MINORÍAS, DIVERSIDAD Y CALIDAD DEL ESTADO DE DERECHO
El parlamento europeo ha celebrado esta mañana un debate que recordaba el treinta aniversario de la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de las minorías nacionales, étnicas o lingüísticas. El debate ha servido a muchos eurodiputados para lamentar la actitud timorata de la Comisión Europea a la hora de asumir la necesidad de elaborar una legislación vinculante para proteger estos derechos en Europa. Esta era una petición que llegó a la euro cámara hace ahora justo dos años y a las instituciones europeas a través de una iniciativa ciudadana europea. El ejecutivo comunitario, pese a que el Parlamento aprobó con amplísima mayoría la necesidad de poner en marcha este tipo de regulación, decidió no hacerlo.
El debate se ha producido además en un día especialmente significativo para quienes venimos denunciando que para evitar que haya procedimientos políticos y democráticos para dar cauce al reconocimiento de estas realidades y permitir a estas comunidades decidir democráticamente su futuro se propiciaron aberraciones jurídicas que de facto han dejado herida de muerte la división de poderes, una de las bases de la democracia representativa.
En efecto, hoy un tribunal Constitucional secuestrado por una mayoría que se niega a cumplir la ley y proceder a su renovación amenaza con interferir en un debate legislativo en el Congreso. De aplicarse la jurisprudencia aplicada contra los parlamentos autonómicos y largamente aplaudida en tertulias y “opinódromos” se abre la posibilidad de que se procese penalmente por un delito de desobedicencia a los diputados que, con toda la razón, mantengan el debate previsto. Porque la amenaza de un procesamiento penal no puede condicionar el poder legislativo.
El Pastor Niemöller vuelve a ponerse de moda. Porque los que aplaudieron la aberración jurídica que supuso el caso Atutxa se ven ahora víctimas de su ardor guerrero. Ya entonces muchos denunciamos que la pieza que perseguían los inolvidables, y técnicamente aberrantes autos del entonces presidente del Tribunal Supremo pretendiendo obligar a la mesa del Parlamento Vasco a incumplir el reglamento de la cámara perseguían una pieza de caza mayor.
El argumento que justificaba la cacicada era, supuestamente, combatir el terrorismo y dejar sin grupo parlamentario a los diputados de Euskal Herritarrok. Todos ellos habían sido legalmente elegidos y solo podían ser privados de sus derechos parlamentarios por sentencia judicial. Como no había causa contra ellos que lo permitiese, pero el supuesto fin animaba a justificar los medios, el ya fallecido Hernando Santiago puso en marcha una operación para disolver el grupo parlamentario.
La orden ignoraba el reglamento del parlamento y, aún peor, contradecía toda la doctrina constitucional que separaba nítidamente lo que eran partidos políticos y grupos parlamentarios. Además, a efectos de representación era simplemente ridícula. No iba a impedir que esos diputados siguiesen interviniendo en la cámara. Perjudicaba, sin embargo a los miembros del grupo mixto a los que iban a incorporarse los diputados que se quedaban sin grupo.
Semejante “genialidad” obviamente no estaba relacionada con la lucha contra el terrorismo. Como denunciamos en su día y se comprobó después pretendía convertir a los diputados autonómicos en funcionarios, apearlos de su condición de legisladores y consumar una abrrtación. Se trataba de poderles acusar de un delito, como el de desobediencia, proyectando el código penal sobre la actividad parlamentaria. Una práctica que simplemente quiebra la división de poderes.
En realidad, de lo que se trataba, en plena tramitación del plan Ibarretxe, era de normalizar esta aberración. Convertir en “legal” procesar a diputados por proponer ideas y votarlas para prevenir así que se pudiesen abordar y dar cauce político a problemas relacionados con minorías nacionales que no encontraban respuestas en el marco jurídico vigente. Y que por una vía pacífica y parlamentaria luchaban por encontrarlos.
