EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE TAMBIEN A ESPAÑA QUE INVESTIGUE LOS CRIMENES FRANQUISTAS
Hay veces que una tiene la impresión aquí de predicar en el desierto, por lo mucho que cuesta conseguir resultados, por el trabajo de fondo que exige. Por la necesidad de insistir, de no cejar nunca en el empeño. Toda esa sensación desaparece cuando tras ese proceso consigues que algo cambie de verdad, sustancialmente, la situación.
Eso ocurrió ayer cuando comprobamos que el Parlamento Europeo, por muy amplia mayoría nos apoyaba, la primera vez que ocurre, en un tema muy importante que compromete al estado español y a la propia Comisión Europea que hasta ahora han mirado para otro lado cuando no torpedeado todo intento de reparar a las víctimas del franquismo y ofrecerles verdad y justicia.
Y es que el pleno del Parlamento Europeo se unió ayer a las recomendaciones emitidas por el Consejo de Europa y a las Naciones Unidas para alentar a España a que investigue los crímenes cometidos por la dictadura franquista. La eurocámara ha solicitado además a la Comisión Europea que realice una evaluación objetiva de los procesos de promoción de la memoria histórica en la Unión y recuerda que incumplir las recomendaciones internacionales sobre la materia vulnera principios básicos del estado de derecho.
Estas recomendaciones se recogen en el artículo 63 del informe Nagy sobre el Estado de los Derechos Humanos de la Unión y reproducen literalmente una enmienda, promovida por un grupo de eurodiputados elegidos en el estado español, entre los que me encuentro y que trabajan juntos desde el comienzo de esta legislatura para cambiar las políticas estatales en la materia y animar a que Europa se involucre en la promoción de ese cambio.
El grupo, formado por Marina Albiol Guzmán, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun y Francesc Gambús, y yo misma presentamos esta enmienda tras comprobar que, por segunda vez, las autoridades estatales se negaban a facilitar las investigaciones judiciales sobre crímenes fraquistas que se llevan a cabo en la llamada causa argentina y tras remitir dos cartas al vicepresidente Timmemans en la que se llama la atención sobre un hecho que a juicio de los eurodiputados al menos exigiría una evaluación por parte de las autoridades comunitarias. De hecho al redactar la enmienda utilizamos esta expresión, en la carta y en la enmienda, porque figura así recogida como primera fase de las actuaciones que debe emprender la Comisión Europea para activar el Marco que aprobó el 11 de marzo de 2014 para la salvaguarda del Estado de Derecho en la Unión Europea. Los eurodiputados firmantes consideramos necesario hacerlo dada la gravedad de lo ocurrido. Igualmente animamos a la Comisión Europea a que inicie esta labor de encuesta recibiendo a diversas asociaciones de víctimas del franquismo.
El documento aprobado ayer por el Parlamento Europeo acoge igualmente las otras dos aportaciones que utilizamos para fundamentar el contenido de la enmienda. Concretamente se trata de dos menciones tanto al marco para la Defensa del Estado de Derecho aprobado por la Comisión Europea como al informe de 22 de julio de 2014 en el que el relator de las Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición criticó con dureza las políticas estatales de Memoria histórica.
Decía que este ha sido un trabajo de fondo porque desde que comenzó esta legislatura este objetivo, cambiar la política de memoria histórica en España, nos ha llevado a organizar un buen número de actividades en la euro cámara. Básicamente porque un cambio de actitud europeo respecto a la impunidad de franquismo en fundamental para conseguirlo. Entre ellas destacan, los homenajes a los últimos fusilados de la dictadura, una acción conjunta para llevar al pleno del parlamento europeo el aniversario de la muerte del dictador o a nivel vasco las jornadas sobre los sucesos del tres de marzo de 1976 en Vitoria Gasteiz de las que salió el compromiso del Ayuntamiento de la capital vasca de convertirse en parte actora en la presentación de querellas judiciales por estos hechos. El grupo prepara ahora unas jornadas sobre Ciudades por la Memoria.
