Mossos de Esquadra. Por cierto la Comisión está exigiendo reiteradamente que esa coordinación se produzca de modo inmediato por razones prácticas y legales.
Pero en el ámbito de la atención y prestación de servicios, en la elaboración y ejecución de políticas de integración y especialmente en el de la determinación de cupos, existen enormes oportunidades de mejora que se perciben con claridad cuando se comparan los dispositivos de acogida planteados y puestos en marcha por muchas regiones y nacionalidades y los cupos de refugiados efectivamente acogidos. No hay cauces ni adecuados ni suficientes para coordinar estas politicas. Y de eso estamos hablando.