CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO EN EL «VALLE DE LOS CAIDOS»

El pasado 2 de marzo mis compañeros en el Parlamento Europeo Javier Couso, Ana Gomes, Stelios Kouloglou, Antonio Marinho e Pinto, Ana Miranda, Martin Schirdewan y Miguel Urbán a los que acompañé en mi condición de miembro del grupo informal que trabaja en Bruselas y Estrasburgo en el campo de la memoria histórica realizamos una vista al Valle de Cuelgamuros. En el vídeo que encabeza esta crónica podéis ver la impresión que la visita causó a Antonio Marinho Pinto y Ana Gomes,  portugueses, naturales de un país que también sufrió una dictadura, y completamente espantados por lo visto y vivido.

No es para menos. Allí Franco erigió una basílica que era la “niña de sus ojos”, su hobby en aquellos tiempos de represión y desolación. En ella murieron miles de presos que, en régimen de trabajos forzados, cavaron en la roca en condiciones extremas. Allí sepultaron a modo de homenaje a los “caídos por Dios y por España” en la guerra civil. Y allí, en el colmo de la ignominia se enterró sin permiso ni autorización de sus familiares a miles de represaliados republicanos cuando en 1959 en otra operación cosmética propia de las dictaduras se decidió tratar de evolucionar el monumento hacia la “reconciliación”.

Los inspiradores de la maniobra no anduvieron finos en el intento porque la simple idea de desenterrar personas que ya habían sido sepultadas contra la voluntad de sus familiares en cunetas y fosas comunes era una atrocidad. Enterrarlas junto a sus victimarios y además colocarlas en un osario a cuya entrada puede leerse hoy “Caídos por Dios y por España” entra de pleno en el territorio de la indecencia no solo política sino moral y humana. Y mantener esa situación así una vergüenza.

Por estas y otras razones de organizó una visita que incorporaba un intenso programa de trabajo y que nos llevó a trabar contacto o seguir manteniéndolo con muchas asociaciones de víctimas. Con familiares de represaliados que siguen intentando hoy recuperar los cadáveres de sus familiares para enterrarlos dignamente. Sirva como resumen y homenaje de lo que vimos y escuchamos este testimonio recogido en el cementerio de San Lorenzo de El Escorial.

La visita a la basílica fue un cuadro. Según nos informaron un lugar que un viernes por la mañana suele estar casi vacío presentaba un inusual ajetreo, pese a la tormenta de nieve que nos recibió en un paraje que, sacaría mucho partido a su agreste orografía, malherida hoy por un monumento de glorificación a un régimen fascista único en Europa.

Los “activistas” que nos grabaron y fotografiaron profusamente pese a la estricta prohibición que al parecer se aplica en este espacio  a esas prácticas, se reunieron para rezar, pero también lanzaron algunas otras expresiones menos celestiales contra los visitantes. Yo diría que estrictamente apegadas a los aspectos menos amables del mundo de los vivos. Entre ellas hasta una clara amenaza de muerte a nuestro compañero Miguel Urbán que, por consejo de las autoridades de Patrimonio que nos acompañaron denunció ante la policía que se aprestó, tras el incidente, a escoltar el autobús en que viajábamos.

Tras la visita y las dos jornadas de trabajo y reuniones realizamos una rueda de prensa en el Congreso en la que anunciamos varias noticias. la primera la que amplio aquí: la remisión de sendas cartas al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y al vicepresidente de la Comisión Europea encargado de velar por la calidad del Estado de Derecho, Frans Timmermans, en la que solicitamos a ambos una reacción frente a la reiterada humillación que sufren en España las víctimas de la dictadura franquista. Las cartas recuerdan las amenazas de muerte que recibió durante dicha visita el eurodiputado Miguel Urbán y los insultos que padeció la delegación en el interior de la basílica

 

Por eso solicitamos a la Eurocámara y la Comisión un pronunciamiento público contra las amenazas así como un mejor cumplimiento de la legislación comunitaria e internacional sobre la memoria democrática

 

En la carta dirigida al Presidente del Parlamento llamamos su atención sobre la pasividad de autoridades que permiten que se incumplan sentencias judiciales generando un sufrimiento añadido y gratuito a víctimas europeas de crímenes de lesa humanidad. Además, le animamos a que se interese ante las autoridades Españolas, sobre la marcha de las investigaciones y las actuaciones que se deriven de la denuncia presentada.

