UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Una de las bases de la construcción europea es lo que en la jerga comunitaria de llama “Tercer Pilar”. Se trata de  progresar hacía un espacio único europeo de libertades y seguridad y se basa en la cooperación judicial y policial. El cimiento de todo el proceso es la mutua confianza entre sistemas judiciales y penales de los estados miembros. Y aquí empiezan los problemas. Las distintas culturas jurídicas y constitucionales tradicionalmente alejan de este espacio de cooperación a Gran Bretaña y algunos países nórdicos. La buena fama, competencia e independencia de los jueces son fundamentales para avanzar en este camino.

Yo he conocido en estos años magistrados españoles competentísimos que hacen una extraordinaria labor a través de Eurojust en la progresiva consolidación de este espacio. Pero he vivido situaciones en las que la vergonzosa sumisión de algunos otros magistrados a las instrucciones del gobierno de turno han arruinado años de trabajo en la sombra de personas que lo han dado todo por hacer avanzar, también en España, el respeto a principios básicos para cualquier democracia que se precie como el de la separación de poderes.

Y es que lo que ha ocurrido esta semana revela que en España falta mucho para completar ese camino. Ha dimitido el Fiscal General del Estado, seguramente harto de que le digan lo que tiene que hacer. Han protestado trece de los diecisiete componentes de una sala del Tribunal Supremo cansados también de que se les anime a poner la cara para que se la rompan luego en el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Y se ha desvelado lo que no era un secreto a voces, más bien lo que es una completa vergüenza.  Eso si, una vergüenza silente. Porque ha sido acompañada, cuando no aplaudida, por quienes tenían la obligación de haberla denunciado. Solo por el triste hecho de que de paso servía para acogotar disidencias y problemas políticos que no se quieren abordar. Seguramente porque no hay dirigentes con las agallas suficientes para abrir, de una vez, un debate realista sobre estado y organización y eficiencia, por una parte e identidad y soberanía por la otra. Por eso ha sido muy cómodo mezclar cualquier intento de hablar serenamente de estas cosas con la violencia. Con patriotas como esos se bastan y sobran para romper España, desde luego.

Por ese esta mañana cuando he valorado el alcance que tienen los hechos que comento he decidido llevar el asunto ante la Comisión Europea. Es la segunda vez que les hablo de cómo se está tratando en España la aplicación de la resolución marco 2008/909 JAI aprobada por el Consejo Europeo en el que se sienta, también, el Gobierno de España y dedicada a avanzar en el reconocimiento de las penas. Les he informado también de cómo quieren ignorar los principios en que se basa la política penal que propugna la Unión Europea, basada en la reinserción frente al concepto de venganza que escuchamos frecuentemente en boca de algunas autoridades españolas. Coincide además con hechos tremendos, como la negativa a investigar y depurar delitos cometidos durante el franquismo y tardofranquismo, algo insólito en el panorama europeo que tiene a gala haber ajustado perfectamente sus cuentas con sus más turbulentos pasados. Encaja con las explicitas denuncias sobre la nula formación del poder judicial en estas materias que incorpora en su informe sobre memoria histórica en España el relator de las naciones Unidas Pablo de Greiff.

En efecto algunos de estos hechos que explican algunos de los problemas que aquejan a la justicia en España no han alcanzado en los medios la relevancia que merecían. Os invito a que consultéis el apartado D párrafo 41 y siguientes de dicho informe  En ellos el autor considera particularmente graves las lagunas en materia de formación técnica sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Igualmente se critica la formación en materia de derechos humanos. Solo hay referencias a garantías procesales. No hay referencias a las responsabilidades del poder judicial y sus jurisdicciones especiales durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas lagunas en un espacio como el Europeo, muy preocupado por liberarse de demonios de ese tipo son demoledoras para la confianza en que se basa la construcción del tercer pilar.

Por eso con estas iniciativas pretendo contribuir a que en España se cumplan las normas europeas que acaban con el derecho de excepción que tanto daño ha hecho a las libertades y al prestigio de las instituciones. Detrás de las muchas y variadas condenas que acumula España en el tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo están asuntos como los que denuncian estos jueces. Lo hemos visto con la doctrina Parot un caso extremo en el que sus mentores ignoraron olímpicamente un principio elemental y universal: la no retroactividad de las leyes. Algo que se estudia en primero de derecho. Así le fue a España en Estrasburgo. No vamos a tardar en ver que ocurre lo mismo con el “caso Atutxa” el más claro ejemplo en los últimos años de utilización arbitraria del derecho impulsado por instrucciones del gobierno. No he encontrado en estos años a ningún jurista de mínimo fuste que no se escandalice al recordar el recorrido que dio con Juan Mari en la nómina de condenados por la justicia española. Todo el asunto fue un escándalo. Basta recordar el papelón del fiscal Cardenal, perfectamente consciente de que allí no había delito de ningún tipo y capaz pese a ello de firmar la denuncia contra Juan Mari.

Qué decir de las agresiones a la doctrina constitucional perpetradas por el ya fallecido Francisco José Hernando Santiago, de la anulación por dos veces de las sentencias  del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que absolvieron a  Juan Mari y del simulacro de juicio oral que viví, acompañándole, en el Tribunal Supremo en Madrid. El capítulo final, a la altura de lo que voy recordando fue el aplazamiento de la resolución del recurso de amparo que se presentó ante el Tribunal Constitucional hasta que se dispuso en dicho órgano de mayoría suficiente para denegarlo. Tuvieron incluso la desvergüenza de nombrar ponente a otro magistrado ejemplar y de reconocida imparcialidad para que reescribiese un borrador que daba la razón a Atutxa y acabó quitándosela, eso si con muy contundentes votos particulares de magistrados que consideraban simplemente impresentable el texto aprobado. El ciudadano López casualmente había sido parte, y no menor, en todo el proceso cuando trabajaba en el Consejo general del Poder Judicial a la vera, que no a la sombra del insigne demócrata ya fallecido Francisco José Hernándo Santiago.

Afortunadamente parece que las cosas empiezan a cambiar. Seguramente porque ahora, que parece quebrarse el bipartidismo empieza a declinar el poder omnímodo con que algunos han pretendido y a veces conseguido, manejar la justicia. Parece menos fácil encontrar voluntarios para firmar cualquier cosa. O por describirlo mejor, cosas de esas que a uno le hacen pasar un muy mal rato en Estrasburgo y dejan un lamparón indeleble en el currículo. La democracia se defiende con democracia y las presiones que algunos jueces parecen ahora dispuestos a no aceptar son cualquier cosa menos democráticas”.

Tags: administración de justicia, Decision marco 2008/909 JAI, Division de poderes, Doctrina parot, tercer pilar, Torres Dulce, Tribunal Supremo

Category: Blog