LEY DE AMNISTIA: EL FINAL DE EL “A POR ELLOS”
El parlamento europeo ha debatido esta tarde una iniciativa planteada por los populares europeos a instancias de sus socios en el estado español sobre las repercusiones que los contenidos del acuerdo que permitió a Pedro Sánchez repetir como Presidente del gobierno de España con el aval de la mayoría absoluta del congreso pueden tener en la calidad del estado de derecho. Pese a que ya se han abierto los cauces de dialogo estructurado entre el ejecutivo y la Comisión Europea para explicar el contenido y alcance de este proyecto, la formación que dirige Alberto Núñez Feijoo incluye en su estrategia la “internacionalización” de esta cuestión, lo que contrasta con su negativa a abordar en Estrasburgo ningún debate relacionado con el conflicto catalán.
En mi turno de intervención he defendido esta tarde en Estrasburgo, ante el pleno del parlamento europeo, la legalidad y la oportunidad política de la proposición de ley de amnistía que tramita desde ayer el Congreso de los diputados. En mi opinión esta iniciativa tiene fundamentos jurídicos mucho mejores que las operaciones de represión policial y penal que se desataron contra el independentismo durante el “procés”. en definitiva, acaba con el “a por ellos” con el que se arengaba a los policías que fueron a aporrear pacíficos votantes desde todos los puntos de la geografía hispana. “A por ellos” condensa la antidemocrática, fracasada y antigua receta que aplico el PP al conflicto catalán. La ley de Amnistía, por el contrario, va a permitir resetear el conflicto. Lo encauza en una dinámica de negociación y acuerdo europea, alineada con el lema de nuestra Unión “unidos en la diversidad”.
La verdad es que hace falta algo más que valor para plantear aquí que esta proposición de ley puede perjudicar a la calidad del estado de derecho cuando el partido que la propone ha visto ya en varias ocasiones como el comisario encargado del asunto, Didier Reynders, llamaba reiteradamente la atención por bloquear la renovación del Consejo del Poder judicial. Aquí esa “circunstancia”, jueces ocupas incumpliendo tranquilamente la constitución desde hace cinco años, es ya un motivo de grave preocupación que aparece en todos los informes sobre el estado de derecho.
De seguir así la comisión europea no va a tener otro remedio que profundizar en los orígenes y objetivos de esta actitud. Porque por aquí saben bien lo que ocurre. Porque lo hemos abordado en numerosas iniciativas de todo tipo que recordamos aquí, por ejemplo, con motivo del escándalo de “Pegasus”. Este bloqueo se mantiene, simplemente porque beneficia al PP al permitirle influir en la designación de jueces para hacerlos aterrizar en sus causas de corrupción o en las que afectan a sus adversarios políticos.
Es más que evidente que el PP mantiene ese estado de cosas para que composición de determinados tribunales tenga el conveniente impulso político. El portavoz de Justicia del partido popular en el congreso se jactaba de “haber controlado por la puerta de atrás” la composición del tribunal que juzgó a los miembros del gobierno catalán. El presidente de ese tribunal, Manuel Marchena Gómez, había sido condenado en 2017 por el Tribunal de Estrasburgo por violar el derecho a la defensa de los componentes de la mesa del Parlamento Vasco. Tuve el honor de recoger en mano una sentencia que condenó los manejos de este juez que el afectado tardó tiempos en aplicar. Ya recordaréis que estos parlamentarios fueron juzgados y condenados pon un tribunal que era juez y parte en el caso mediante una sentencia criticada por los más prestigiosos constitucionalistas y penalistas del estado por su inédita intrusión en actos estrictamente parlamentarios. Tuve la oportunidad de denunciar aquí aquel caso y obtuve muy destacados apoyos frente al atropello de Marchena. ¿”Casualmente”? presidió el tribunal del procés y “casualmente” firma una sentencia criticada muy duramente por su insolvencia por los más prestigiosos especialistas en derecho penal y hasta por ex componentes del tribunal supremo. Unas actitudes que se mantuvieron cuando el mismo Marchena tuvo que pronunciarse sobre los indultos
La carrera represiva iniciada por el inolvidable fiscal Maza, los incumplimientos estatutarios y torpezas técnicas acumuladas por Pérez de los Cobos en el mandato de aquel operativo policial y los encarcelamientos y detenciones que han venido después no soportan un contraste con organizaciones internacionales de reconocido prestigio. Organizaciones como el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional o Human Rights Whatch consideran las actuaciones judiciales en torno al procés catalán ajenas al derecho y antidemocráticas porque se proyectan sobre los derechos a la participación política y la libertad de expresión. Los intentos de la judicatura española de ejecutar euro órdenes contra personas incluidas en estos autos han fracasado en los dos estados de la Unión que las recibieron, Alemania y Bélgica. La justicia del Reino Unido y Suiza negaron igualmente la entrega de personas encausadas en estos procedimientos. Han hablado hasta de golpe de estado. Me permito recordar las diferencias entre el último intento de golpe de estado de verdad, el de Tejero, el último que hemos vivido en España y lo que ocurrió en Cataluña:
No es por ello extraño que el poder judicial español obtenga junto con Polonia, Hungría o Croacia, las peores calificaciones en materia de independencia judicial en el observatorio europeo de calidad de los sistemas judiciales. A ello contribuye, sin duda, el bloqueo anticonstitucional que ejerce el Partido Popular para mantener en sus cargos a los magistrados ultra conservadores que hoy son mayoría en el Consejo General del Poder Judicial. Su mandato caducó hace cinco años. A esta mala percepción contribuye también la abrumadora mayoría que las organizaciones conservadoras tienen en las asociaciones de jueces. El 84,97% de los magistrados que están asociados pertenecen a asociaciones conservadoras, el 14,9% militan en foros progresistas y un 0,13% en otras organizaciones no encuadrables en estas categorías. También las incomprensibles resoluciones favorables a los intereses del Partido Popular en casos de corrupción. Dichos magistrados aterrizaban en esas causas gracias a nombramientos efectuados por el Consejo del Poder Judicial. Por cierto ha citado también las restricciones de acceso a los secretos oficiales, asunto en el que nuestro grupo en el congreso lidera propuestas e iniciativas, al igual que en las acciones contra la llamada “Ley mordaza”. Resumen: 95% otros asuntos. 5% decir que hablará, como es habitual, con el gobierno para ver de qué va la proposición de la ley de amnistía.
