REALISMO Y CLARIDAD PARA REGULAR LA TRANSICION HACIA UNA MOVILIDAD VERDE
Estos tormentosos días de la campaña electoral me impidieron atender como es debido las crónicas que publico en este blog. Y tenía especiales ganas de compartir con vosotras la que se refiere a mi última intervención en el pleno del Parlamento Europeo que cerró la presente legislatura. Pasadas las elecciones este periodo de sesión es durará oficialmente hasta el dos de julio. El siguiente se iniciaré el tres de julio con la constitución, en Estrasburgo del nuevo Parlamento Europeo.
Tenía ganas de subir esta crónica porque da testimonio de una trayectoria, la que hemos mantenido con todo tipo de actividades para añadir un poco de cordura a las declaraciones y actitudes que han generado la llamada “crisis del diésel”, que ha afectado a las ventas de los vehículos que funcionan con ese tipo de combustible.
En este último pleno y en el marco de un debate sobre la reducción de emisiones de los vehículos de transporte por carretera he defendido que la regulación que debe conducir a la misma debe aportar realismo y claridad. Es una de las vías para evitar que discursos como el que ha generado la crisis de ventas de vehículos diésel produzcan daños ambientales y sociales que se pueden evitar. Bloquear la renovación del parque esperando dar el salto de cien a cero, además de imposible es una terrible noticia tanto para el medio ambiente como para la seguridad vial.
El debate en el que realicé esta aportación versaba sobre las emisiones de los vehículos de transporte por carretera e incorporaba una directiva sobre promoción de la compra de vehículos limpios para el transporte urbano y otra sobre la promoción de vehículos eficientes para el transporte por carretera.
Yo he defendido que estas normativas deben aportar al objetivo compartido de reducir las emisiones del transporte un 20% para 2025 dos virtudes fundamentales: realismo y claridad. Ambas virtudes son necesarias para relativizar un discurso sobre el diésel que produce dos efectos perversos: nos impide ir reduciendo emisiones mientras se ponen a punto vehículos realmente eficientes de emisiones cero. Y lo hace generando un enorme coste social.
Los efectos que determinados discursos que olvidan la enorme progresión que han experimentado estos propulsores y la aparición de tecnologías alternativas han originado una crisis de ventas que sufre hoy la automoción y que está originando ya recortes en el empleo. Además, propicia que no se renueve un parque móvil mucho más contaminante que el que hoy ya puede sustituirlo. Y que debe protagonizar una transición ordenada y posible hacia una movilidad con cero emisiones.
Fijar objetivos claros de reducción de emisiones es contribuir a la previsibilidad y el realismo por su contribución objetiva a la des carbonización y porque otros países, en los que venden nuestros fabricantes lo están haciendo. Previsión y realismo deben así ayudar tanto a particulares como profesionales y empresas planificar con certeza sus inversiones y asegurarse de que las podrán amortizarlas adecuadamente.
Regulaciones como esta, deben propiciar tres medidas que contribuirán a la descarbonización. La primera “estimular la política industrial que necesitamos para acelerar la transición hacia vehículos con cero emisiones. También una intermodalidad inteligente que permita a cada modo de transporte ofrecer su mejor aportación, en términos de eficiencia energética, ambiental y social a la movilidad en la Unión. Y a la aparición de nuevas fórmulas de acceso al uso de vehículos.
Creo que es urgente propiciar estas medidas porque en algunos estados miembros, como el español, la edad media de los automóviles ha pasado de los 8 años en 2007 a los 12,4 años en 2017 (62 % con más de 10 años), y roza los 13 años en el caso de las furgonetas. Bloquear su renovación esperando dar el salto de cien a cero, además de imposible es una terrible noticia tanto para el medio ambiente como para la seguridad vial.
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