UNA SALIDA POLITICA PARA EL LABERINTO CATALAN

Los procedimientos que se están empleando para resolver la crisis catalana no son compatibles con las bases que hacen posible la Unión Europea. Ésta es antes que otra cosa, una suma voluntaria de identidades e intereses, de diversidad. Quién no es capaz de sumar todo lo que dice representar, mal puede contribuir a este proyecto. No es tan difícil. Basta con reconocer sinceramente los pecados originales de la Constitución del 78, definir España como unión de naciones más que como nación unida y dar cauce a la consecuente expresión de adhesión voluntaria de las partes que quieran formarla. Las soluciones están inventadas, se han aplicado en la Unión Europea en este siglo por ejemplo en Escocia.

Por eso nos ofrecemos como mediadores. Por eso apostamos por una mediación europea. Por eso creemos en una solución basada en el mutuo reconocimiento en el respeto y el dialogo. Por eso estamos dispuestos a aportar, a ser parte de la solución. Medidas dudosamente legales y que lesiona abiertamente derechos y libertades fundamentales como las aplicadas estos últimos días por el gobierno de España solo sirven para enconar aún más la situación.

UNA SALIDA POLÍTICA. CAMBIANDO ESQUEMAS ANTIGUOS

Por eso quiero con esta reflexión apoyar una salida política, la única posible, a la crisis que vivimos. Para ello hay que hacer un ejercicio de realismo político y actualizar y modernizar algunos conceptos políticos a la lógica que exige una construcción europea digna de tal nombre. Una lógica en la que resulta incomprensible la misma formulación de la idea decimonónica de soberanía nacional y menos aún la de que hay naciones indisolubles e identidades nacionales que son la exclusiva llave de acceso a derechos fundamentales que nos corresponden a todos como personas, antes que como vascos, catalanes, españoles, franceses o alemanes.

Ese es el primer problema del debate catalán en los términos en que se formula hoy en España. Muchos políticos y los medios que replican sus consignas presentan este asunto como un encontronazo entre respetables y extravagantes, demócratas y golpistas, gente de bien y ciudadanos sin criterio propio manipulados por elites enloquecidas. Así nos presentan identidades nacionales buenas, legítimas, nacionalismos que las expresan y reivindican que son constitucionales, respetables y patrióticos: los españoles. Frente a ellos vociferan, patalean, bullen e incomodan identidades malas, perversas como la vasca o la catalana, “prohibibles” por el simple hecho de que alguien dispone del suficiente poder para imponerse al “otro”.

¿Ciudadanos libres e iguales? No. Justo lo contrario. Esa es la lógica del significativo “a por ellos” que despedía esta semana en Huelva al contingente de Guardias Civiles que al emprender viaje hacia Cataluña parecía embarcarse en una peligrosa misión bélica. Como les ocurre a los ateos con sus blasfemias el fondo de la ofensa, la proclamación de un “ellos” diferente al “nosotros” y además legalmente apaleables, no puede incorporar un reconocimiento más absoluto de la realidad que se niega.

RECONOCER REALIDADES. SUPERAR EL “PECADO ORIGINAL” DE LA CONSTITUCIÓN DEL 78

Y es que el principal problema de todo este sainete está en las realidades que se niegan. Si analizamos el Estado Español como realidad nacional creo que convendremos que no cumple, ni de lejos, las dos condiciones básicas que un pensador nada sospechoso como Jürgen Habermas explicita para reconocer una nación legítimamente constituida. El pensador alemán requiere para ello un demos compartido y una institucionalización democrática de esa pulsión identitaria. En España no existe la primera condición desde hace siglos. El origen de la reivindicación de otras identidades nacionales en su territorio es fruto de acciones bélicas y actuaciones políticas unilaterales que entre los siglos XVII a XIX alteraron sustancial y unilateralmente el “statu quo” que regulaba la convivencia entre soberanías e identidades nacionales indudablemente preexistentes.

Este problema no pudo superarse durante el turbulento siglo XX aunque la mejor oportunidad se presentó durante la redacción de la Constitución de 1978, cuyo modelo territorial se vio condicionado por las reconocidas e insuperables presiones que el poder militar de la época ejerció sobre los constituyentes. Un buen ejercicio de sinceridad sería admitir hoy las limitaciones con que se abordó este proceso ayer, constatar que ahora no existen, asumir que en el mundo global la idea de estado nación ha cambiado radicalmente y obrar en consecuencia. De hecho tratar de colocarse a la cabeza de otra forma de concebir una nación en este siglo sería una gran aportación para consolidar el federalismo que tenemos que estimular si de verdad nos creemos la idea de Europa.

