KEEP CALM. DIALOGO Y ARGUMENTOS MEJOR QUE ESLOGANES Y TWITS

 

Esta mañana el portavoz de EAJ-PNV en el Parlamento Vasco Joseba Egibar se ha pasado por Bruselas para participar en un seminario sobre el derecho a decidir y sobre como se observa desde la perspectiva europea esta cuestión tanto a la luz del derecho Internacional como del distinto enfoque con el que se observa desde algunos estados miembros. Esta iniciativa se puso en marcha para seguir reflexionando, porque no es la primera vez que lo hacemos, sobre las razones que motivan que un asunto que entra de lleno en el ámbito del Derecho Internacional y de la protección de los derechos fundamentales individuales tenga tan diferente tratamiento en el mismo marco de libertades y democracia que define la Unión Europea.

A mí, la verdad, me encantaría que este debate discurriese por carriles tan sosegados como discurre por aquí. Estamos ante un problema de naturaleza política que puede resolverse poniendo medios para que sea el diálogo y los acuerdos el que resuelva una controversia y la convierta en herramienta de convivencia. Lamentablemente también puede manejarse para que alentar fantasmas como el del enfrentamiento de identidades, la discriminación o la imposición de la voluntad de unos sobre la de otros alimente determinados zurrones electorales. Por eso tras escuchar a unos y otros, incluido especialista de primer nivel en derecho internacional, me ha tocado redactar unas conclusiones que, con el ánimo de rebajar la tensión, desarmar tótems y aportar racionalidad comparto con todas y todos vosotros.

La primera conclusión evidente es que cuando se suscita un proceso en el que está en juego el derecho a decidir de un grupo social estamos ante una cuestión de naturaleza política que, expresada por vías pacíficas y democráticas, solo pueden resolverse por procedimientos políticos. Negar esa realidad no hace sino retrasar o dificultar su encauzamiento por la vía del diálogo y la negociación. Y tratar de sustituir este mecanismo democrático por vías represivas y penales es completamente rechazable en el marco europeo.

Quisiera en este punto informar, porque este no es un dato que aparezca en los medios de comunicación del estado español y no porque se desconozca, que por aquí la inmensa mayoría de las personas encuadras en el Parlamento Europeo, la Comisión o el Consejo no entienden los encarcelamientos que afectan a líderes políticos y sociales catalanes que han sido víctimas de la descrita sustitución.  El ministro de exteriores de España se quejaba el otro día en una entrevista pública de que en muchas de las cancillerías que visita creen que Franco sigue vivo y percibe igualmente que esa idea está muy extendida en las opiniones públicas de los más importantes estados europeos.

Este estado de ánimo era, desde luego, preexistente al conflicto catalán como pude comprobar nada más llega aquí hace ya diez años. La vamos a llamar “insólita” instrucción judicial del mismo no ha hecho sino hacer crecer esta impresión. Porque la misma se basa en una serie de hechos y decisiones que alimentan las pésimas calificaciones que un poder del estado crítico para evaluar la salud democrática de un país, como es la justicia española, obtiene en buena parte de los indicadores europeos. En las cancillerías no se analizan anécdotas, sino datos. Y cuando se comprueba que esas calificaciones conviven con el flagrante incumplimiento de recomendaciones reiteradas de instituciones internacionales que podrían mejorar la situación el efecto es demoledor.

Por eso creo que sería más oportuno tratar de atacar la enfermedad en vez de lamentar la gravedad del síntoma. Porque en este asunto hay una enfermedad y muy grave. Cuando en un asunto de la relevancia internacional que nos ocupa, cuatro sistemas judiciales europeos expresan con meridiana claridad que no consideran al instructor de la causa merecedor de la confianza en que se basa la relación entre sistemas judiciales europeos, un estado responsable debería empezar a pensar que quizá el error puede estar en casa. Y por supuesto tomar medidas a medio y largo plazo para que este tipo de hechos no se repitan. Especialmente cuando varias organizaciones internacionales están recomendando que se mejore la formación en derecho europeo y derecho relacionado con la protección de los derechos fundamentales. Esa sensación de que llegados al tribunal Supremo hay que mirar la composición del tribunal en vez del Aranzadi genera mucha desafección.

La segunda conclusión que saco es que las naciones que se sienten tales y quieren actualizar su encaje en el mundo globalizado e interdependiente en que vivimos, pueden explorar muchas fórmulas para conseguirlo.  Pero la última palabra al respecto la tiene su ciudadanía. Cambiar marcos de autogobierno requiere para comenzar, acuerdos amplios, sólidos y a poder ser transversales, en el seno de esas ciudadanías. Cuando se consiguen tratar de impedir el debate y la búsqueda de fórmulas para hacerlo operativo no es democrático. Eso lo dice también el ministro Borrell que reconoce que con determinadas mayorías apoyando por ejemplo la independencia de una región, incluso en el marco de la UE, no se puede impedir que esta decisión se haga efectiva. Otra cosa muy diferente es la naturaleza del debate que se desarrolle para conseguir estas mayorías y los cauces legales que se habiliten. Por eso mejor sustituir la descalificación por el debate.  Y fabricar cantidades industriales de empatía para entender al otro, ponerse en su lugar, respetarle y tratar de convencerle en vez de aprovechar cualquier ventaja para tratar de hacerlo desaparecer.

