DE CORRUPTOS Y USURPADORES
El Parlamento Europeo ha debatido esta tarde y votará mañana una resolución que analiza la situación creada en este país americano tras las graves irregularidades que se certificaron en las últimas elecciones presidenciales. Con los candidatos de la oposición detenidos o en prisión y acusados de infracciones penales, sin una real división de poderes, sin libertad de prensa y en un clima de fuerte tensión el país vive una grave crisis institucional. Se encamina, además, hacia una crisis humanitaria en la que una ciudadanía empobrecida y las comunidades indígenas son las principales víctimas de la dictadura implantada por Daniel Ortega.
En este debate he apoyadolas conclusiones de la misión de observación electoral que determinó que las últimas elecciones presidenciales celebradas en Nicaragua el pasado siete de noviembre fueron fraudulentas habida cuenta del contexto de falta de libertades y ataques contra los derechos fundamentales de candidatos y electores. Por ese motivo consideramos que la comunidad internacional debe considerar auténticos usurpadores a los actuales gobernantes de Nicaragua, apoyamos una investigación de las Naciones Unidas sobre los abusos de régimen de Ortega, apostamos como única salida a la situación, por un proceso de dialogo que solo podrá comenzar cuando cese la represión y reclamamos la activación de la cláusula democrática del acuerdo de cooperación entre la UE y el país centroamericano.
Y es que no cabe duda de que un país es una dictadura cuando presentarse como candidato a las elecciones lleva aparejada pena de cárcel. Defender los derechos humanos, oponerse a las malas prácticas ambientales, a la destrucción de las comunidades indígenas, denunciar abusos, señalar responsables, acarrea la más dura represión, agresiones, acoso. No hay libertad de prensa ni expresión. En esas circunstancias las últimas elecciones, como en todas las dictaduras no han podido ser sino una farsa.
Por esas razones creo que los actuales mandatarios no son ya los gobernantes legítimos del país. Son usurpadores que merecen ser tratados como tales, sancionados, desposeídos del rendimiento económico de sus prácticas corruptas e investigados por sus políticas represivas en el marco del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por eso hay que activar la cláusula que condiciona el cumplimiento de unas reglas democráticas para continuar con el acuerdo de cooperación entre Unión Europea y Nicaragua limitando los efectos que esto puede tener sobre la ciudadanía y mantener las sanciones personalizadas. Es la mejor manera de expresar todo nuestro apoyo a quienes, sobre el terreno, se la juegan para tratar de impulsar la única solución posible: un dialogo nacional integrador que solo podrá iniciarse cuando cese la represión y se libere a quienes siguen presos por defender una democracia digna de tal nombre.
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