Justo en las antípodas de esa aportación se sitúa el empeño en santificar la Constitución del 78 y su definición antigua de una España que no soporta un mínimo contraste con la realidad de entonces y menos aún con la de hoy. Puedo admitir que nada más fue posible y que lo que se consiguió fue tal avance sobre lo que había que pudo darse temporalmente por bueno.  Pero urge hoy reconocer aquel “pecado original” y tratar de resolver los asuntos que quedaron pendientes: el reconocimiento del carácter plurinacional del estado, la redefinición de España como unión de naciones más que como nación unida y la consecuente expresión de adhesión voluntaria de las partes que quieran formarla. Las soluciones están inventadas, se han aplicado en la Unión Europea en este siglo por ejemplo en Escocia. De hecho son la base fundamental del proyecto de Unión Europea.

UNION FRENTE A UNIDAD

Por si no han caído en el matiz, hoy formamos parte de la “Unión” Europea. Se llama así y no “Unidad Europea” porque la suma que puede convertirnos en un agente relevante en el mundo global solo es posible sobre la base de la libre adhesión de quienes la componen. Ni se imagina una “unidad indisoluble” de la patria europea. Sumar en ese empeño, común, federal, voluntario, ha transformado la misma idea de estado. Por eso mismo problemas como el catalán no son asuntos internos de un Estado Miembro. Apelan a toda la Unión y su cimiento fundamental. Mal podrán aportar a este proyecto quienes no sean capaces de captar la adhesión de la diversidad que contienen en su interior.

Este principio es el que hace tan flexibles los Tratados de la Unión y el que permite, poner el ordenamiento al servicio de los problemas a resolver y no al revés. Una interpretación “a la española” de la inmutabilidad de las leyes hubiese hecho imposible la unificación y la integración automática de los alemanes del Este en la Unión. Tampoco se hubiese aprobado el programa Peace con el que se apoyó política y económicamente el proceso de paz de Irlanda del Norte, algo que demostró una vez más que un problema “regional” británico era, realmente, un asunto europeo. Más recientemente tampoco hubiese sido posible aprobar los reglamentos y directivas que conforman el “six packet” y el “two packet” que a través de medidas de gobernanza económica y supervisión financiera han puesto las bases para que no se pueda repetir una crisis como la que se desató en 2008. De allí ha salido por ejemplo el Semestre Europeo y los mecanismos de control que obligan a los países intervenidos o con problemas de estabilidad financiera, entre ellos España, a visar sus presupuestos en Bruselas antes de enviarlos a los parlamentos nacionales.

¿CÓMO DESATASCAR LA SITUACIÓN?

No seré yo quien no reconozca que, en efecto, el actual ordenamiento jurídico no cobija las leyes catalanas que están gobernando este proceso. Tampoco puedo dejar de reconocer que el procedimiento parlamentario que permitió aprobarlas no sea manifiestamente mejorable. Las turbulencias aparejadas a estos hechos van a impedir que el referéndum se celebre en unas condiciones que permitan, de acuerdo con los estándares internacionales, considerar válidos sus resultados.

Otra cuestión es que lo que está ocurriendo es uno de los pocos recursos al alcance de las autoridades catalanas para intentar desatascar una situación caracterizada por el inmovilismo y el negacionismo. De hecho es moneda corriente en todos los procedimientos de autodeterminación conocidos que no suelen comenzar con agradables muestras de aprobación por parte del estado que se descompone. El PP lleva una década haciendo denodados esfuerzos por aventar este conflicto recogiendo réditos electorales por ello y confiando en que la capacidad coercitiva del estado disuadiría a las autoridades catalanas de llevar el desafío hasta sus últimas consecuencias. Grave error de análisis que solo acertó en el efecto que esta estrategia produciría en el PSOE: anular cualquier tentación de revisar los gruesos y reconocidos desajustes que presenta la vigente Constitución visto el evidente riesgo de ser crucificado por tibio, por intentar entender las razones de “los otros”.

DIME DE QUE PRESUMES…

Por otra parte para invocar la ley hace falta ser ejemplar. España es el país de la Unión con más procedimientos de infracción abiertos por incumplir normativa comunitaria. En los rankings europeos saca muy malas notas en materia de corrupción y de independencia judicial. Acumula igualmente significativas condenas en el Tribunal de Estrasburgo en cuestiones como la tortura y la política penal. Y es especialista en una “creatividad” jurídica que sería plausible si no fuese porque normalmente produce resoluciones que vulneran derechos fundamentales. La actuación, por ejemplo, contra 700 alcaldes catalanes por presuntos delitos que de producirse ocurrirán en el futuro es insólita en el panorama europeo. Lo mismo cabe predicar de la suspensión de derechos fundamentales como los de manifestación y reunión, cercenados por las autoridades judiciales que se han dedicado igualmente sin respaldo legal alguno a prohibir actos políticos en favor del referéndum del 1 de octubre.

