UNA CUESTION DE DEMOCRACIA

Esta tarde he podido saludar al President del Parlamento de Cataluña Roger Torrent. Ha venido a Bruselas informar sobre la situación que viven en Cataluña los presos políticos injustamente encarcelados en lo que en mi opinión es un clarísimo de abuso de poder. Así lo piensan prestigiosas organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional. Las comunicaciones que esta y otras organizaciones han realizado ya sobre las incalificables actuaciones del juez Llarena harían reflexionar a cualquier demócrata. Las demoledoras criticas técnicas a esa lamentable instrucción deberían hacer enrojecer a cualquier profesional serio. este sonríe satisfecho mientras le aclaman en la apertura del curso judicial. Pese a todo lanza un  mensaje claro: quieren una solución democrática basada en el diálogo y vienen a Bruselas a reivindicarla. Y a recordar que eso es, o debería de ser, lo normal en un país democrático y miembro de la Unión Europea.

Ha venido a denunciar también un hecho que nosotros hemos sufrido también. Se trata de la indecente y calculada dilación con que el Tribunal Constitucional está retrasando la resolución de los primeros recursos presentados por los afectados por estas injusticias. El único fin de esta dilación es retrasar igualmente el derecho que tienen estas personas a recurrir al tribunal de Estrasburgo, porque desgraciadamente y pese a que hay toneladas de jurisprudencia para avalar su posición no hay esperanza alguna de que les concedan el amparo que merecen. No vaya a interferir en el juicio que les espera alguna decisión que no convenga.

A Juan Mari Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao les hicieron lo mismo. Retrasaron la decisión para no votar sobre una ponencia que les daba la razón en el Tribunal Constitucional. Consiguieron posponerla hasta que cambiaron los miembros del tribunal y tuvieron la mayoría necesaria para asegurarse de que no iban a ser amparados. Posteriormente tuvieron además la desvergüenza de encargar una nueva ponencia al imprudente motorista y además juez Enrique López, que fue parte en los hechos que dieron origen a esa causa. Por supuesto se dio la razón a si mismo y Estrasburgo tardó quince años en sacar los colores a todos los jueces que avalaron con su voto ( porque hubo contundentes votos particulares que advirtieron de lo que iba a ocurrir) la sucesión de vergüenzas que condujeron a esta condena injusta.

Estos son hechos conocidos que deberían escandalizar a cualquier demócrata, que deberían haber desencadenado ríos de tinta, minutos de radio y televisión. Porque son, simplemente, un escándalo.  Nada de eso ocurrió. Por eso he dejado testimonio de que esta degradación democrática que Torrent ha venido a denunciar es longeva. Lo que está ocurriendo se veía venir. La separación de poderes se abolió en España desde que se sentenció el caso Atutxa. Desde entonces hay jueces que se creen con derecho a cambiar órdenes del día de sesiones parlamentarias, de procesar a diputados por votar y hasta de amenazar con consecuencias penales por proponer o plantear proyectos políticos que, como todos los que en el mundo han sido, aspiran o proponen cambiar las leyes. Y tienen jurisprudencia, impresentable, pero jurisprudencia, para sostener su posición. Si jurídicamente los argumentos que han sostenido esta mascarada son de cartón piedra, democráticamente son de barro.

Al paso que vamos no tardaremos mucho en ver como alguno de estos “jueces” pretende un día entrometerse en las actividades del Congreso. Habrá quién lo defienda. Porque ya hay precedentes. Ya he dicho alguna vez que la Unión Europea no hubiese podido fundarse con jueces como Llarena. Hubiese considerado que la simple idea de la CECA era alta traición. Hubiese suscrito otro insostenible volatín para encarcelarlo. Como el que convierte en sus autos el ejercicio del derecho fundamental de manifestación y reunión en un delito de rebelión que exige el ejercicio organizado, continuado y notorio de armas de fuego en actos violentos. Y la prensa adicta le hubiese reído las gracias. Luego se extrañan de que aquí el prestigio de la justicia española esté por los suelos.

No estamos ante un problema de independentistas y unionistas. Estamos ante un problema de democracia. Esperemos que la deriva en que nos encontramos no nos haga recordar nuevamente al párroco Nioemoeller. Porque al paso que vamos entre cómicos, raperos, diputados, etc., la amenaza va expandiéndose como la tinta en un papel secante. Puede que para cuando les llegue a los que ahora se callan no haya nadie para apoyarles.

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