Por eso aquí muchos euro diputados que ya conocen el paño consideran este debate un debate local y no ven, por ninguna parte, amenaza alguna al estado de derecho. Si eso se mezcla con que hoy estaban en el palco del Euro Parlamento personas como Santiago Abascal, capaces de presentar una demanda ante el tribunal supremo para que suspenda un pleno de investidura mientras reclama respeto a la división de poderes, está todo dicho. La intervención del comisario Reynders en el pleno desgranando algunos problemas ya presentes en el estado español. Digamos que una larga lista de asuntos pendientes que comienza y subraya la actitud de los ocupas que se mantienen contra viento y marea cinco años después de caducado su mandato en el CGPJ.
Desde las instituciones europeas se examinará esta proposición de ley que tiene antecedentes muy recientes en otros estados miembros. Portugal, por ejemplo amnistió delitos relacionados con la visita del Papa Francisco en agosto de este mismo año. En La Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002, relativa a la Orden de Detención Europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, ya se reconoce esta figura al disponerse que no se concedan euroórdenes si los delitos a que se refieren, están cubierto por una ley de amnistía. La Comisión de Venecia deja claro en varias resoluciones que una amnistía es válida y compatible con las resoluciones judiciales.
Por eso hoy me ha parecido fundamental recordar aquí, en el minuto que he tenido para explicarme, que la ley de amnistía que se tramita con plenas garantías, la aplicarán los jueces y he recordarlo que el PP, que quienes han traído aquí este debate pretenden ignorarlo porque no aceptan el resultado electoral, ni la mayoría absoluta que apoya esta proposición. Tampoco confían en el tribunal constitucional que la revisará porque consideran que ahora han perdido el control sobre aquel órgano. Se colocan así fuera del sistema. Siguen dejando claro lo que piensan no solo sobre la división de poderes sino sobre la alternancia en el poder. Si mandan ellos todo es válido. Si no, hay un ataque sistémico contra todo.
Me he permitido además recordar que el Parlamento Europeo analizó el tres de octubre de 2017 la reacción del gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy frente al referéndum que convocaron las autoridades catalanas y se celebró en aquella comunidad dos días antes. En aquella ocasión el PP español intentó impedir el debate, pero la cuestión catalana se coló en el orden del día a través del punto que se dedicaba a la preparación de la próxima cumbre europea. Los porrazos, la violencia injustificable contra ciudadanos pacíficos que hacían cola para votar eran, en efecto, un ataque contra derechos fundamentales como el de manifestación, reunión o voto. EAJ-PNV aprovechó aquella ocasión para trasladar una petición del lehendakari a favor del dialogo para resolver la crisis catalana.
Este Parlamento subrayó, criticando una actuación policial en Cataluña cubierta por esta amnistía, que las cuestiones políticas se resuelven políticamente, no a porrazos. He recordado también que el grupo de detenciones arbitrarias de la O.N.U., Human Rights Whatch o Amnistía Internacional subrayan que la persecución penal hasta de actos parlamentarios con que se reprimió al independentismo tiene muy discutibles fundamentos jurídicos. Mucho peores que los de esta propuesta.
Nosotros somos fundadores de la Unión, tenemos un pedigrí europeísta del que carece el PP. Nosotros tenemos representación en el Congreso y somos influyentes en él, algo que no puede decir el portavoz de algún partido que ha hablado hoy aquí. Conocemos y profesamos los valores de la Unión y actuamos de acuerdo con ellos. Desde esa posición he defendido con orgullo nuestra posición. EAJ-PNV apoya la amnistía porque propicia la negociación y el acuerdo. Porque propone soluciones desde nuestro “unidos en la diversidad”. Es la alternativa a su “a por ellos”. Una receta antidemocrática, fracasada y tan antigua que alimenta los vivas a Franco que se corean en las protestas contra esta iniciativa de paz y de palabra.
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