En el ámbito del derecho interno carece igualmente de cobertura legal alguna privar de sus competencias en materia de seguridad a la Generalitat de Cataluña por la vía utilizada para ello, álgo que reitera el incumplimiento reiterado por parte del estado de los Estatutos de autonomía vasco y catalán sin rubor ni coste alguno. Un juez no puede desconocer los contenidos de la vigente ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Estatuto de Autonomía de Cataluña y prescindir de sus delimitaciones competenciales. Mucho menos puede operar al margen de los órganos de coordinación que allí se describen y que han sido posteriormente desarrollados. Lo que se ha hecho solo es posible aplicando el artículo 155 de la Constitución y en tal caso sobra la intervención judicial. Y no se ha hecho, ni se han cumplido los trámites legales que lo permitirían. De hecho, el Gobierno si quiera ha conseguido el apoyo en el Congreso a sus planes un debate lanzado a través de “Ciudadanos” para poder argumentar, en caso necesario, que se contaba con respaldo político para dar cobertura a estas actuaciones. No se consiguió.  Para colmo de males fue el propio Parlamento quién, hace ya meses reprobó tanto al ministro de Justicia del actual gabinete, clave en la actual crisis,  como al actuante  Fiscal General Maza.

Peor es aún la imprudencia y desconocimiento técnico que revelan las “instrucciones” que las nuevas autoridades de orden público de Cataluña, pretenden hacer cumplir a las policías actuantes. Todas ellas se están dictando al margen del principio que guía un proceder policial prudente y democrático: el de la mínima intervención: No generar con las propias actuaciones problemas mucho más graves que los que se pretenden evitar.

Igualmente llamativa resulta la actuación penal contra diputados catalanes por sus actividades estrictamente parlamentarias. En un estado de derecho, en una democracia, ningún juez serio puede marcar la agenda a un legislativo y mucho menos procesar por desobediencia a los diputados por debatir y votar lo que consideren oportuno. Es el sentido primero y único de la inviolabilidad parlamentaria, primera garantía para una división de poderes efectiva. El Constitucional si puede luego anular leyes que, según su criterio vulneren la constitución, pero toda intervención penal contra parlamentarios en el ejercicio de sus funciones será, no hay duda alguna, anulada por el Tribunal de Estrasburgo si antes alguien, a nivel interno no evita semejante bochorno.

 MEDIACION PARA UN DIALOGO EFECTIVO

Por todas estas razones llevamos años defendiendo que estos problemas se canalicen por la vía del diálogo, porque son políticos y requieren soluciones acordadas que son las que animan las leyes justas y útiles. Por eso me pareció digno del máximo elogio y expresión de un extraordinario coraje político, los discursos del lehendakari Urkullu y de Andoni Ortuzar el domingo pasado en el Alderdi Eguna. En un escenario proclive a la pasión hubo propuestas serias, profundas, pensadas y sinceras. Mucho más allá que proclamas y arengas. Justo lo que cabe esperar de políticos responsables que piensan en los problemas a resolver más que en los parabienes que recibir.

En mi caso desde mi responsabilidad como Eurodiputada llevo años impulsado la idea de que este marco de libertades que debe de ser la Unión Europea necesita una legislación vinculante que garantice sus derechos a los 50 millones de europeos que pertenecen a minorías nacionales  y viven al albur del voluntarismo conque las mayorías cumplan las decenas de resoluciones, cartas y otros documentos que  son por el momento, solo declaraciones de intenciones. Por eso llevo años defendiendo el principio de que cuando se enquistan  problemas como el de Cataluña nada mejor que una mediación para quitar emotividad y añadir racionalidad a situaciones que nada aportan a la convivencia. Ahora mismo y con ese mismo objetivo el FUEN acaba de lanzar una campaña para apoyar una iniciativa ciudadana europea que espero arraigue y encuentre en nuestro país el máximo nivel de apoyo.

NO IMPONER NO IMPEDIR

Es tan fácil como comprometerse a no imponer nunca la visión propia a cambio de que no se impida que fluyan y se sometan a la terapia del diálogo de la política en su mejor acepción estos choques de identidades y de intereses. La Unión Europea es un buen ejemplo de lo posible. A principios de la década de los cincuenta plantear, tras una guerra mundial, mancomunar la gestión del carbón y el acero de las grandes potencias europeas recientemente enemigas parecía una quimera. Dio lugar al periodo de paz y progreso más prolongado que se ha vivido en Europa en toda su historia. Ahora estamos construyendo una federación que necesita de una reformulación de los conceptos tradicionales de estado y nación. Una nueva lógica de interrelación en la que primará más la eficacia práctica, las sinergias vinculadas a la especialización inteligente que los límites de las antiguas fronteras y las patrias indivisibles. Mal encaja este empeño con la indisoluble unidad de ninguna patria y mucho menos al margen de la voluntad de una ciudadanía, como la de Euskadi o catalana, que pide, nada más, ni nada menos, que una revisión de las normas que nos ayudan a convivir.

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