UNA CUESTION DE DERECHOS FUNDAMENTALES. APOYANDO LA DEMOCRACIA Y EL DIALOGO PARA LA CAUSA CATALANA

Esta mañana me he sumado a la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural que ha reunido más de 45.000 personas en Bruselas para reivindicar dialogo, democracia y una solución política para la cuestión catalana. He acudido por simpatía con la causa nacional catalana pero, sobre todo, por la preocupación que siento ante los gravísimos efectos que está teniendo esta crisis política para la calidad de la democracia en el estado español.

Quienes hoy aplauden enfervorizadamente las, en mi opinión, decisiones manifiestamente ilegales adoptadas por ejecutivo y poder judicial para tratar de disolver un problema político a base de represión puede que lamenten un día las consecuencias de su entusiasmo. Porque las garantías que están desapareciendo, los principios que se están vulnerando, las arbitrariedades que se hacen pasar por decisiones amparadas en el derecho, son nada más que una manifestación de poderío, que no de poder. Son la plasmación en el siglo XXI del “con la Patria se está, con razón y sin ella” que acuñó el inefable Cánovas del Castillo en el XIX. Son el combustible que anima desde los autos judiciales que mantienen en prisión a políticos catalanes hasta la “creativa” aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Son las cataratas que velan los ojos de muchos medios de comunicación incapaces de contar, cuando no cuadran con su línea editorial, los hechos que tienen delante.

Y es que de acuerdo con los autos judiciales que enviaron a prisión a los miembros del gobierno de Cataluña y a los presidentes de la A.N.C y de Ómnium Cultural, la pacífica manifestación que hoy ha recorrido las calles de Bruselas es en realidad una camuflada pero peligrosísima expresión de violencia. Solo así puede achacarse a estas personas el delito de rebelión el que, por la gravedad de las penas con que se castiga, junto a la posibilidad de que se reitere su supuesta conducta delictiva, justifica su ingreso en prisión preventiva. Hoy se ha visto que incluso con los injustamente encacelados en prisión, esta terrible amenaza para el sistema, miles de personas clamando en la calle por la independencia de Cataluña, goza de una excelente salud. Cabe temer, en consecuencia, que se busque, detenga y encarcele a quienes mantienen con vida este movimiento.

El razonamiento utilizado para hacer esta deconstrucción de la realidad es realmente forzado: Los encarcelados defienden un cambio en el estatus legal de Cataluña que no cabe en la Constitución y que los partidos mayoritarios en el estado, aunque en franca minoría en Cataluna, no tienen intención de aceptar. Como muchas personas apoyan esa posición en la calle en grandes manifestaciones, hasta la fecha pacíficas, quién sabe lo que puede pasar si continuamos así. Quizá se vuelvan violentas si las cosas no avanzan. Hay además hay por ahí un papel que dice que “hay que incrementar la presión progresivamente en función de la respuesta del estado”. Luego está claro que estas personas tienen, potencialmente, la capacidad de convertir estas pacíficas marchas cívicas en «hordas tumultuarias». En consecuencia algunas personas, convertidas no se sabe bien porqué en máximas dirigentes de «la cosa», son cabecillas de una rebelión violenta.

La alambicada literatura jurídica que trata de convertir lo blanco en negro no tiene siquiera apariencia de buen derecho porque como se puede comprobar leyendo los autos que la soportan no hay hechos objetivos ya sucedidos sobre los que proyectar este razonamiento, solo suposición de conductas futuras.  Tampoco importa que el legislador que redactó el artículo del código penal que regula el delito de rebelión haya recordado que su aplicación es imposible al caso porque no hay ni asomo de los requisitos objetivos para apreciar violencia en sus conductas. Y lo que es peor, para poder vincular esta inexistente violencia con los encarcelados se les pregunta expresamente por sus creencias, orientaciones e intenciones políticas presentes y futuras lo que está expresamente prohibido por la Constitución. De hecho en todos los titulares de prensa se coloca precisamente la respuesta a esas preguntas inconstitucionales, porque atentan contra el derecho a la libertad de expresión y pensamiento, como la clave para mantener en prisión o liberar a las personas encarceladas. A eso le llaman “estado de derecho”y “cumplir la ley”.

El proceso se está llevando igualmente por delante otro principio básico de la democracia: la división de poderes. Algunos de los procesados son parlamentarios a los que un tribunal ha pretendido dictar el orden del día de las cámaras legislativas a las que pertenecen y hasta determinar el sentido de sus votos. Como han decidido celebrar los debates “prohibidos” (insólito) les acusan de desobediencia e instan a su procesamiento por la vía penal una pretension que rompe con el  principio constitucional de la inviolabilidad parlamentaria.

La idea, además de insólita en cualquier democracia consolidada, es más chocante si cabe visto que el tribunal que está actuando, nada menos que el Constitucional, tiene reconocida desde siempre la capacidad de anular las decisiones que adopte una cámara legislativa si se producen fuera de su ámbito competencial. De ese modo tales resoluciones, sea cual sea su naturaleza, dejan de tener de inmediato efectos jurídicos. Y para más INRI ha ejercido tal competencia convirtiendo en papel mojado las polémicas “leyes de desconexión”.

