MEMORIA HISTÓRICA Y CENSURA HISTÉRICA
Esta mañana hemos estado trabajando con nuestros compañeros en el senado para tratar de propiciar que un tema que revela, una vez más, las pocas ganas que tiene la derecha tradicional española de restañar las heridas que dejó la dictadura franquista en la sociología del país. Por eso hemos solicitado hoy en Bruselas la intervención de la Comisión Europea para que se levanten las prohibiciones que impiden el acceso de especialistas e investigadores a fondos documentales militares y relacionados con la acción exterior de la dictadura franquista. Las restricciones además de ser contrarias a la normativa que regula este tema en la Unión Europea ocultan la verdad, y entorpecen la justicia y reparación que merecen las víctimas de la dictadura franquista.
Traemos así aquí, al corazón de las instituciones europeas las inquietudes que planteó ayer mismo en el senado nuestro amigo Iñaki Anasagasti. cuya familia como sin duda sabréis, fue represaliada por el Franquismo y sufrió el exilio en Venezuela. Iñaki se hizo eco ayer en la cámara alta del malestar de un amplio colectivo de investigadores y especialistas a los que se ha impedido el acceso a más de diez mil documentos militares fechados entre 1936 y finales de la década de los sesenta y a la práctica totalidad de la memoria documental de ministerio de exteriores durante la etapa franquista. La moción que defendió solicitaba el final de estas restricciones, una solicitud que se ha trasladado hoy igualmente al ejecutivo comunitario apelando a los convenios internacionales firmados por el reino de España en los que se regulan las condiciones mínimas en que debe accederse a estos archivos.
Yo creo que esta prohibición es un paso más en la dirección equivocada con que España afronta sus problemas de memoria histórica. Las normas europeas dicen claramente que no se puede vetar el acceso ese tipo de documentos y menos aun cuando de él depende restaurar la verdad, y propiciar la justicia y la reparación que necesitan las víctimas de una dictadura. El actual gobierno de España no quiere afrontar este problema y esa actitud predica unos valores muy negativos para la convivencia. Por eso las Naciones Unidas han criticado muy severamente la política española sobre memoria histórica. Nosotros ya hemos traído a Europa este problema con muchas iniciativas, algunas de las cuales han permitido a las instituciones europeas tomar nota de la impunidad con que se desenvuelven en España los neofranquistas. Desde luego nos vamos a empeñar en aportar desde aquí otro estímulo para que España cambie de actitud y se atreva a mirar con sinceridad hacia su pasado porque es la única manera de construir un buen futuro.
En la iniciativa que hemos presentado, condicionada por el límite de doscientas palabras en el que tenemos que resumir una problemática tan compleja, recordamos que las restricciones denunciadas se amparan en una ley de secretos oficiales preconstitucional y una interpretación de la ley de protección de datos extraña”. Si os miráis la normativa europea referida a la materia podréis comprobar que estos obstáculos “violan las recomendaciones sobre acceso a documentos públicos del Comité de Ministros del Consejo de Europa y la Convención del Consejo de Europa de Junio de 2009.
Además de esta cuestión legal, una medida así coloca a España en muy mala posición en el marco internacional porque merecido una rotunda crítica entre profesionales, investigadores y especialistas. Para colmo coincide en el tiempo con las severas críticas que las Naciones Unidas han realizado a la gestión de la memoria histórica en España caracterizada por no fomentar ni la verdad de lo sucedido durante la dictadura y por dificultar la justicia y la reparación que merecen las víctimas. En definitiva, otro acierto rotundo de los autores de unas decisiones incomprensibles.
Por todo ello hemos pedido que la Comisión juzgue si estas restricciones son acordes con los convenios internacionales referidos al acceso a documentos públicos de carácter histórico. También preguntamos por las acciones que pudiera emprender la Comisión ante las autoridades estatales para abordar este problema. Finalmente queremos saber si esta actitud reiterada de entorpecer investigaciones sobre la dictadura franquista es compatible con los objetivos del programa “una memoria europea activa” que en sus próximas ediciones incorporará a las actividades a subvencionar los trabajos sobre la dictadura del general Franco tras varias iniciativas y preguntas planteadas aquí en Bruselas por nosotros mismos en este sentido.
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