UN PASO MAS HACIA EL FIN DE LOS CAMBIOS DE HORA EN PRIMAVERA Y OTOÑO
Un viejo refrán dice que “no por mucho madrugar amanece más temprano”. La frase describe muy bien las razones por las que hemos decidido dar dos años más a los estados de la Unión para fijar su horario definitivo. Todos estamos de acuerdo en que hay que acabar con los cambios bianuales de hora, pero hay que hacerlo de manera ordenada, transparente y poniendo todos los medios para que no se produzcan distorsiones en el mercado interior, en los servicios de transporte y en otros ámbitos de actividad. Por eso es una buena idea ampliar el plazo para que todos los estados decidan con toda la información disponible y establecer un mecanismo de coordinación para que las decisiones se adopten con el máximo rigor, coordinación y transparencia.
Así puede resumirse el acuerdo que hemos aprobado hoy en la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo para ampliar en dos años, hasta 2021, el plazo del que dispondrán los estados para decidir la hora que adoptarán tras el final de los cambios estacionales de horario ahora en vigor. Soy la representante de mi grupo en las negociaciones y hemos propuesto este aplazamiento porque es más prudente y realista poder evaluar con más tiempo y perspectiva la mejor opción horaria para cada estado y someter ese proceso a la coordinación y la transparencia. El mecanismo de coordinación propuesto aportará racionalidad y coordinación a las decisiones que al respecto adopte cada estado.
Como ya os conté, estas fueron dos ideas que incorporé en las enmiendas que presenté a la propuesta planteada por la Comisión Europea. Creo que es una buena solución que los estados miembros dispongan de plazo hasta 2021 para efectuar por última vez el cambio de hora y que deban comunicar su decisión definitiva a la Comisión en abril de 2020. Pero con la misma claridad que aplaudo este aplazamiento creo irrenunciable acabar con estos cambios de hora estacionales porque no se justifican por razones económicas o medio ambientales y por la aparición de evidencias cada vez más sólidas del impacto que tiene esta práctica sobre la salud humana.
Estos plazos permitirán desplegar un mecanismo de coordinación cuya composición y funciones se detallan en el acuerdo adoptado hoy por la Comisión de Transporte. Este grupo de trabajo estará formado por un representante de cada estado miembro y un representante de la Comisión Europea. El organismo recibirá antes de abril de 2020 la comunicación de la hora que fijará cada estado en su territorio tras el último cambio y analizará los efectos de cada propuesta. Si la evaluación considera que la decisión última puede originar problemas operativos, de coordinación o funcionamiento del mercado interior o los servicios de transporte se remitirá el resultado de esta evaluación al estado concernido. Su gobierno dispondrá de plazo hasta octubre del 2020 para explicar las medidas que adoptará para paliar los problemas señalados en el informe del órgano de coordinación.
La propuesta aprobada concede finalmente a la Comisión la facultad de prorrogar un año más la fijación de los horarios definitivos en los estados si este proceso de coordinación no propone soluciones eficaces a los problemas detectados en esta fase de evaluación. Esa facultad obligaría a la Comisión a presentar en ese plazo, 2022, una nueva propuesta legislativa. Finalmente, y en caso de que la directiva entre en vigor y los estados fijen horarios definitivos en 2021, se comprometen a enviar informes de evaluación sobre los efectos del cambio a la Comisión antes de abril de 2025. El gobierno comunitario deberá presentar un informe global de evaluación en diciembre de 2025.
Como se recordará la fijación de horarios diferentes para verano e invierno comenzó a adoptarse en algunos estados europeos durante la primera crisis del petróleo en la década de los setenta del siglo pasado. Con la progresiva consolidación de la Unión Europea acabó dando origen a una directiva para coordinar estos cambios que data de 2001. La revisión de esta norma, que aboga por el final de los cambios, se produce con el aval de una consulta pública en la que participaron más de cuatro millones de europeos. Un 84% de los participantes apostaron por acabar con esta práctica.
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