POR UN IMPULSO EUROPEO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL PASAPORTE COVID

El Parlamento Europeo recibió ayer una comunicación de la Comisión sobre las nuevas disposiciones comunitarias en torno al llamado pasaporte Covid. El debate volvió a poner de relieve la necesidad de seguir avanzando en la armonización de la recogida de datos, en la necesidad de establecer comparaciones homogéneas entre todos los territorios incorporando parámetros como el número de pruebas o la saturación hospitalaria y la necesidad de agilizar la incorporación de informaciones relevantes en los pasaportes como el resultado de pruebas diagnósticas o de recuperación.

La ola ocasionada por Omicron que favoreció los autodiagnósticos y ha propiciado muchos casos que no han llegado a declararse plantea el desafío de incorporar esta realidad a los certificados. Igualmente, en el debate asomaron las posiciones escépticas de los anti vacunas casi siempre patrocinadas por gente de la derecha más extrema. Era curioso ver a liberticidas reconocidos y que además presumen de ello, arrogarse la defensa de derechos fundamentales de la gente para atacar el certificado.

 Hoy desde la terminal del aeropuerto de Estrasburgo he querido resumir el sentido de todas las aportaciones que venimos realizando a este debate desde los órganos parlamentarios en los que tenemos posibilidad de hacerlo. Lo primero es que espero que en los próximos meses, más pronto que tarde, podamos recibir la noticia que todas y todos estamos esperando: poder movernos libremente de nuevo por toda la Unión sin necesidad de utilizar el pasaporte COVID.

Pero mientras, lo más importante es insistir frente a las instituciones europeas a que estudien y piensen qué puede aportarse desde el derecho comunitario a la seguridad jurídica de instrumentos como el certificado verde digital. Este refuerzo se antoja imprescindible para que este documento abra las mismas puertas en todos los estados miembros.

El certificado incorpora muchas garantías desde la perspectiva de la protección de datos, pero es imprescindible que la relación entre pasaporte y datos epidemiológicos sea lo más sólida posible para que ningún aficionado a esa rama de la ciencia médica pueda introducir posiciones arbitrarias frente a certezas científicas. Y lo que es peor que esas posiciones puedan entorpecer la acción de las autoridades sanitarias que son las que, al final se enfrenta directamente a las consecuencias de una pandemia.

Creo que es una buena idea acentuar el enfoque centrado en las personas más que en la situación de los territorios que inspira las nuevas resoluciones comunitarias sobre el llamado “pasaporte COVID”. Yo, desde luego me opongo a restricciones unilaterales estado a estado y apuesto por seguir avanzando en el perfeccionamiento del semáforo europeo que informa sobre el nivel de circulación del virus en cada región. Todo el respaldo técnico que mejore el certificado y su valor como herramienta contra la epidemia también refuerza su posición jurídica.

Este certificado europeo, desarrollado con estándares técnicos compartidos en un tiempo record y reconocido por todos los estados miembros, ha sido uno de los grandes éxitos en la lucha contra la pandemia. En primer lugar, por que permitió reabrir fronteras con seguridad y la recuperación de muchas actividades básicas para nuestro desarrollo. Además, promovió la vacunación. Pero insisto en buscar fórmulas europeas que refuercen la seguridad jurídica que permite a los gestores sanitarios hacer valer esta certificación como herramienta de lucha contra la pandemia. Este es un paso imprescindible para el certificado abra las mismas puertas en todas partes.

El pasaporte COVID además de certificar el proceso vacunal de inmunización, permite acreditar el resultado de pruebas diagnósticas y el de recuperación de la enfermedad. Nosotros seguimos creyendo en este certificado. Apoyamos que la incorporación de datos sobre pruebas y recuperación se agilice y defendemos que terminen las medidas unilaterales.

Finalmente hay que seguir avanzando en una recogida de datos homogénea, que considere el número de pruebas, los índices de positividad y el grado de saturación hospitalaria para regular el “semáforo” que informa sobre el nivel de circulación del virus en cada región europea. Reforzar la solidez técnica del certificado y los datos epidemiológicos es un paso fundamental para despejar cualquier duda en el ámbito jurídico sobre su eficacia como instrumento de lucha contra la pandemia.

 

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