DIGNIDAD FRENTE A LA DESVERGÜENZA
Tenía ganas de contaros esta historia que viví el sábado uno de junio en Lizarra-Estella junto a Puy y María Jesús Odria Larrión, las hijas de Antonio Odria, un republicano que por serlo perdió su taller de pintura, sufrió persecución y acabo gaseado en el campo de concentración de Mauthausen. Han recibido este año el premio Manuel de Irujo, una contribución más de la fundación que preside Koldo Viñuales para recuperar la memoria, y contribuir a la verdad, la justicia y la reparación que sigue esperando tanta gente.
El acto de Lizarra fue toda una demostración de lo que debería haberse hecho muchas décadas antes y estaba pendiente. Una ciudad abrazaba y acogía a vecinas y vecinos injustamente tratados, injustamente expoliados. Personas que vieron cómo se asesinaba a sus familiares. personas que sufrieron en propia carne la crueldad de un régimen que consideraba a los “rojos-separatistas” proscritos sociales. Gente a la que desposeía de su condición de seres humanos.
Por eso la historia de los Odria Larrión y de estas dos mujeres y de su familia estremeció a todos los que la escuchamos. Estaba llena de crueldad, de inhumanidad. Retrataba a los chivatos que acabaron con el negocio de Antonino, haciéndole un boicot que le obligo a irse de Lizarra. Hablaba de la inhumanidad de las autoridades francesas que trataron como apestados a los seres humanos que escapaban de la guerra y la dictadura. Describía la maquinaria industrial que crearon los nazis para exterminar seres humanos. Denunciaba la miseria moral de unas monjas que lejos de dar cobijo y protección a dos adolescentes huérfanas las sometieron a todo tipo de torturas en la misericordia de Bilbao. Y era la crónica de un silencio. La historia de un silencio. Del silencio en el que se vivieron todas estas atrocidades e injusticias durante tantos años.
Fue por eso terapéutico escuchar aquella historia. Una historia que fueron desgranando ellas mismas, Alicia, hija de Puy, Ana García historiadora que ha seguido las peripecias de esta familia y Josu Chueca, que puso el contexto histórico en el que se produjo la secuencia de hechos que llevó a Mauthausen a un humilde pintor estellés. Solo por oponerse a un golpe de estado este sí, de verdad, con violencia armada y organizada, con tropas yn ejércitos movilizados para acabar con la legalidad constitucional. Un golpe de estado que perpetró el genocida dictador Francisco Franco Bahamonde.
Por eso fue vergonzoso escuchar pocos días después al fiscal que ha dirigido la acusación del llamado “proces” calificar de golpe de estado lo ocurrido en Cataluña. La misma institución que se niega reiteradamente a escuchar a personas como las hermanas Odria Larrión, que desoye las recomendaciones de instituciones internacionales sobre su indecente actuación en la investigación de los crímenes del franquismo, desplegaba una verborrea que sería ridícula si no fuese trágica para equiparar a n un genocida con unos olíticos que ni movilizaron un ejército, ni tenían armas y explosivos a su disposición, que no hicieron prisioneros, que no fusilaron a nadie y que no han presidido un régimen dictatorial que robó y asesinó a mansalva durante cuarenta años.
Lo hacía con un desprecio temerario por los hechos, mal documentados, peor presentados y nunca corregidos ni en su alegato final pese haberse demostrado durante la vista que muchos de ellos eran, simplemente, falsos. Lo hacía ignorando la definición que el código penal realiza del delito de rebelión. Lo hacía sin escuchar a los legisladores que redactaron el artículo, que han repetido hasta la saciedad que es delirante tratar de aplicárselo a aquellas personas. Y lo hacía, por supuesto, sin escuchar a las hermanas Odria Larrión ni a los miles de personas como ellas que han buscado, sin encontrarla, verdad justicia y reparación en la fiscalía. Personas que podían ilustrar bien a esta institución sobre lo que es, de verdad, un golpe de estado.
Actitudes como la suya suponen simplemente reírse del sufrimiento de verdad, del que originan los verdaderos golpes de estado sobre cuyas consecuencias jamás veremos la fiscalía desplegar energía, ni acción alguna. Al contrario. Rechazan sistemáticamente cualquier intento de investigar los crímenes cometidos durante aquel régimen. Y están en línea con lo que se fraguaba ese mismo día a pocos metros en la misma sede del tribunal Supremo. Porque en la sala de lo Contencioso Administrativo del mismo Tribunal otros magistrados remataban la faena riéndose nuevamente del sufrimiento de personas como Puy y María Jesús Odria Larrión.
