EL ACUERDO PARA LA GRATUIDAD DEL ROAMING, EJEMPLO PARA EL MERCADO DE LA ENERGIA
El Parlamento Europeo ha debatido esta tarde y votará mañana el informe sobre el reglamento que impedirá que se apliquen sobrecostes a las llamadas de vos y la utilización de servicios de datos desde dispositivos móviles cuando estas se desarrollan en un país de la Unión europea distinto al que acoge la compañía con la que se contrataron dichos servicios. (Roaming). El reglamento prolonga por otros diez años la norma vigente, que caducaba en verano de este año, pero además abarata el acceso de los operadores domésticos a las redes de otros estados para ofrecer servicios a sus clientes y evitar discriminaciones. Prohíbe además disminuciones arbitrarias de la calidad del servicio, mejora la transparencia en las tarifas de servicios especiales y garantiza el acceso desde las redes móviles al 112 en toda la Unión Europea.
Mi grupo me asignó la misión de representar nuestra posición en las negociaciones como ponente de la opinión que aportó a este informe la comisión de transportes. Este acuerdo para prolongar diez años la gratuidad del roaming permite a cualquier persona entender qué significa avanzar en el mercado único digital. Gracias a un proceso de integración consolidamos un derecho que notamos además en nuestros bolsillos porque no habrá sobrecostes por hacer llamadas de voz o usar servicios de datos mientras viajamos por la UE.
Este acuerdo es didáctico, por constituir un acicate para la innovación y una esperanza. En primer lugar permite a cualquiera sentir en su propio bolsillo qué significa avanzar en la unión del mercado digital. Además, fomenta la innovación y el desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios. Finalmente puede servir de ejemplo para mercados como el de la energía que necesitan más integración. La soberanía y resiliencia de Europa dependen de ello.
Para que todos nos acordemos, también en este ámbito de los servicios de telecomunicaciones, la guerra de Putin ha puesto de relieve la diferencia que existe entre ser o no ser ciudadano de la Unión. Basta suscitar la grave situación en la que el sobrecoste por efectuar llamadas o utilizar servicios de datos en itinerancia coloca a los millones de desplazados ucranianos que ha producido la invasión rusa. Conectar con sus familiares y amigos que defienden allí, sobre el terreno, los valores de nuestra Unión contra la dictadura de Putin es una necesidad básica. Y hacerlo desde aquí tiene, para ellos, un gravoso sobrecoste. Por ello he aprovechado para proponer que nos empeñemos en resolver el problema que causa el roaming a estas personas.
Pero como decía antes, además del efecto evidente que este acuerdo tiene en las facturas de nuestras telecomunicaciones, implementar este acuerdo propicia el despliegue de nuevas infraestructuras y es además un estímulo que abre oportunidades para que la innovación propicie la aparición de nuevos servicios que fortalecen nuestra competitividad en la economía de los datos, en la economía digital.
Ahora cabe esperar que este paso adelante en los derechos de los consumidores cree escuela. Si es así, el acuerdo, además de didáctico y útil para las personas y práctico para estimular la innovación, será también una esperanza. Porque este acuerdo demuestra que, si hay voluntad, dialogo y empeño, hay mecanismos para intervenir en los precios cuando el mercado, por sí mismo, no funciona adecuadamente. La Unión debe desplegar con urgencia esta misma capacidad regulatoria en otros sectores como la energía cuyo mercado necesita una mayor integración. La soberanía y la resiliencia de Europa dependen de ello.
Para valorar la dimensión de este acuerdo, el compromiso mejora la norma vigente, que caduca en verano de 2022. El informe aprobado en la comisión ITRE prohíbe que se produzcan rebajas por voluntad de las compañías en la calidad del servicio, de modo que el usuario en itinerancia acceda a su servicio de datos en las mismas condiciones que en su lugar de residencia. También se aboga por una progresiva eliminación de las excepciones que contenía la actual normativa para evitar posibles abusos por los usuarios.
Igualmente se han incorporado medidas para cualquier cobro por servicios especiales o de alto valor añadido que sea suplementario al propio uso de la red se realice en condiciones de conocimiento y transparencia para el usuario y que en el caso de acceso a servicios de emergencia se proporcionen sin ningún cargo adicional. El Órgano Europeo de Operadores de Telecomunicaciones (ORECE) deberá elaborar una base de datos única para toda la Unión que contenga los medios de acceso a las comunicaciones de emergencia que son obligatorios en cada Estado miembro.
Para garantizar que este reglamento cumple sus objetivos la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo propone que el ejecutivo comunitario elabore informes cada dos años para medir el impacto que tiene esta nueva regulación en el despliegue de nuevas infraestructuras, la calidad del servicio o el desarrollo de formas alternativas de comerciar con el tráfico de itinerancia al por mayor
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