Un apoyo de estas dimensiones y nada menos que en el informe anual sobre derechos humanos en Europa es un paso trascendental para que el estado español entienda que en este asunto se encuentra fuera de los estándares internacionales. Corregir esta anomalía sentará bien a la democracia y al estado de derecho. Ayer y para evitar cualquier movimiento de última hora que pudiese alterar el resultado de las votaciones, hice una discretísima mención a este asunto. Eso si, felicité al ponente del informe, el eurodiputado democrata cristiano eslovaco József Nagy y destaque que el documento aprobado es uno de los más inclusivos y abiertos que ha dedicado el parlamento a la materia en los últimos años. Creo que contiene una crítica constructiva y una descripción certera de nuestras oportunidades de mejora que se centran casi siempre en eliminar la distancia entre lo que los estados proclaman y lo que hacen. Esa diferencia alimenta el drama de los refugiados, de la desigualdad, del progresivo desarme del modelo social europeo o la quiebra de principios que están en nuestra carta de derechos fundamentales. En ese momento agradecí muy profundamente “alusiones como las que se hacen a la memoria histórica, el respeto a la diversidad cultural o el incumplimiento de decisiones marco claves para las víctimas o la política penal en la Unión”. Espero ahora que los aludidos se apliquen a aparecer con mejores calificaciones en el próximo informe.
Igualmente ha sido muy satisfactorio que el informe haya recogido otras aportaciones que realicé ya en solitario en otros apartados del informe sobre cuestiones relacionadas con el reconocimiento de los derechos de las minorías, el respeto a los principios democráticos y el estado de derecho en la legislación antiterrorista, la aportación de estrategias para prevenir la radicalización o medidas igualmente preventivas para erradicar el tráfico de personas (art. 51). Entre ellas destacan el reconocimiento, implicación y necesidad de incorporar a todos los agentes que trabajan en la represión de la delincuencia organizada, incluidas las policías regionales, en la inteligencia europea contra el terrorismo. Estos extremos están recogidos en diversas partes del informe como los artículos 36 ó 41.Tambien ha sido especialmente grato para mí ver reflejadas literalmente en el informe (artículo 130) mis aportaciones sobre mejoras en la gobernanza de la Unión a través de una mayor transparencia y participación. En definitiva, hay días en los que sientes, en que se confirma que este trabajo de fondo, de convencer, de insistir, merece la pena.
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Ahondar en la justicia y en la reparación a las víctimas siempre resulta estimulante, incluso si los promotores tienen la aviesa intención, nunca declarada, de evitar con ello el poner el foco sobre los efectos negativos, para el proyecto europeo, de avivar el conflicto identitario allí donde pueden hacerlo sin grandes riesgos personales.
Pero, nada, que el Parlamento Europeo contribuya a esclarecer cuantos crimenes permanence Impunes y ojalá que con ello aporte justicia y reparación a las víctimas, a las de la guerra civil, a las del franquismo, a las del terrorismo etarra y a las de los otros terrorismos.
Salud y saludos.
El Sr. Koldo Mediavilla, destacado dirigente del actual PNV, anda enredando a partir de «sus convicciones». Y afirma estar «convencido» de que las policías de España y de Francia conocen donde tiene ETA sus depósitos de armas y de explosivos.
Si el señor Mediavilla está en lo cierto, cabe preguntarse (y me lo pregunto), cuánto saben en el PNV y en la policía autonómica vasca (policía española al fin) sobre los depósitos financieros de ETA, sobre sus fuentes de propaganda, sobre sus fuentes de aprovisionamiento y sobre pisos francos, caseríos de ocultamiento, descanso y entrenamiento, sobre la red de adoctrinamiento pro-etarra dentro del sistema educativo y sobre los «tapados» de ETA dentro de las instituciones legales (ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, etc., etc)
El Sr. Mediavilla, hombre de peso en el PNV, induce la duda de que los gobiernos de España y de Francia mantienen la existencia de la banda terrorista ETA porque ello favorece sus capacidades de manipulación sobre sus opiniones públicas. Pues bien, si aplico esa misma línea de razonamiento al PNV y su comportamiento, llego a la conclusión de que el PNV y la izquierda patriótica sacan provecho de su falta de colaboración para resolver los centenares de asesinatos pendientes de identificación de sus autores, pendientes de enjuiciamiento, pendientes de condena y pendientes de reparación a las familias de las víctimas. Y no me invoquen la prescripción porque los delitos de lesa humanidad son i prescriptibles.
Estimada señora Izaskun, Quisiera llamarle la atención sobre mi mensaje dirigido a usted mediante su correo electrónico del PE. Espero que sea la dirección correcta. Un saludo cordial Sarah Oostenbrink
Gracias Sarah. Ya te he contestado.
un saludo.