FIRMEZA ANTE «CONSTITUCIONALISTAS» DE PEGA QUE PERJUDICAN LA COORDINACION ANTITERRORISTA EN EUROPA

El Parlamento Europeo ha debatido esta tarde un informe que recoge las recomendaciones de la Comisión especial sobre Terrorismo que funciona en el Parlamento Europeo. El extenso documento incorpora algunas consideraciones de enorme interés para fortalecer la atención a las víctimas y mejorar la prevención y la coordinación entre policías y agencias que combaten el terrorismo.  Además, efectúa recomendaciones para prevenir la radicalización y subraya la importancia y necesidad de que esta tarea contra el terrorismo se realice desde el escrupuloso respeto a los derechos fundamentales. También señala la reinserción como objetivo final de reinserción de la política penal y penitenciaria y potencia el intercambio de buenas prácticas con mención expresa a lo que pueden aportar en este campo las autoridades locales y regionales. 

Desgraciadamente tenemos experiencia y conocimiento en este tema. Cincuenta años de fanatismo, asesinatos, chantajes y delitos terroristas nos ha enseñado muchas cosas. Y aunque no soy miembro de esa comisión he considerado una obligación dejar constancia de algunas de estas enseñanzas en este debate. Así he reclamado esta tarde a las instituciones comunitarias más atención para denunciar y evitar incumplimientos de la legislación constitucional en algunos estados miembros, como España, que penalizan la coordinación antiterrorista impidiendo el acceso de determinadas policías a los órganos europeos de intercambio de información. Además, he saludado que se haya adoptado una propuesta jeltzale para mejorar el acceso de las víctimas a los programas de apoyo. Finalmente hesubrayado la necesidad de que el combate contra esta amenaza se desarrolle con respeto a los derechos fundamentales y evitando el derecho penal de excepción como el que dio lugar al llamado “caso Atutxa”. 

Para empezar he comenzado felicitando a las y los diputados que han coordinado este informe por lo completos que son sus contenidos. He apoyado las medidas que plantea para mejorar la coordinación policial y judicial a nivel europeo y la descripción de los problemas internos en algunos estados miembros que penalizan el acceso de organizaciones, conocimientos y recursos a los puntos europeos de coordinación.  A la vista de lo que sigue ocurriendo en el estado español con la Erzaintza o los Mossos de Esquadra para cuya participación no hay impedimento alguno desde la legislación europea, he solicitado “más atención a incumplimientos constitucionales en algunos estados miembros que impiden la integración, en la inteligencia europea, de policías con competencias, conocimiento y capacidad para combatir el terrorismo”.

Me gustaría que el mismo celo con el que la Comisiòn se emplea para denunciar incumplimientos constitucionales en otros asuntos se aplicase a este y otros temas cruciales, sin ir más lejos la política penitenciaria. No salgo de mi asombro cuando escucho a autodenominados y supuestos “Constitucionalistas” que tienen de tales la “c” de cara duras dicen sin ningún empacho que competencias que constitucional y estautariamente están adjudicadas a Euskadi, como la penitenciaria no van a ser transferidas porque “no van a permitir que se atomice el poder del estado” y “argumentos” del mismo peso político y legal.

También me he legrado  por el hecho de que este informe recoja el principio que ya planteamos en un informe anterior sobre derechos de las víctimas, para organizar webs en todos los estados miembros que faciliten a las víctimas por un camino común y conocido el acceso a los programas de atención.  En un momento crítico, después de un atentado que puede afectarte en cualquier lugar de la UE, disponer de esa referencia, un acceso fácil a ese primer contacto que allana tantas dificultades, que consuela tanto, es capital. Es una recomendación que recogí tras horas de trabajo con asociaciones de víctimas. También me parece importante que se subraye el papel en este campo de los centros de coordinación de emergencias y el reconocimiento del papel local y regional en esta materia.

Finalmente he expresado mi conformidad y alegría ante el hecho de que esta lista de recomendaciones se refiera extensa y detalladamente “al principio de reinserción del derecho penal y a la limpieza con que hay que enfrentar el desafío terrorista” desde la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales. En este punto ha denunciado que “cuando las máximas autoridades judiciales de un estado miembro son reiteradamente condenadas aquí por no investigar la tortura, socavan la confianza entre sistemas judiciales”.

Además he apoyado con convicción el intercambio de buenas prácticas porque también hay conocimiento local y regional al que algunos de los augures que por aquí andan tienen verdadera alergia. Demasiado incomodo algún testimonio que puede dar cuenta de lo que cuesta en términos democráticos el derecho de autor y los excesos que algunos jueces cometen en nombre de la lucha anti terrorista.  Ayudará a evitar “errores” como el que propició que un ciudadano, que sufrió más de veinte intentos de atentado, nuestro querido  Juan María Atutxa, tuviese que ser absuelto por el Tribunal de Estrasburgo de la incomprensible condena que le impusieron en su estado miembro por una inexistente colaboración con sus verdugos.

Recomiendo a quién quiera recordar ese episodio, a quién quiera escuchar a una persona que algo sabe sobre terrorismo, la relectura de la entrevista que nos concedió en el marco del programa Ruta Europa y la crónica que publiqué cuando el tribunal de Estrasburgo sacó los colores al grupo de jueces que, prescindiendo de las más elementales normas del derecho procesal y penal le condenaron.

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