Cabe recordar que fue el Tribunal Supremo de España, en otro acto de abuso de poder que ha sido recientemente descalificado por el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, quien estrenó esta vía para inhabilitar al entonces presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa y otros dos miembros de la mesa del Parlamento Vasco. La razón para una condena que innovó todo el derecho conocido hasta la fecha, atreverse a señalar que legalmente era imposible disolver un grupo parlamentario integrado por legisladores con todos su derechos como tales en vigor.

De nada sirvió entonces la legión de opiniones técnicas contrarias a la pretensión del Supremo. Tampoco que los servicios jurídicos del Parlamento Vasco señalasen la manifiesta ilegalidad de la orden recibida y avalasen así la actuación de los luego condenados. Siquiera que, en dos ocasiones fuesen absueltos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, alegando primero la inviolabilidad parlamentaria y después la imposibilidad de acreditar el delito de desobediencia. Fue el propio tribunal del que emanaron los autos quien, sin dar siquiera derecho de audiencia a los procesados, procedió a darse la razón a si mismo.

Cabe recordar que los servicios jurídicos del Parlamento Vasco basaron sus informes para considerar ilegal la pretensión del Supremo en el texto del Reglamento de la cámara, en la abundantísima y coincidente jurisprudencia constitucional existente sobre partidos políticos y órganos institucionales, en la clarísima voluntad del legislador expresada durante el debate de la llamada “ley de partidos” y hasta al informe que meses antes había emitido al respecto el fiscal general del estado aclarando al juez Garzón la imposibilidad de requerir este tipo de medidas a institución representativa alguna. El mismo fiscal que, actuando después contra sus propios hechos y por orden del gobierno de turno denunció a Atuxa, Knorr y Bilbao. Demasiado. Curiosamente la misma prensa que ahora destaca  que los informes de los letrados del Parlamento de Cataluña señalan las evidentes lagunas jurídicas del “procés” huyó, como de la peste, del contenido de aquellos dictámenes de los técnicos del parlamento de Vitoria. Prefirió hacer albricias de la ocurrencia del entonces Delegado del Gobierno en Euskadi, de calificar de filo etarras (sic) a sus redactores.

Pero es que los autodenominados constitucionalistas se están aplicando con denuedo a la demolición de su propio tótem. No puede interpretarse de otro modo la aplicación que han realizado del artículo 155, también fuera de la legalidad a juicio de muchos especialistas. Así, el requerimiento que el artículo 155 prevé para abrir este procedimiento se centró en preguntar sobre el alcance de la declaración de independencia lo que hace metafísicamente imposible saber cuál es el daño causado y cómo repararlo. Estos son contenidos básicos que debe aportar este documento si se pretende que sea constitucional. Igualmente se dirigía, además de al President a “otras autoridades catalanas” indefinidas lo que sirvió para justificar la actuación sobre el Parlament, para la que el Senado no tiene habilitación alguna. Finalmente se ha sustituido a las autoridades catalanas legítimamente elegidas por la ciudadanía para obrar en su lugar en vez de, como reza literalmente la Constitución, tomar medidas para que esas autoridades cumplan unas obligaciones que no se han explicitado en ninguna parte.

Podríamos seguir describiendo más episodios de este carrusel de «creatividad e innovación” jurídica como la invención por parte del fallecido Fiscal Maza de un órgano de coordinación policial al margen de la legal Junta de Seguridad de Cataluña para sustraer ilegítimamente a la policía autonómica sus competencias estatutarias. Esa misma «imaginación” se aplicó para tratar de cubrir con una orden dirigida a la policía judicial para incautar urnas y papeletas “sin alterar la normal convivencia” la insólita violencia con que operaron algunos policías frente a la consulta del uno de octubre. Esa que, según alguna prensa los aguerridos y españolísimos agentes el orden “impidieron por la fuerza” gracias sin duda a la gasolina moral del “a por ellos” con que fueron despedidos de sus acuartelamientos cuando los trasladaron a Cataluña. El resultado de aquella “operación” fue más de 800 personas heridas, una sucesión de lamentables imágenes de brutalidad policial y pese a ello, más de dos millones de personas votando en las urnas y con las papeletas que según la mayoría de los medios las brillantes huestes de la ley habían incautado hasta “desarbolar la logística del referéndum ilegal”.

Por estas y muchas otras razones similares he recorrido hoy las calles de Bruselas junto a muchísimas personas, 45.000 según la policía belga, con la esperanza de que los “guardianes de los tratados” y los responsables de la calidad del estado de derecho en la Unión reparen en que los primeros que vulneran las leyes son los que piensan, como Cánovas, que ante un problema que no asumen, que ellos mismos han creado por su resistencia a abordarlo democráticamente y de acuerdo con los estándares internacionales, lo mejor es cerrar filas y refugiarse en el “Con la patria se esta, con razón o sin ella”. Aunque acaben en Estrasburgo condenados, como con el caso Atutxa o la “doctrina Parot”. Estos son los que nos llaman a nosotros, con desprecio, “nacionalistas”. Estos son los que parecen no percibir que por el desagüe de su ardor patriótico  se van para siempre libertades, derechos y garantías que algún día, ellos también, echarán de menos.

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