Se producían así acuerdos que, con toda legitimidad podía anular el tribunal constitucional, pero que de facto colocaban sobre la mesa, en toda su crudeza, cuestiones democráticas de enorme calado. Pretender resolver encarcelando diputados que un parlamento autonómico, por mayoría absoluta, lance un reto democrático sobre la independencia de esa nacionalidad no resuelve el problema. El asunto que obliga a remangarse y afrontarlo con diálogo y política. Fuera de la ley, es evidente que no se puede operar. Pero solo con la ley, estas situaciones no se arreglan. Hay que negociar. Y lo que resulta ridículo en esas circunstancias es negar lo innegable y poner a Llarenas, Marchenas y perfiles semejantes a “resolver”.
Para poner en marcha esta aberración el caso Atutxa fue el caballo de Troya. El inefable Marchena lesionó ardorosamente derechos fundamentales básicos, de los que jamás puede vulnerar un juez. Su chapuza acabó, como era de esperar con España condenada en Estrasburgo. Pero él, gracias a los servicios prestados estuvo a punto de presidir el Supremo, mientras se invocaban sus capacidades para manejar desde la política, “por la puerta de atrás” la sala encargada de juzgar a los políticos que protagonizaron el llamado “Procés”. Como recordé en el debate sobre el escándalo “Pegasus”, de aquellos polvos, estos lodos. La barbaridad que ha intentado perpetrar hoy el constitucional tiene su origen en medidas aplaudidas en su día por partidos autodenominados “constitucionalistas”
Por eso he recordado hoy ante la euro cámara que “Ignorar este tipo de problemas, resolverlos a «sentenciazos» como ha ocurrido con el proceso catalán cuya nula relación con el derecho denuncian muchos expertos es un error. Golpear a ciudadanos que quieren votar, encarcelar promotores de debates parlamentarios, revela miedo y ausencia de proyectos sólidos y quiebra de principios democráticos básicos.
Por eso he reivindicado hoy que la Unión europea incorpore a su concepto de diversidad la que representan las nacionalidades sin estado y culturas minorizadas como la vasca, porque previene conflictos y mejora la democracia. La segunda propuesta más apoyada en la conferencia sobre el futuro de Europa fue un mecanismo para resolver mediante el diálogo y la política los problemas que nacen de no reconocer esta realidad, nuestra DEMOC. Cualquier otro mecanismo para resolverlas ha demostrado ser un fracaso.
El miedo con el que las instituciones comunitarias abordan este problema de reconocimiento de minorías nacionales, la ausencia de un marco legal que las proteja a nivel europeo radica en el no reconocimiento de toda la diversidad europea. Unirnos en la diversidad implica reconocimiento y respeto. Fabrica convivencia. Previene conflictos. Precisamente no reconocer que minorías europeas son parte de esa diversidad propicia que hoy tengamos que lamentar que en la Unión hay diversidad, culturas y lenguas minorizadas, que padecemos discriminaciones impensables contra nacionalidades, lenguas o culturas identificadas con un estado. Minorías, como la vasca, que estuvimos desde el principio en la fundación del proyecto europeo”.
Por estas razones he defendido que reconocer esta diversidad mejora la democracia europea. La innovación política, la proximidad, la cooperación, la participación, la eficiencia que aporta reconocer estas realidades son soluciones, no problemas para nuestra Unión. Solucionar estos miedos, proponer soluciones es lo que pretende el Mecanismo Democrático de Claridad que se defendió desde un caucus del intergrupo de minorías del Parlamento europeo. Fue la segunda propuesta más apoyada en la Conferencia del futuro de Europa pues proponía un mecanismo para resolver con dialogo, empatía y política los conflictos que nacen de reprimir esta diversidad. El miedo, las presiones de los verdaderos “nacionalistas” que siguen defendiendo en Europa conceptos de soberanía del siglo XIX eliminaron este clamor ciudadano de las conclusiones. Pero esta idea se abrirá paso. La experiencia ha demostrado el rotundo fracaso de otras recetas
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