BRUSELAS NO PUEDE DEJARNOS SOLOS ANTE FRANCIA Y SUS INCUMPLIMIENTOS DE LOS PLANES EUROPEOS DE INVERSIÓN FERROVIARIA
Unas horas después de que los presidentes de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi hayan formalizado en Vitoria-Gasteiz una alianza para reclamar a Francia el cumplimiento de esta legislación y a Bruselas diligencia para exigirlo he tenido la ocasión reproducir ante el pleno del Parlamento Europeo esta reivindicación. En la sesión mensual que se ha iniciado esta tarde en Estrasburgo he aprovechado el turno de intervenciones de un minuto para tratar temas de actualidad política para dar voz a esta iniciativa.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia ha sido el anuncio, realizado el pasado mes de febrero por parte de las autoridades francesas, de retrasar de nuevo el tramo que debe unir Burdeos con la península ibérica por Biriatu. Este tramo es parte de la red básica de las redes trans europeas de transporte y, de acuerdo con la legislación europea, debe estar en servicio en 2030. Francia, como estado europeo que es forma parte del consejo y es, en consecuencia, colegislador. Ya en 2013 quedaron claros plazos y tramos. En las ulteriores revisiones, incluida la que está en marcha en estos momentos, estos plazos no se han corregido. Por eso la decisión unilateral de Francia es un desaire a todo el sistema institucional europeo, además de un verdadero torpedo en la línea de flotación del sistema europeo de movilidad y en los planes de la unión para des carbonizar el transporte.
Por eso he insistido esta noche en Estrasburgo que la Comisión Europea que no dejen solos a quienes, como estos cuatro gobiernos regionales, más sectores económicos y sociales y la propia región de Nueva Aquitania en Francia exigen al país vecino que concluya en plazo las conexiones ferroviarias con la península ibérica. Como hemos comentado los corredores atlántico y mediterráneo forman parte de la red básica de las redes trans europeas de transporte (TEN-T, por sus siglas en inglés) No terminarlos perjudica las políticas ambientales, climáticas y de movilidad de la UE, impide amortizar inversiones ya realizadas y supone un incumplimiento radical de legislación europea en vigor en cuya elaboración Francia ha sido colegislador junto al Parlamento Europeo.
En mi condición de vocal de la comisión de transportes, ha intervenido en todas las revisiones de los TEN-T y he defendido que quienes no inviertan en proyectos prioritarios deben quedar sin ayudas europeas. Si el ejecutivo comunitario cree en la Unión y sus valores no puede dejar solos a los gobiernos regionales y a los agentes económicos y sociales que, desde la península y también en territorio francés, reclaman que se ejecuten estos proyectos ferroviarios y energéticos.
LLevo años encima de este asunto y seguimos con las mismas dudas por parte de un solo operador, Francia. Por eso planteé una iniciativa tras conocerse en febrero los nuevos planes de Francia, en la que destacaba que Francia, con sus nuevos planes ferroviarios, atenta contra la Unión y sus finanzas, favorece determinadas prácticas proteccionistas y perjudica muy especialmente a instituciones y agentes comprometidos desde siempre con la Unión y la libre circulación de personas y mercancías.No podemos seguir impasibles ante lo que viene ocurriendo. Y mucho menos desde Euskadi.
En el caso concreto del País Vasco y a través de una encomienda de gestión que permitió dar un impulso definitivo a obras críticas para el corredor que estaban estancadas hemos asumido competencias y asumido costes financieros de otros, enfrentado amenazas terroristas y padecido atentados que costaron vidas para cumplir plazos y acabar las obras a nuestro lado de la frontera. Lo hicimos convencidos de que estábamos participando en un proyecto europeo, avalados por unos textos legales y unas ayudas económicas que han apoyado nuestra Y vasca porque favorece la intermodalidad, alivia la congestión, reduce las emisiones y resuelve un evidente cuello de botella entre estados miembros. Es, en consecuencia prioritario dentro de lo básico. Y por eso hemos realizado importantísimas inversiones que no se pueden amortizar si el proyecto no alcanza la dimensión europea con que se concibió y para el que lo construimos.
Estamos por lo tanto y para empezar ante un problema, ante un perjuicio económico que es responsabilidad exclusiva de quien incumple. Pero además estamos ante una cuestión de valores. Ignacio Uria asesinado por comprometerse con esta idea de Unión y sus valores y la sociedad que le respaldaba, merecen un compromiso a la altura del suyo. No nos dejen solos. Y recuerden que la Corte de Auditores ya expreso con claridad los perjuicios que causan estos retrasos. Debilitan nuestra Unión. Arruinan a quienes hemos cumplido, a quienes nos fiamos de las leyes y la palabra de la Unión y sus estados. Y permiten a nuestros competidores globales aprovechar nuestras debilidades.
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