PRESENTAMOS UN ANTIDOTO PARA PREVENIR EL MIEDO AL DEBATE Y A LA DEMOCRACIA CUANDO HAY UN CONFLICTO TERRITORIAL.
Esta tarde acabamos de presentar en Estrasburgo una propuesta de texto articulado que propone un mecanismo para garantizar la igualdad en la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía europea implicada en procesos de ejercicio democrático del derecho de libre determinación en la UE. Es fruto de un trabajo de largo aliento. Nuestra primera propuesta en este sentido se realizó a través del intergrupo de minorías y quedó plasmado en 2014 en el “manifesto de Estrasburgo”. Llevamos igualmente esta propuesta en nuestro programa electoral (VER PÁGINA 16).
Hemos trabajado mucho en esta idea que se recoge en la propuesta de Directiva de claridad que lanzó en su día en Roma el lehendakari Urkullu. Hemos utilizado los argumentos que sustentan esta propuesta en multitud de intervenciones en el pleno. Incluso a nivel de principios conseguimos que se recogiese en uno de los informes sobre la salud del estado de derecho en Europa.
Con este argumentario comenzamos a participar en un grupo de diputados de Cataluña, Córcega, Flandes, Irlanda, Galicia o Euskadi y se fue dando forma a un grupo de trabajo y una propuesta para presentar esta idea también en la conferencia para el futuro de Europa. Fue la segunda más apoyada por la ciudadanía, aunque se retiró de las conclusiones finales. Pero esta decisión no cambia la realidad: Los europeos no tienen miedo a la democracia y creen de verdad en el lema «unidos en la diversidad».
Por eso mismo seguimos empeñados en desarrollar la idea. Primero organizamos una conferencia de alto nivel en Donostia San Sebastián en marzo de 2022. Posteriormente mediante una convocatoria abierta a especialistas en derecho comunitario y europeo se desarrollaron, respectivamente, primero un estudio técnico y después este documento que presentamos hoy.
Nuestro objetivo con este documento es patrocinar soluciones y prevenir conflictos territoriales porque no son asuntos internos de los estados miembros. Como hemos tenido ocasión de comprobar con casos como los de Escocia cuando el Reino Unido era parte de la UE o con Cataluña, son conflictos europeos. Ponen en juego derechos y libertades fundamentales de ciudadanía europea, pueden cambiar su configuración territorial, necesitan dialogo y democracia para que no terminen generando conflictos y deben tener un nivel homogéneo de ejercicio y protección en toda la Unión.
No se trata pues de ofrecer facilidades para balcanizar Europa, ni abrir debates inoportunos en tiempos de tribulación. Se trata de hablar de soluciones para problemas que no por ignorar dejan de existir. La polémica sobre el uso de las lenguas oficiales del estado español en las instituciones europeas da pistas de hasta qué punto se pueden generar independentistas con mucha más intensidad que debatiendo sobre este tipo de protestas.
Lenguas que son oficiales en parte del territorio de la Unión que disponen de sistemas educativos que expiden títulos oficiales y con valor legal en toda la Unión expedidos en esas lenguas, se proscriben, sin razón legal alguna que lo justifique del universo de la Unión. Lenguas con más hablantes que las que son oficiales en algún estado miembro que si se reconocen porque son lenguas de estado. Los derechos aquí, como suelen decir los que critican a los que llaman nacionalistas, parecen claramente asignados a los territorios no a las personas. Por eso cuando pones a alguien ante un caso de discriminación tan evidente como este tiene la obligación de rectificar. Otros, no tienen remedio.
Se trata de cuestiones políticas que requieren soluciones políticas y afectan a la Unión en su conjunto y a la calidad de nuestra democracia. Como hemos visto, el Estado de Derecho, principios básicos del mismo como la división de poderes, se resienten cuando se intenta responder a estas aspiraciones democráticas con respuestas penales. Por eso hoy, ante el mayúsculo error que fue judicializar el llamado “proces” estamos hablando ahora de una propuesta de ley de amnistía. Y la mejor muestra del deterioro institucional que un tratamiento anti político de este problema ha producido, observamos ya sin estupor, como las más altas instancias del poder judicial anuncian una ofensiva para torpedear primero un proceso legislativo perfectamente constitucional y proponer después lisa y llanamente su incumplimiento.
