LA BRIGADA PATRIOTICA, AL SERVICIO DE PUTIN
El ruido, la crispación, la polarización que se ha instalado en la vida política permite que cuelen como iniciativas asumibles, cuestiones que hace unos pocos años nadie se atrevería ni a plantear. Tal es el caso de las enmiendas que la derecha española ha presentado esta semana para “completar” la resolución sobre la injerencia rusa en la política europea y sus intentos de desestabilizar sus instituciones y las de los estados miembros. Las chapuzas de la Brigada Patriótica, el mismo tono, las mismas «certezas» y el mismo hilo conductor sobre el independentismo catalán han intentado colocarse en una resolución del Parlamento Europeo.
Me he abstenido en la votación, porque votar “no” hubiese sido tanto como negar que compartimos al 100% la preocupación por la injerencia rusa y los intentos de desestabilizar la Unión Europea. Se está produciendo. Pero hay que objetivar, dónde y cómo se produce e investigarla con seriedad y rigor. Lo que más perjudica a cualquier trabajo serio para investigar este tipo de comportamiento del Kremlin, es basarla en acusaciones difusas e inconcretas. Mucho más cuando se realizan más para intervenir en debates internos de estados miembros que para esclarecer tramas rusas que hay que poner al descubierto. Por eso pienso que esta semana la siniestra Brigada Patriótica que creó el Partido Popular para inventarse delitos y atribuirselos a los lideres catalanes ha prestado un servicio impagable a Vladimir Putin.
Resulta imposible no relacionar estas enmiendas con los intentos desesperados, y en mi opinión, completamente ajenos al derecho y las leyes, que determinados jueces están realizando para interferir en la negociación de la proposición de ley de amnistía. La más que polémica actividad del instructor que viene dictando esta serie de autos, la en mi modesta opinión ausencia de rigor jurídico que presenta esta producción jurisdiccional y su innegable relación con procesos legislativos y políticos hablan de los enormes problemas que hay en España en materia de división de poderes. Y recuerdan la lapidaria arenga del peor presidente de España desde que se superase la transición. José María Aznar, que con su estilo entre atrabiliario y bradominesco ya pidió a los «que pudiesen hacer, que hicieran». Algunos se han puesto «manos a la obra»
Conociendo al ínclito magistrado que parece que cree «poder hacer y está haciendo«, el contenido de esta resolución del Parlamento Europeo puede perfectamente convertirse en material probatorio de la causa por terrorismo que pretende impulsar contra el ex presidente de Cataluña. Otro instructor de depurada técnica plantea argumentos parecidos con la misma «solidez» en otras causes que instruye desde Cataluña. Resulta igualmente llamativo y sorprendente como se han coordinado decisiones tan llamativas como innovar radicalmente una instrucción que llevaba seis años aparcada por no dar más de si, con fechas muy señaladas, como la firma del pacto de investidura entre Junts por Cataluña y el PSOE, el lanzamiento del debate sobre la ley de amnistia, etc. El contenido de este documento difundido el viernes pasado por el president Puigdemont describe con meridiana claridad unas conductas a la altura del currículo «democrático» de quien desde presupuestos propios del la Falange Española escribía furibundos artículos contra la constitución. Una persona con la imagen decimonónica, trasnochada, antigua y rancia, que cuadra con los antidiluvianos conceptos que maneja en el siglo XXI sobre soberanía, identidad, nación o estado. Antes nacionalista español que demócrata.
En el trasfondo de esta iniciativa hay además otras cuestiones que están relacionadas con la evolución natural hacia la que irá el proceso catalán en los próximos meses. La negativa a testar democráticamente una solución política para este contencioso es insostenible, habida cuenta de las mayorías que sustentan unas y otras posiciones. Dirimir este conflicto por la vía política es la receta democrática y europea para resolverlo. Pero no parecía una idea admisible para el PP… hasta que hemos conocido el «plan B» de Nuñez Feijoo este fin de semana. Como decía el President Puigdemont, si ayuda a investir al ganador de las pasadas generales, nos hubiesemos ahorrado más de un sainete. ¿Qué pensarán ahora los hacedores que tienen que hacer» tras haberle hecho…un roto al código penal?. Porque esta vuelta de tuerca significa que hasta el Partido Polpuar sabe perfectamente que este es un problema político que solo tiene solución en el ámbito de la política.
