TRANSPARENCIA, CUOTAS DE PESCA Y ATUN ROJO
El Parlamento Europeo ha debatido esta noche un informe mediante el cual el plan de recuperación del atún rojo en el mediterráneo y el atlántico este , arbitrado a nivel internacional en 2006, se transforma en un plan de gestión a largo plazo de la pesca de esta especie, quizá la más valiosa desde la perspectiva ambiental en la zona de pesca a la que se refiere el acuerdo. La mayor parte de las capturas antes de que entrase en vigor el plan de recuperación se exportaban al mercado japonés. Esta evolución ha sido posible porque los informes científicos certifican una recuperación suficiente del stock. El plan se aprueba, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección de esta especie (ICCAT). El plan garantiza niveles de pesca que impidan volver al momento crítico que vivió la especie a principios de siglo.
Yo, además de saludar la buena noticia que supone esta evolución, he tenido que considerar un paso atrás en materia de transparencia para fijar las cuotas pesqueras la actitud de los estados miembros. Hasta ahora no había visto nunca que la Conferencia de Representaciones Permanentes de los Estados Miembros (COREPER) haya rechazado nunca el acuerdo interinstitucional a que llegaron Parlamento y consejo sobre el plan de gestión a largo plazo del atún rojo en el Mediterráneo y el Atlántico Este en el trílogo correspondiente. La excusa, en este caso, una supuesta e inexistente invasión de competencias del legislativo comunitario en competencias estatales.
Sin duda este plan de gestión en el Mediterráneo y Atlántico es una buena noticia. Superamos con él un más que cierto riesgo de colapso que afectó a esta especie en la primera década del siglo. El plan de recuperación que se ha aplicado durante diez años ha dado resultado y podemos sustituirlo por un plan de gestión a largo plazo como los que tenemos para muchas otras especies. Un plan que garantiza la protección del stock en el mar. Un plan que permite al sector seguir trabajando y le aporta estabilidad al permitir planificar a medio y largo plazo sus actividades.
Otro elemento positivo del plan es que se ajusta a las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Protección del Atún en el Atlántico. Además, incorpora una cláusula de garantía fruto de la experiencia adquirida durante la pandemia. Los pescadores tendrán margen para recuperar jornadas de pesca que pueden eventualmente perder a causa de la aplicación de restricciones de movilidad asociadas al COVID.
Pero tras subrayar estas virtudes no he podido dejar de señalar la nota que desafina una música que suena bien. Es insólita la negativa de la COREPER a sancionar el acuerdo al que llegamos el pasado 10 de noviembre en trílogo me obliga a romper de nuevo una lanza en favor del papel que tiene el Parlamento Europeo en el ámbito de la pesca. Mi primer informe cuando llegue aquí hace doce años fue un plan de gestión de la pesquería de la anchoa que encalló en un conflicto institucional con el consejo. Desde entonces han ganado fuerza las posiciones del parlamento en favor de los criterios científicos para fijar las cuotas de pesca y establecerlas con más transparencia. Y vamos a seguir trabajando para que transparencia, ciencia acaben con el oscurantismo que algunos gobiernos parecen añorar para fijar los TACs y con las sorpresas de última que añaden a la actividad de los pescadores un riesgo completamente evitable.
Empezamos aquel plan sobre la anchoa con una extensa consulta con el sector. Tras llegar a un acuerdo que parecía satisfactorio para todas las partes empezaron las pegas. No por ello dejamos de intentarlo hasta el final. Y de hecho aprobamos un informe que era siempre mejor que lo que teníamos. Mejoramos algo, pero allí quedó claro que los estados no querían reconocer ni las atribuciones que claramente el Tratado de Lisboa nos otorgaba en esta materia.
El conflicto sigue vivo y es crítico para el sector. Los planes a largo plazo permiten planificar también a largo plazo desde las compras, financiación y hasta desguace de barcos hasta la contratación de suministros a precios estables y, lógicamente, una previsión racional de capturas e ingresos en el marco de un plan que garantiza que no se sobrepesque. Los gobiernos siguen empeñados en mantener las noches de negociaciones en las que estas cuotas se ven afectadas por procesos opacos de los que salen, de manera sorpresiva, cambios en las cuotas esperables y por consiguiente, inestabilidad. Y el colmo es lo que ha ocurrido con este informe. La COREPER enmendando la plana al Consejo y al parlamento por una palabra que les parece que atenta a la competencia exclusiva que tienen ara repartir la cuota que les toca en el seno de su estado miembro. La palabra, tremenda, amenazadora, rupturista, radical, era “recomienda”.
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