BRUSELAS ANUNCIA UNA REVISION DE LA DIRECTIVA SOBRE VICTIMAS EN RESPUESTA A UNA PREGUNTA SOBRE LA APOLOGIA DE LOS GAL
El pasado mes de noviembre y a raíz de la publicación de una entrevista en el diario El País con el ex ministro de Interior José Barrionuevo, ocho eurodiputados llevamos el contenido de aquellas declaraciones ante la Comisión Europea. La pregunta parlamentaria estaba firmada por Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Antoni Comín i Oliveres (NI) Ana Miranda (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI) Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE) y Miguel Urbán Crespo (The Left) . Por mi parte utilicé además el turno de intervenciones de un minuto para tratar temas de importancia política que abre los plenos mensuales de la euro cámara para llamar la atención sobre estas declaraciones.
La verdad es que el nivel de relativismo moral con el que algunos se manejan en este tipo de asuntos no deja de llamar la atención y constituir para mí, un verdadero escándalo. la lista de actuaciones incomprensibles es larga. Y esta es una más. En España se ha procesado a titiriteros por hechos que nada tenían que ver con la apología del terrorismo. Sin embargo, las mismas autoridades que reaccionan de manera inmediata en unos casos están por abrir una diligencia ante las declaraciones de Barrionuevo, que son un verdadero escándalo. Cuando se opera con esta arbitrariedad, cuando se utiliza tan diferente vara d medir se genera un problema de legitimidad. No hay crímenes cometidos por buenos, por «los nuestros», y crímenes malos porque los cometen otros. Los crímenes son siempre crímenes. Y esa realidad debe hacer reflexionar a todos los que los justifican y a los que miran para otro lado, especialmente cuando incurren en esa conducta autoridades públicas. Un hecho de extrema gravedad.
Por eso me ha parecido interesante y, sobre todo, sugerente que El comisario de Justicia Didier Reynders ha informado esta semana que el ejecutivo comunitario tiene previsto proponer a lo largo de 2023 una revisión de la directiva que regula los derechos de las víctimas de delitos en la Unión para reforzar entre otras cuestiones “la atención especial a las víctimas con necesidades específicas para protegerlas frente a la victimización secundaria, la intimidación y las represalias.” Este anuncio está incluido en la respuesta a nuestra denuncia de noviembre pasado ante el ejecutivo comunitario visto el tono y contenido de unas declaraciones del ex ministro Barrionuevo en las que defendía y justificaba los atentados cometidos por los GAL (grupos antiterroristas de liberación) bajo su mandato.
En la iniciativa se denunciaba la defensa y justificación que José Barrionuevo, ministro del Interior de España de 1982 a 1988, realizaba de las acciones del grupo de terrorismo de Estado GAL. Además, se recordaba que “aunque Barrionuevo fue condenado por su participación en el grupo, fue indultado rápidamente, y el Gobierno español nunca se ha disculpado por dichos crímenes y violaciones de los derechos humanos. La ley franquista sobre secretos oficiales ha impedido una investigación exhaustiva de las actividades y la participación política del grupo, y parece que la revisión de la ley tampoco desclasificará esta información”.
En el texto de la iniciativa recordábamos además que “la negativa de España a abordar este episodio negro de su historia genera un clima en el que Barrionuevo puede alardear de sus crímenes y admitir abiertamente que protege a criminales sin sufrir represalias. Asimismo, obstaculiza todo esfuerzo por proporcionar justicia y reparación a las víctimas de estos crímenes de Estado”.