 

En cuanto al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, los firmantes le solicitamos nuevamente una reunión, que lleva en espera más de año y medio “para ampliarle detalles sobre esta problemática”, encuentro al que nos comprometemos a acudir “acompañados por miembros de las asociaciones memorialistas más activas del Estado español que representan a más de 100.000 familias que llevan decenios tratando de localizar y recuperar los restos de sus seres queridos represaliados y enterrados en cunetas y fosas comunes o que han sufrido directamente la represión de la dictadura franquista”.

 

Esperamos así que estos dos altos responsables de dos instituciones comunitarias comprendan que el problema de la impunidad de los crímenes franquistas en España y especialmente mantener el actual carácter de la basílica de Cuelgamuros es un asunto de hoy, que vulnera todas las recomendaciones de las instituciones internacionales que han estudiado esta cuestión, que es contrario a varias decisiones marco europeas y artículos de la carta de Derechos Fundamentales y a los propios valores de la Unión.

 

De hecho lo que está ocurriendo obvia el contenido del mandato aprobado por este Parlamento el 14 de diciembre de 2016 (Artículo 63 informe Nagy sobre Situación de los Derechos Fundamentales en la Unión) que expresamente anima a los estados miembros a colaborar en la investigación local o internacional de los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio por regímenes totalitarios y a la Comisión a efectuar una evaluación objetiva de la situación de estos procesos con vistas a promover la Memoria Democrática en nuestra Unión”. En los próximos días remitiremos una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que nos informe sobre el grado de cumplimiento de una propuesta que fue respaldada por más de 600 de los 751 eurodiputados.

En las misivas ratificamos que pudimos comprobar que este paraje rebautizado por los franquistas como Valle de los Caídos, glorifica aún hoy y con financiación pública, un régimen dictatorial. Igualmente, informamos de la existencia de sentencias judiciales firmes que obligan a los rectores de este monumento a devolver a sus familiares los cuerpos de represaliados republicanos enterrados allí contra su voluntad.

Este fallo judicial no se cumple sin que ni autoridad alguna, ni judicial ni gubernativa, haya tomado hasta el momento medidas por este claro acto de desobediencia que supone un escarnio para víctimas que llevan decenios esperando poder enterrar dignamente a sus seres queridos.

Pero además revela cómo funciona el poder judicial en España. La cuestión es que hay una sentencia judicial que obliga a los rectores del monumento, una comunidad benedictina, a devolver los restos de dos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás a sus familiares, sentencia directamente incumplida por los religiosos con su abad a la cabeza. Ningún juez mediático, ningún llareno solitario, ningún fiscal general del estado, han apreciado en esta conducta un delito de desobediencia y tomado medidas para investigarlo y juzgarlo. Pese a que este incumplimiento humilla de nuevo a víctimas que llevan decenios no solo no recibiendo reparación y justicia, sino siendo nuevamente humillados por unas instituciones que deberían tener entre sus máximas prioridades evitar este tipo de injusticia.

Que la justicia en España no es igual para todos es un hecho que comprobamos cada día. Hay gente que esgrime el procesamiento de un familiar del rey como prueba del nueve de lo contrario no hace sino señalar de forma ostentosa las fallas de un sistema judicial  cuya cúpula está protagonizando en los últimos años bochornosos espectáculos con los consecuentes reproches por parte del Tribunal de los Derechos humanos de Estrasburgo. Basta comparar la situación del cuñado del rey condenado a ocho años de prisión por graves delitos pero “cumpliendo” pena en Suiza y la suerte que han corrido políticos catalanes injusta e ilegalmente encarcelados preventivamente por un juez cuyos autos son antijurídicos y han merecido ya el reproche de numerosas organizaciones internacionales como HRW o Amnistía internacional.

Muchos jueces de instrucción sienten vergüenza por este tipo de comportamientos de la cúpula judicial. Seguro que la sienten los miembros de la audiencia de Gipuzkoa que condenaron por torturas a los Guardias Civiles que maltrataron a Portu y Sarasola. Se toparon con la vergonzosa actitud del Tribunal Supremo que fue duramente reprendido desde Estrasburgo en una nueva sentencia que condena a Espana y centra el foco más que en los policías en la actitud antiprofesional y por completo fuera del ordenamiento y de los estándares europeos en materia de tutela judicial efectiva y respeto a los derechos fundamentales de los firmantes de la sentencia. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el actual Fiscal General del Estado autor de la llamada doctrina Parot y particularmente crítico con unos magistrados que ya van propinándole varios contundentes varapalos. Que asuntos  de extrema gravedad como los descritos no llamen la atención del Vicepresidente de la Comisión para velar por la calidad del Estado de Derecho en la Unión Europea es preocupante.

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