APOYO A LA INVESTIGACION DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN VENEZUELA

Esta tarde noche hemos tenido nuevamente en Estrasburgo un debate para tratar de pactar una resolución sobre la situación de Venezuela. una iniciativa que a mi juicio debe de servir para que la Unión Europea y a los estados que la componen se sumen a los seis estados americanos, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú que han solicitado al fiscal de la Corte penal internacional que inicie una investigación sobre el régimen de Maduro. La Corte ya abrió en febrero de 2018 una investigación preliminar soportada en denuncias de ciudadanos y ONG que se ve respaldada ahora con esta petición. también he defendido nuevas sanciones selectivas contra los jerarcas del régimen y he expresado mi apoyo a toda vía que conduzca a una solución negociada siempre que cese la represión contra los opositores y se libere a los presos políticos. Nada más lejos de la noble liberación que promovió Simón Bolivar que la cruel dictadura de Nicolás Maduro. 

La resolución que hemos negociado y se votará mañana incluye desde luego una condolencia formal a los familiares del opositor Fernando Alban y solicita una investigación independiente conducida por un equipo forense internacional sobre esta nueva muerte de un opositor ocurrida, de nuevo, en más que sospechosas circunstancias. En el debate se ha abordado igualmente la necesidad de responder a la obligación internacional de proteger a los venezolanos que huyen de su país y están generando una crisis humanitaria en la zona.  

Maduro y su gobierno con la represión que ejercen, documentada con miles de denuncias; con el bloqueo de la ayuda que necesitan; con el éxodo forzado al que obligan a la ciudadanía de un país mal administrado y gobernado; con su oposición a la trasparencia frente a la comunidad internacional, obligan a pasar de las palabras a los hechos. no lo digo por capricho. escuche en Bruselas al autor del informe sobre la crisis humanitaria que vive Venezuela. escuché datos dramáticos que retrataban la crisis de sus servicios públicos básicos, desde la educación a la sanidad. Conocí datos tan asombrosos como la pérdida de peso medio de la población por la precaria alimentación y las increíbles cifras que reflejan la extrema violencia que se vive en unas calles en las que las personas luchan cada día por satisfacer necesidades básicas que podían estar perfectamente cubiertas en un país con los recursos naturales que tiene Venezuela. Todos estos hechos son más que síntomas de la comisión de un crimen de lesa humanidad contra las y los venezolanos.  

Por estas razones me he animado a solicitar a la Unión Europea y todos sus estados miembros que se sumen a la solicitud que ha puesto en marcha una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional sobre las actividades del régimen de Nicolás Maduro. No basta con eso. Apoyo también nuevas sanciones selectivas contra sus jerarcas y toda iniciativa que promocione una solución dialogada, necesaria, pero que requiere una condición: la liberación de todos los presos políticos, el cese del acoso y la represión y la restauración de las legítimas instituciones usurpadas. Nada más lejos de la noble liberación que promovió Simón Bolivar que la cruel dictadura de Nicolás Maduro, demasiado acotumbrado a utilizar en vano el nombre del “libertador” de origen vasco que catalizó los deseos de libertad de naciones que otrora fueron colonias.

 

 

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