Por otra parte, es indiscutible jurídicamente que el derecho internacional da cauce legal al derecho a decidir y no se restringe a los procesos de descolonización por mucho que pataleen los mismos catedráticos que suspenderían a sus alumnos por sostener lo contrario. Y también lo es que cuando los estados firman los pactos internacionales que consagran este y otros derechos están obligados a respetarlos. El derecho a la autodeterminación de los pueblos es imprescriptible, inalienable e inderogable y los titulares son todos los pueblos. No hay duda al respecto como el hecho de que este ejercicio está vinculado también al ejercicio de los derechos individuales que corresponden a todas las personas. Otra letanía habitual como el concepto de integridad territorial de los estados solo tiene sentido cuando hay una discusión entre estados constituidos por un determinado ámbito territorial. En esos casos, por cierto, véase por ejemplo la reivindicación española sobre Gibraltar son los “constitucionalistas” los que acusan a los nacionalismos de las nacionalidades sin estado de poner a los territorios por encima de las personas, los que olvidan por completo lo que piensan los habitantes de ese territorio. Como bien sabemos y por encima de lo que allí se piense, Gibraltar es español.

Otra idea clara que saco tras escuchar a representantes catalanes, vascos, de Nueva Caledonia, Islas Feroe o Escocia es que las leyes, los marcos legales son herramientas para solucionar problemas de convivencia y así hay que reconocerlas, saludarlas y utilizarlas. La primera responsabilidad de todos los operadores políticos y jurídicos es ponerlas al servicio de la convivencia. Construir una Europa federal y hacerlo de abajo hacia arriba, respetar el lema “unidos en la diversidad” requiere adaptar a este necesario objetivo conceptos como identidad, soberanía y nacionalidad y no presuponer que hacerlo va a implicar la aparición, como hongos, de nuevos estados. Más bien puede contribuir a innovar en un ámbito fundamental para avanzar en la construcción europea. Porque son estos nacionalismos estatales de viejo cuño y no los de algunos entes subestatales los que atascan los procesos de decisión en la Unión. Desde luego de eso habló el PNV con motivo del sesenta aniversario del tratado de Roma, en un documento que ponía el dedo en esta llaga y proponía un compromiso para curarla entre todos.

La Unión Europea como concepto fue revolucionaria. Las bases en que se funda fueron rompedoras. Vamos a hacer un poco de política ficción: Los aburridos y previsibles recitadores de eslóganes que haciéndose pasar por políticos viven del marketing más que de las ideas, los campanudos tertulianos que pontifican en muchos medios, los plúmbeos columnistas que incurren en llamativas y constantes contradicciones cuando ilustran sus frágiles caricaturas, hubiesen tachado a Robert Schuman hoy de traidor, de loco, de anti francés y hasta de estafador cuando se atrevió a proponer que una gestión mancomunada del carbón y el acero por parte de las potencias europeas podía ser una herramienta de paz y progreso. Incluso algún osado se hubiese atrevido a solicitar que le aplicasen algún tipo de 155cinquización o al menos que le metiesen una querella como la que mantiene al rapero Valtonic en Bruselas.  Siete décadas después aquella herejía, implantea

ble hoy en el reino de twitter, ha demostrado ser una de las ideas más útil y con más proyección de las que se convirtieron en realidad en el siglo pasado.  Hoy al pobre Schuman se le hubiese aplicado el artículo uno del manual de descalificación del adversario político: “una propuesta que no cabe en la ley”

Por eso refugiarse en que las propuestas que se realizan en el debate político “desbordan la legalidad” no es el argumento más sólido para rechazarlas. Por el contrario, revela que no hay otro argumento más sólido para discutirlas. Todos los grandes avances en la Construcción Europea, por ejemplo, desbordaban la legalidad, han obligado a reformas constitucionales o a interpretaciones abiertas y más modernas de soberanía o nacionalidad que las que se quieren petrificar en muchas constituciones.

Por eso y esta es mi última conclusión las instituciones europeas deben observar con más ecuanimidad y equilibrio los debates territoriales que se producen en su seno y, en la medida de lo posible contribuir a su solución por vías democráticas. Es la famosa y necesaria directiva de claridad que ha defendido el lehendakari. Es la previsión en este sentido que hace ya varios años conseguimos introducir y aprobar en el manifiesto de Estrasburgo. Yo comprendo el silencio que ante estos temas se instala en la Comisión Europea, o el latiguillo con el que se despejan estas incómodas cuestiones. es un asunto interno de un estado miembro”. Pero se porque cada día lo palpo en nuestra realidad que estos asuntos preocupan y que no generan una actuación más resuelta de las instituciones comunitarias para no meter el dedo en el ojo a los socios más poderosos cuando les estalla en su interior un problema de este tipo. La respuesta, como bien sabemos, depende del tamaño y el poder del que tiene el problema.  Y más en los tiempos de populistas y predicadores de humo que padecemos.

Lamentablemente con el actual esquema institucional la Unión no está en condiciones de hacer valer en este trabajo de mediación el derecho internacional y la vocación constructiva que forma parte de los principios fundacionales de la UE porque la crisis no es general. Los estados que no tiene resuelta su diversidad a nivel interno mal pueden integrar la suya en el espacio europeo. Por ello ayudar a resolver estos problemas debería de ser uno de los objetivos básicos de la Unión.

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