EL DRAMA DE LAS EMPRESAS BUZON. CAMIONEROS FILIPINOS EXPLOTADOS EN LA UNION
Ayer por la noche, a última hora, puse en marcha una iniciativa contra una “empresa buzón” de las de “libro”, de esas que están poniendo “patas arriba” el mercado laboral del transporte por carretera en Europa. ¿Que qué es eso de una “empresa buzón”?. Pues en el mundo del transporte es una compañía que fija su sede social en un estado de la Unión, seleccionado en función del nivel en que se encuentra su salario mínimo, y efectúa en ese estado las contrataciones de conductores. Posteriormente prestan servicio en toda la Unión realizando un evidente dumping social.
Por eso insté ayer a la Comisión Europea a que investigue y sancione las actividades de una empresa promovida por un ciudadano sueco en Letonia que podría haber introducido en el mercado laboral del transporte por carretera más de 150.000 conductores filipinos contratados en precarias condiciones. Un reportaje de la cadena Euronews destaca que los profesionales así reclutados cobran un salario de 640 euros al mes lo que plantea problemas de explotación de los afectados y dumping social a los operadores del sector en toda la Unión.
Aquís tenéis la iniciativa, que presento cuando las instituciones comunitarias tratamos de cerrar el llamado “paquete de movilidad”. Este conjunto de normas, cuya tramitación ha entrado en su recta final, es una necesidad social, económica y ambiental. Mejorará la regulación del acceso a la profesión de transportista, las condiciones sociales y laborales de los conductores, sus tiempos de descanso y conducción y otras circunstancias relacionadas con el control administrativo de esta actividad. Es un paso fundamental para que el transporte en su conjunto sea un factor de competitividad para toda la economía europea.
Los problemas de interpretación de la normativa en revisión han llevado a algunos estados miembros a poner en marcha medidas unilaterales de control que introducen nuevas distorsiones en el mercado y añaden cargas burocráticas a las empresas de transporte.
Yo he sido la representante del grupo Renew en la negociación de la directiva sobre movilidad de los conductores. Casos como este son los que pretende evitar las disposiciones introducidas para acabar con las llamadas “empresas buzón. Con la nueva regulación pretendemos establecer condiciones para que estas actividades fraudulentas no se produzcan, obligando a declarar las bases de los vehículos y estableciendo que sean las condiciones sociales del país en el que preferentemente se desarrolla la actividad, las que marquen la retribución de los profesionales. Este episodio es una muestra más de que necesitamos urgentemente aprobar este paquete de movilidad. En nuestra Unión la competencia entre empresas no debe de basarse en la bajada de salarios sino en la innovación, la descarbonización, la digitalización y la oferta de nuevos servicios.
En el reportaje publicado por Euronews en el que me he basado para realizar esta iniciativa se denuncia que una empresa sueca ha elegido Letonia, el país de la Unión con el segundo salario mínimo más bajo, para fundar una empresa de transporte “que lleva contratados más de 150.000 camioneros originarios de filipinas. Los contratados cobran 670 euros al mes más una dieta de veinte euros diarios para comer, viven durante un año en los vehículos que conducen y al acabar el contrato regresan a su país de origen. Normalmente mes y medio después regresan y son contratados de nuevo, por lo que esta empresa no les paga las vacaciones.
A la vista de los hechos que se acreditan en este reportaje pregunto a la Comisión sobre las posibilidades de que dispone Bruselas para investigar estos hechos, cortar de raíz estas prácticas y sancionar a sus responsables. Además, solicito que se hagan públicos los datos que obran en poder dela Comisión Europea y acreditan la dimensión de este y otros fraudes similares que precarizan la profesión de conductor y distorsionan el funcionamiento del mercado interior. Finalmente, y a la vista con lo ocurrido con la normativa en revisión pido medidas especiales de control que permitan a Bruselas asegurar que el nuevo paquete legislativo sobre movilidad se aplicará de modo homogéneo en toda la Unión Europea.
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