APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA. EL PRECIO DE LA PAZ SIEMPRE MAS BARATO QUE LA GUERRA
Hoy me ha tocado ratificar el completo apoyo de mi grupo a las tarea que la Unión europea está desarrollando en Colombia para apoyar su proceso de paz. En mi condición de vicepresidenta de la Comunidad Andina y haber participado en numerosas actividades relacionadas con el proceso de paz, incluida la misión que envió en su día la UE para observar el referéndum dedicado al mismo he instado hoy a la Unión Europea a no flaquear en este apoyo en un año crítico puesto que en los primeros meses de 2018 se celebraran las elecciones legislativas y presidenciales. Hasta ahora hemos hecho destacadas contribuciones en ámbitos como el combate contra el crimen organizado, la reparación de las víctimas y la reforma agraria invirtiendo cerca de 1.500 millones de euros en ayudar a superar las consecuencias de cincuenta años de conflicto violento. Hay que trabajar en los aspectos de víctimas y garantizar la verdad, la justicia y la reparación pero he querido remarcar también que la justicia social es un elemento clave para estabilizar y fortalecer la paz. Se habla mucho del precio de la paz pero no se puede pagar el precio de ninguna guerra.
Por eso he apostado, sin duda alguna, por mantener este acompañamiento político y económico al proceso de paz en Colombia. Es imprescindible el trabajo del enviado especial de la alta representante al país, propulsar el instrumento de cooperación al desarrollo y mantener e incrementa los donantes al fondo fiduciario. El proceso no es fácil pero avanza y así debe seguir siendo en este año electoral. El año en curso debe de ser el de la Justicia Especial para la Paz y el trabajo de reparación y reconocimiento de las víctimas. En su condición de promotora de la paz la UE puede aportar mucho en un año histórico también porque la antigua guerrilla, las FARC, abrazará definitivamente la paz y la palabra en el parlamento tras desmovilizar con éxito más de 13.000 combatientes.
Precisamente esta coyuntura electoral aconsejaba, de acuerdo con todas las informaciones recogidas en el propio país, desarrollar este debate pero dejar para más adelante una nueva resolución cuyos contenidos pudiese aprovecharse por parte de los enemigos internos del proceso, para utilizarlos en la batalla electoral interna como una especie de injerencia de terceros en asuntos de Colombia. El debate sobre este asunto ha animado a Ramón Jauregi a lanzar una serie de invectivas contra los que hemos observado esta prudencia, que como digo emana de las propias autoridades colombianas. Máxime teniendo en cuenta que la última de las aprobadas data de hace escasamente tres meses. No me parece además una buena iniciativa arremeter así contra quienes sabe que, desde el principio, estamos apostando de manera total por este proceso. Esta actitud me ha animado a utilizar lo que aquí llamamos “tarjeta azul” un turno que se abre, si el presidente lo autoriza para preguntar al interviniente por un aspecto concreto de u intervención. Yo he preguntado, pero no me han respondido a la pregunta. Mejor dicho, mi querido colega Ramón ha utilizado el truco de la “larga cambiada” para esquivar mi directa pregunta. Vosotros mismos juzgaréis. En estos dos vídeos se contiene el rifirrafe.
En todo caso y superado este nada agradable trámite he instado a las autoridades comunitarias a seguir manteniendo su nivel de implicación. Hay que seguir apoyando la Comisión de Garantías, porque hay demasiadas víctimas aún entre los líderes de organizaciones sociales y defensores de los derechos Humanos. Pero cabe también destacar que 103 personas han sido detenidas por crímenes contra estos defensores de derechos fundamentales y se ha identificado a más del 50% de los responsables. También he insistido en que el ELN (Ejército de Liberación Nacional) una declaración del alto el fuego y la integración a esta organización en el proceso.
Pero no he querido olvidar un asunto fundamental. El origen de este conflicto fue la pobreza y la marginación. Millones de personas vivían bajo el umbral de la pobreza, y encontraban en los cultivos ilícitos una esperanza que convirtió a Colombia en una potencia mundial en el cultivo de la hoja de coca con el consiguiente desarrollo de la industria del narcotráfico. Pobreza, marginación, discriminación, desesperación. Y ese ámbito es otro de los grandes aspectos que desarrolla este acuerdo de paz.
Mantener nuestro compromiso con este proceso es hacer honor a los valores que nos definen. Y contribuir a un proceso que promueve no solo la paz y la seguridad sino el desarrollo económico y social y un mejor reparto de la riqueza y la prosperidad. Porque la justicia social es un elemento clave para estabilizar y fortalecer la paz.
Por eso es igualmente urgente seguir apoyando el proceso de reversión de las tierras y la puesta en marcha de la reforma rural integral que en 2017 ha cumplido sus objetivos. Este apoyo debe propiciar que las reversiones de tierras ya en fase final y los programas de sustitución de cultivos ilícitos produzcan en 2018 una situación mucho más justa en el agro colombiano. Sin esa expectativa no se hubiesen formalizado las más de cien mil operaciones de crédito para nuevos emprendimientos agrarios suscritas por pequeños productores. La implementación de este punto del acuerdo de paz es clave para que sus beneficiosos efectos lleguen a la población más castigada por cinco décadas de violencia.
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