UNA CONFERENCIA PARTICIPATIVA PARA UNA EUROPA MAS FEDERAL Y SOCIAL
La crisis generada por la pandemia es un buen argumento para defender una profunda y rápida reforma del funcionamiento de las instituciones europeas. Por eso apostamos por que se abra cuanto antes la prevista conferencia para el futuro de Europa, porque se haga realidad la implicación de la ciudadanía en este debate a lo que pueden contribuir muy positivamente las instituciones locales y regionales y porque la Unión evolucione hacia una estructura federal con un potente contenido social.
El Parlamento Europeo celebró ayer por la tarde y ha votado hoy sobre una resolución en torno a esta conferencia. El comienzo de esta legislatura marcó como una de sus prioridades abordar este proceso de reflexión sobre las reformas que necesitan las instituciones europeas para reforzar su posición y adaptarla a la evolución de un orden mundial en el que otros actores globales como China o Estados Unidos se disputan la hegemonía mundial. En ese contexto la Unión debe consolidar su estructura y capacidades, reforzar su compromiso con la democracia y el estado de derecho y hacer de nuestro modelo social una seña de identidad.
La pandemia debe estimular este debate porque en este periodo han quedado claras las contradicciones que existen entre los discursos sobre Europa que se hacen y los hechos que se permiten a sus instituciones. Hemos oído en todos los estados miembros decir que el virus y la enfermedad no conocen fronteras. Paralelamente, no se han facilitado a la Comisión Europea las herramientas para que se puedan definir y coordinar criterios epidemiológicos comunes. Tampoco se han podido evitar cierres unilaterales de fronteras y se han producido problemas vinculados a la gestión “estatalista” de productos, bienes y servicios sanitarios de primera necesidad. Lo peor es que esta es una historia conocida. La pasada crisis financiera nos sorprendió sin herramientas comunes para atajarla. No puede ocurrir una tercera vez.
El desarrollo del pilar social es otro paso fundamental para que la ciudadanía constate la utilidad de la Unión y para hacer atractivo, defender y extender en el mundo el modelo y los estándares europeos. Hay que incorporar esta consideración a la conferencia. El pilar social debería desarrollarse determinando un “suelo común” de seguridad que garantice unas condiciones mínimas de inclusión en todos los estados miembros adaptadas a sus niveles de renta y herramientas más eficaces de convergencia. Esa es la mejor manera de consolidar el principio de que el primer objetivo de la Unión y de quienes la componen es no dejar a nadie en la estacada, es rescatar personas de la pobreza y la marginación y darles herramientas para salir de esa situación integrándose en el mundo laboral.
Eso necesita de unas herramientas muy concretas para poder empezar a construir. La Comisión necesita ingresos propios y que el presupuesto comunitario alcance, al menos, el 2% del PIB de la Unión. También hay que modificar la regla de unanimidad para permitir procesos de decisión más ágiles y transparentes. Y hay que ser rigurosos con el respeto a los valores europeos. Tenemos que dotarnos de una herramienta para controlar la calidad del estado de derecho en la Unión de la misma eficacia, rango y capacidades que las que se instrumentaron durante la crisis financiera para mejorar la gobernanza económica y la supervisión financiera de la Unión. Un primer paso debería de ser consolidar que el respeto a los valores fundamentales de la Unión condicione el acceso a cualquier programa comunitario.
Finalmente, esta debe de ser la conferencia de la ciudadanía y ello requiere participación. La implicación de la gente en esta Conferencia sobre el Futuro de Europa será clave para reducir la distancia que actualmente separa los procesos europeos de decisión de la ciudadanía. Actualmente 80% de las leyes que se aprueban en los estados son adaptaciones de su marco legal a decisiones que se toman a nivel europeo. Lo que aquí se debate y decide interesa e impacta en la vida de todas y todos. Hay que fomentar la participación en las consultas europeas e integrar a las instituciones más próximas a la ciudadanía en los procesos de decisión. La Unión necesita mejorar sus procesos de gobernanza multinivel y para ello las regiones con competencias legislativas son fundamentales, por los ámbitos en que se desarrolla su actuación y por la proximidad que tienen con las personas.
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