La derecha y ultraderecha española suelen afirmar con rotundidad que la legislación internacional condena cualquier intento de modificar la integridad territorial de un estado constituido. Pero nunca dicen que ese precepto se relaciona directa y expresamente con la intervención para conseguirlo de una potencia extranjera. Un proceso de secesión de una nación sin estado no está prohibido por la legislación internacional. Por eso el empeño de relacionar el independentismo catalán con Rusia tiene más que ver con esos contenidos legales que con otra cosa.
Resultan además particularmente ridículo penalizar los posibles encuentros de líderes catalanes con diplomáticos rusos en unos años en los que Putin compartía mesa y mantel con todo tipo de líderes europeos y tenía un acuerdo sobre venta de gas sólidamente avalado por la canciller Ángela Merkel. Las historias publicadas sobre las ofertas de prestar 10.000 soldados y no sé cuántos millones a la causa catalana desde el Kremlin se parecen más a una de esas fábulas que cuentan en cuarto milenio que a una acusación seria.
Por eso urge, que el Parlamento Europeo añada a esta resolución otras que profundicen en el análisis y la reprobación de la gestión, fehacientemente comprobada, antidemocrática y completamente lesiva para los valores y la calidad de derecho en la Unión que realizó el Partido Popular cuando creó la llamada «brigada patriótica” dedicada a la invención de pruebas para imputar delitos inexistentes a los líderes del independentismo catalán, manipulando medios de comunicación y tribunales de justicia. Una conducta ilegal, antidemocrática y delictiva, más que demostrada y justificada y aplaudida por algunos de sus más relevantes líderes».
LLama la atención que en algunos medios las «supuestas vinculaciones del proceso catalán con el kremlin» vengan avaladas por investigaciones del New York Times, mientras se pasa por alto que el episodio de la policía patriotica y los cinco años de espionaje ilegal contra líderes catalanes, haya sido fehacientemente demostrado por periodistas que viven también en la costa este, pero del mediterráneo. Estas conductas, perfectamente documentadas, probadas y descritas en una investigación realizada por La Vanguardia y el Diario.es son actividades que desestabilizan la Unión porque atacan principios básicos de la democracia y el estado de derecho. Curiosamente por el momento no han generado ni celéricas actuaciones de jueces y fiscales, como las que, por unos hechos irrelevantes, llevaron a dos titiriteros a la cárcel, ni cascadas de portadas alertando, un día tras otro, del verdadero golpe a los fundamentos de la democracia que suponen estas conductas. Será porque la ley es igual para todos y porque el cristal con que se miran determinados acontecimientos no es que cambie de color en función del protagonista, es que altera radicalmente su naturaleza. Su natural transparente se vuelve radicalmente opaco. Como denuncia Iñaki Anasagasti, un verdadero precursor cuando hacerlo era tan difícil, esta transustanciación la conoce a la perfección y la disfrutó, encantado, el rey emérito para descrédito de tantos.
Vamos a trabajar para que esa indigna actuación, protagonizada por cargos públicos de la máxima relevancia incursos por ello en investigaciones judiciales, jueces de más que dudosa imparcialidad y medios de comunicación ajenos a las normas deontológicas mínimas que debe observar la profesión periodística, quede reflejada en el próximo informe anual sobre el estado de Derecho en Europa. Es uno de los mayores ataques contra los valores democráticos perpetrado en estos años en la UE. Por el momento ninguno de los enmendantes de la resolución, a quienes durante años les gustaba autodenominarse «constitucionalistas» se ha preocupado por este, cierto, comprobado y ejecutado ataque contra los más elemetales valores democráticos.
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