Porque eso significa paralizar la exhumación del que para ellos fue “jefe del estado desde el 1 de octubre de 1936” ignorando que en aquella fecha el legítimo presidente de la república española era don Manuel Azaña. La hiriente decisión se envuelve además en una prosa que ofende al más templado. Los firmantes del auto tratan de Don a un genocida asesino, algo inconcebible en Alemania o en Italia donde llamar Don a Benito Mussolini o a Adolfo Hitler, simplemente es un delito. Este auto es pues mucho más que una pieza de incompetencia jurídica.
Quizá por ello otros magistrados, los agrupados en la asociación “Jueces para la Democracia” consideran que este auto demuestra “la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas”. En su comunicado consideran un “sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que aún esperan verdad justicia y reparación”. Una carencia que debemos recordar ha sido reiteradamente denunciada por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
Después de haber escuchado el testimonio de estas dos mujeres sencillas, de dos personas que pese a lo que vivieron no han incubado un gramo de odio, después de haber hablado un buen rato con ellas, de vivir la emoción y el deseo profundo de verdad y justicia que había en la Kultur Etxea de Lizarra el día en que recibieron este premio no podía quedarme de brazos cruzados. No podía no hacer nada tras leer un auto que además de ser jurídicamente infumable e históricamente vergonzoso trata de usted, de don, a un genocida. Por eso propuse a mis compañeros que han formado parte del grupo sobre Memoria Histórica del Parlamento Europeo que preparásemos una denuncia sobre este asunto para remitir al vicepresidente de la Comisión Europea Frank Timmermans, a ver si de se toma en serio el aluvión de quejas y denuncias provenientes del estado español en torno al problema que las más altas magistraturas del estado español tienen con la memoria Histórica.
Así que junto con mis colegas Ana Miranda, Jordi Sole, Josep María Terricabras, Ramón Tremosa, Miguel Urban y Ernest Urtasun hemos denunciado ante el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la calidad del estado de derecho la decisión judicial de paralizar la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco. En una carta pedimos a Frans Timmermans que se interese por este proceso, recordamos que el “Valle de los Caídos” es un caso de exaltación del totalitarismo único en Europa y mostramos alarma y desconcierto ante el hecho de que los jueces que firman la decisión hayan legitimado en su auto el golpe de estado que acabó con la segunda república española y traten de usted en un documento judicial a un dictador genocida algo inconcebible en Italia o Alemania.
(Aquí podéis consultar la versión en castellano de la carta)
Los eurodiputados que suscribimos esta denuncia hemos formado parte durante la legislatura europea que concluirá el próximo dos de julio del grupo sobre memoria histórica que ha funcionado en el Parlamento Europeo. Desde esa posición recordamos al candidato socialista a presidir la Comisión Europea las ocasiones en las que, en estos cinco años, le hemos planteado quejas sobre “la gravedad y profundidad de este problema y sobre cómo erosiona la credibilidad de las instituciones europeas, ajenas hasta ahora al sufrimiento de decenas de miles de familias que siguen buscando a sus familiares asesinados en cunetas y fosas comunes. Por ello “le pedimos nuevamente que se interese por este problema y que contribuya desde su posición a resolverlo. “Sería grave si afectase a un ciudadano europeo. Pero resulta insoportable cuando lesiona el derecho de tantos a la verdad, justicia y reparación que la ciudadanía de otros países que fueron víctimas de regímenes totalitarios disfruta desde hace décadas”.
En la denuncia subrayamos el “grave problema que tienen las más altas instancias de la justicia española para contribuir a la verdad, justicia y reparación que merecen las víctimas el régimen criminal del dictador Francisco Franco” y recordamos la macabra trayectoria y significado del llamado “Valle de los caídos” la fosa común más grande de Europa. Hacemos referencia al oprobio que supuso para los familiares de muchas víctimas del general genocida ver como enterraban allí a sus seres queridos junto a sus represores y asesinos y como se culminó la humillación enterrando allí el cadáver del dictador Francisco Franco.
La carta-denuncia incorpora párrafos literales del auto en los que se ignora que el presidente legítimo de la república española en octubre de 1936 era Manuel Azaña lo que a juicio de los firmantes de la carta “legitima el golpe de estado franquista”. Con ese grave antecedente consideran “incalificable el tratamiento de respeto que en castellano tiene la expresión “Don” que resulta inconcebible aplicada a otros dictadores y genocidas europeos. Ningún tribunal italiano o alemán concibe siquiera la posibilidad de escribir Don Federico Mussolini o Don Adolfo Hitler”. La carta concluye con un recordatorio sobre la discriminación que afecta a las víctimas de Franco que “sería grave si afectase a un ciudadano europeo. Pero resulta insoportable cuando lesiona el derecho de tantos a la verdad, justicia y reparación que la ciudadanía de otros países que fueron víctimas de regímenes totalitarios disfruta desde hace décadas”.
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