LA UNION EUROPEA DEBE UNIRSE AL NO A GAROÑA
Esta semana hemos comenzado el pleno del parlamento europeo recordando a la Comisión Europea, al parlamento y al Consejo que si tienen alguna estima a los acuerdos que adoptan y los tratados que firman deben unirse sin vacilar al no a la reapertura de garoña. Porque el expediente que se ha puesto en marcha para conseguir este objetivo no solo incumple normas internas y protocolos habituales de funcionamiento del Consejo de seguridad Nuclear Español. Es que se opone a contenidos de la directiva sobre seguridad nuclear y al propio tratado de Euratom. Esa ha sido la base del mensaje que he traslado hoy ante el pleno del Parlamento para apoyar los posicionamientos mayoritarios que instituciones y ciudadanía realizan desde hace años en esta misma línea.
Por eso esta noche he desgranado ante los miembros del Parlamento Europeo el catálogo de incumplimientos que acumula el proceso y he concluido que analizándolos objetivamente las instituciones comunitarias tienen tanto obligaciones como argumentos para unirse a las instituciones y la ciudadanía en su no rotundo frente a esta incomprensible decisión.
No soy yo ninguna experta en energía nuclear ni pretendo atribuirme tal condición. Lo que sin embargo he estudiado algo es el marco legal al amparo del cual funcionan estas instalaciones que pretende reducir al mínimo las posibilidades de accidente y extremar las precauciones para que una eventual incidencia no pueda jamás imputarse a la negligencia, la imprevisión o el descuido. Y lógicamente mi argumentación se ha ceñido a ese plano.
Desde esa perspectiva es llamativo que el informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear, sea favorable a la reapertura de esta planta aunque de manera condicionada, nada menos a que se completen unas obras de mejora que son obligatorias. Un oxímoron en toda regla. Si las obras son obligatorias no se puede condicionar la apertura a que se realicen porque esa condición se centra, precisamente en minimizar al máximo los riesgos. Si ello se mezcla con los importes de los que hablamos, la decisión resulta realmente llamativa además de sin precedente alguno en la historia del organismo que la adopta.
Encima el informe reconoce que las mejoras que la central no ha completado son precisamente las obligadas tras la catástrofe de Fukushima que como se recordará fueron determinadas tras los test de estrés a que se sometieron las centrales nucleares europeas tras la catástrofe de la planta japonesa. Aquí cabe recordar que Garoña, además de la central más vieja y pequeña de España es tecnológicamente idéntica a la de Fukushima. Es verdad que no tiene riesgo alguno de sucumbir a un maremoto pero es iguamente cierto que hay riesgos de inundación por otras causas cuya prevención figuraba precisamente en los informes sobre mejora de las condiciones de la central.
El expediente tampoco ha cumplido las obligaciones que, sobre transparencia, establece la directiva sobre Seguridad Nuclear, como denunció aquí el Diputado General de Álava la pasada semana, ante el Observatorio Europeo de Transparencia Nuclear, iniciativa que obligó a no pocos agentes sociales y políticos a moverse en unos casos y hasta contraprogramar en otros para tratar de restar importancia a una iniciativa que dejó huella. De hecho en la reunión se destacó que el de Garoña era el primer caso práctico y real que se explicaba en un contexto dedicado a la teoría técnica y legal que debe aplicarse a los procesos de desmantelamiento de centrales nucleares.
esta falta de transparebcia dsde luego anima la sospecha y la dewsconfianza y, para empezar y de modo incuestionable compromete gravemente la seguridad de la ciudadanía que vive en el área de influencia ante un posible accidente. Prevenirlo requiere datos para realizar hipótesis serias y fiables. Si no hay datos no hay planes serios. La propia Comisión Europea insistió en la necesidad de cumplir estos requisitos de información pública en una respuesta que me remitió cuando las autoridades españolas decidieron declarar reservado todo el expediente sobre esta central.
De hecho el proceso seguido en Garoña ha incumplido los compromisos que adquirió ante Bruselas el propio gobierno español. En un documento, que figura en la información que se remitió a la eurodiputada desde el departamento europeo de Energía y Cambio Climático, las autoridades españolas informaban de los avances realizados en materia de transparencia Nuclear y comunicaban que habían puesto en marcha comites de información a nivel local (página 6) para informar a autoridades locales, ONG-s y ciudadanía, al menos una vez al año, sobre cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear en zonas próximas a este tipo de instalaciones. Nada de ello se ha aplicado en Garoña.
En este intercambio de información y preguntas el ejecutivo comunitario reconoció algo al menos igual de grave y que he destacado también en el pleno. Hacia abajo no se han cumplido las obligaciones. Hacia arriba tampoco. Bruselas no había recibido tampoco los planes de inversión que afectan a la planta, lo que incumple de pleno el tratado de Euratom.
Tras este he concluido destacando que no se pueden acumular más incumplimientos ni más razones para la desconfianza frente a una planta que por su capacidad y condiciones no es necesaria para garantizar el abastecimiento eléctrico. La Unión Europea tiene obligaciones y argumentos para unirse a las instituciones y a la ciudadanía en su no rotundo frente a esta incomprensible decisión.
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