El comisario Reynders para responder a la pregunta que le lanzamos sobre las medidas que puede adoptar la Comisión para defender los derechos de las víctimas de crímenes de Estado “cuando el Estado miembro en cuestión está vulnerando dichos derechos” anuncia la revisión de la directiva de víctimas. La UE, señala el titular de justicia comunitario, tiene un riguroso conjunto de normas relativas a los derechos de las víctimas centrado en “garantizar que todas las víctimas de delitos reciban la información, el apoyo y la protección adecuados y que puedan participar en procesos penales”. Para empezar, deben de ser “reconocidas como tales y tratadas de manera respetuosa, sensible, individualizada, profesional y no discriminatoria”. Además “debe prestarse una atención especial a las víctimas con necesidades específicas para protegerlas frente a la victimización secundaria, la intimidación y las represalias. La Comisión sigue trabajando para reforzar los derechos de las víctimas y tiene previsto proponer una revisión de la Directiva sobre los derechos de las víctimas en 2023”.
En cuanto a la posibilidad de intervenir directamente ante una situación como la planteada por estas declaraciones, el comisario recuerda que de conformidad con la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo, los Estados miembros deben tipificar como delito la provocación pública para la comisión de delitos de terrorismo, incluida la apología del terrorismo, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Así se implementan preceptos en esa línea en la directiva sobre víctimas “estableciendo explícitamente disposiciones sobre protección, apoyo y derechos de las víctimas de terrorismo”. El comisario de Justicia valora que “España ha transpuesto plena y correctamente la Directiva y recuerda que “si bien la Comisión no tiene competencias para intervenir en la administración cotidiana de la justicia de los Estados miembros, seguirá supervisando la aplicación de la Directiva”.
Este es un tema de gran interés e importancia para mi pues participé directamente en la elaboración de la directiva sobre víctimas introduciendo en ella numerosas aportaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Aproveche así el trabajo y la buena relación que adquirí con esas asociaciones durante mi etapa como presidenta del Parlamento vasco en la que me tocó llevar adelante el acuerdo que adoptó el pleno para que esta institución liderase el reconocimiento de las personas que sufrieron los ataques del terrorismo.
Desde entonces he seguido trabajando en este campo en todas las revisiones que se han realizado. Po eso considero muy interesante que el Comisario de Justicia Didier Reynders anuncie que van a revisar la directiva que regula los derechos de las víctimas y que utilice ese anuncio en su respuesta a nuestra pregunta sobre la apología de los GAL que realizó el ex ministro Barrionuevo en la citada entrevista. Espero que la revisión ayude a mejorar y consolidar derechos para las víctimas. Pero espero, además, que el análisis sobre cómo se aplica la directiva en España propicie más equidad y menos arbitrariedad frente a los casos de apología y justificación de cualquier tipo de terrorismo.
En este triste asunto llueve sobre mojado. Creo sinceramente que la comisión europea debe tomarse de una vez, en serio el problema que hay en España con estas cuestiones. Un problema que hemos denunciado aquí muchas veces. Una anomalía democrática que nace del uso que los dos grandes partidos han hecho de la justicia para tratar de saldar en los tribunales asuntos estrictamente políticos. Una práctica que ha generado grandes males en las más altas magistraturas de la justicia. De ese modo algunos autos, más que documentos jurídicos devienen en verdaderos alegatos políticos. Si eso es nefasto en la administración de justicia cuando sale del ámbito judicial y penetra en el tribunal de garantías asistimos a crisis como la que describí el otro día en el pleno. El día en que el PP pinchó en hueso tratando de replicar en Estrasburgo el irrespirable ambiente que se respira en las Cortes Generales. O el nefando nivel al que las maniobras de personajes tan siniestros como el que maneja los hilos de la comunidad de Madrid penaliza cualquier posibilidad de entablar un debate mínimamente coherente sobre las cosas de verdad. Aunque para conseguirlo tengan que animar a decenas de miles de ciudadanos a conocer y a un tal «Txapote». Lo lamentable es que estas no son ocurrencias de una ida, son manifestaciones de una estrategia perfectamente planificada para lograr precisamente ese efecto. Emborronar. Impedir que funcione la política de las cosas y suplantar los debates constructivos por el girigai, las cosas de la política. ese txapapote en el que se mueven, como pez en el agua tertulianos, insultadores, recitadores de argumentarios y otros filibusteros que han hecho negocio del histrionismo.
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