Este tipo de episodios, que nunca dejaré de recordar comenzaron cuando el Tribunal Supremo abolió de facto y de manera plenamente inconstitucional la inviolabilidad parlamentaria de las cámaras autonómicas (caso Atutxa) es el tipo de esperpento que esta propuesta pretende evitar.
Hemos querido, además, articular una propuesta que encaje en los tratados. No es necesario cambiarlos para ponerla en marcha. Y hemos llevado adelante este esfuerzo porque Defendemos el diálogo, los acuerdos y la democracia. Queremos aportar serenidad y propuestas sólidas a nivel europeo. Dinámicas de trabajo basadas en el mismo espíritu constructivo que anima el planteamiento recientemente lanzado por el lehendakari Urkullu a nivel estatal o las propuestas por Cataluña y otras naciones europeas sin estado.
Aquí está el resultado de este trabajo de varios años. Vamos a organizar en los próximos meses un seminario en Bruselas para que sea sometido al escrutinio y debate de expertos, operadores jurídicos, politólogos y representantes institucionales. Lo presentaremos a la Comisión y al consejo y seguiremos empeñados en promover una conversación racional sobre un procedimiento pensado para desactivar conflictos, para hacernos crecer en términos de libertades y democracia.
Las autoridades europeas manifiestan constantemente su intención de acercase a la ciudadanía y con ese objetivo promovieron la conferencia sobre el futuro de Europa. Ahora, después de asustarse y retirar de las conclusiones una propuesta ciudadana en favor de este tipo de arbitraje tienen la ocasión de demostrar que hacen lo que dicen
Hoy ELisenda Casanas Adam y Zelai Nikolas Ezkurdia en nombre del equipo redactor de esta propuesta han explicado las claves de sus contenidos que resumiría en estas ideas:
La propuesta es un marco para garantizar la igualdad en la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía europea. Se basa en que losTratados se comprometen a respetar a los «pueblos de Europa»(artículo 3 TUE), reconociendo la diversidad de culturas y tradiciones de estos pueblos de Europa, y que debe garantizar el desarrollo y bienestar de los pueblos en términos democráticos.
Desde esa perspectiva defender el ejercicio de la autodeterminación es compatible con los fines de la Unión y con los principios y valores europeos. Por eso se propone definir las garantías y las condiciones de legitimidad de los procesos de libre determinación realizados a través de los procedimientos constitucionales negociados y acordados entre el estado miembro y la comunidad subestatal. Se establece un estándar normativo para su ejercicio, acorde con los principios y valores europeos, tanto para encauzar el dialogo como para mediar en caso de conflicto. Se trata de evitar así tanto situaciones de abuso de poder, como vías de hecho.
La regulación responde también a otra realidad muy clara: los procesos de libre determinación desarrollados en el seno de la Unión tienen una dimensión europea, que las instituciones comunitarias han de regular mediante unn marco jurídico estable y garantista. Un marco basado en valores comunes propios de sociedades en las que prevalecen el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
Pero es que, además, la Unión Europea debe garantizar el estatuto fundamental de la ciudadanía europea a las personas implicadas en estos procesos democráticos de libre determinación. Un concepto jurídico y político autónomo a la nacionalidad de los estados miembros, que permite a las personas con ciudadanía europea disfrutar del mismo trato jurídico con independencia de su nacionalidad sin sufrir discriminación y la plena garantía de los derechos y libertades fundamentales.
La propuesta, en definitiva, garantiza un escenario de estabilidad en la aplicación del Derecho Europeo, mientras se desarrolla un proceso de este tipo, refuerza el estado de derecho en la unión pues ofrece un marco de intervención de las instituciones y órganos de la Unión, en caso de conflicto para no poner en riesgo la vulneración de los principios y valores de la UE.
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