BRUSELAS EXAMINARÁ LA LEGISLACION ESPAÑOLA SOBRE RECONOCIMIENTO DE PENAS Y GARANTIAS PROCESALES

Esta semana hemos recibido una nueva respuesta de la Comisión Europea en torno al intento reiterado de España de desdecirse de sus compromisos ante las autoridades europeas y tratar de evitar que se reconozcan las penas cumplidas por reos de esta nacionalidad en otros estados de la Unión Europea. Por esa vía varios reclusos de ETA que habían ya cumplido sus penas en Francia repiten condena ahora a este lado de la muga por una incorrecta trasposición de la normativa comunitaria. Comenzamos a controlar este asunto desde que, a finales de 2014 se realizó una reforma exprés del código penal para incumplir este acuerdo. Desde entonces los posicionamientos de la Comisión Europea a este respecto han sido siempre contrarios a las posiciones de las autoridades estatales.

 Pero además el tono de Bruselas es, cada vez, más terminante. En esta respuesta las autoridades comunitarias informan de que efectuará un análisis exhaustivo, objetivo y global de las condiciones en las que las autoridades españolas han traspuesto o van a trasponer dos directivas y seis decisiones marco relacionadas con el reconocimiento mutuo de sistemas penales entre Estados Miembros de la Unión Europea y las garantías procesales que corresponden a acusados de delitos. Las autoridades comunitarias advierten que si las normas estatales no se ajustan al derecho de la Unión podrán adoptar “las medidas necesarias” para corregir los problemas que se detecten “incluidos los procedimientos de sanción”.

 El anuncio de la Comisión Europea se produce en respuesta a una nueva pregunta que hicimos a la Comisión Europea tras dos años denunciando que algunas de las reformas legales emprendidas en España para trasponer este paquete legislativo europeo no se ajustan a la normativa comunitaria y que lo mismo cabe predicar de algunos fallos judiciales que las aplican. Estos últimos dibujan inquietantes dudas sobre la independencia del poder judicial en España. En este caso los fallos se producen siempre por exiguas mayorías en las salas que los emiten y pese a que los magistrados que las firman son perfectamente conocedores de que la Comisión Europea considera obligatorio, por ejemplo, reconocer las penas cumplidas en otros estados. Por ello mismo los votos particulares que se oponen a estas sentencias aluden precisamente a la necesidad de comprobar que las reformas efectuadas cumplen las normas comunitarias.

A la vista de estos posicionamientos comunitarios sigo sin entender como los magistrados del Tribunal Supremo que apoyan estas sentencias no obran con una mínima prudencia y utilizan mecanismos como el de la cuestión prejudicial para no tomar decisiones de las que luego tengan que avergonzarse. Hay razones para ello porque la Comisión ha advertido públicamente que el reconocimiento de penas entre estados miembros es obligatorio. Aunque vista la reacción que tuvieron algunos de estos magistrados y algunas autoridades españolas como el ex ministro del interior tras una sentencia europea como la que anuló la doctrina Parot hay que temerse lo peor. Quiero recordar que en aquella sentencia los principios básicos del derecho incumplidos eran tan elementales como que no hay pena sin ley o que no cabe una aplicación retroactiva de las leyes. Ahora estamos ante un caso similar porque es indudable que las sentencias a las que me refiero no cumplen ni de lejos normas comunitarias que cuentan con el visto bueno de las autoridades españolas”.

Esta es ya la tercera advertencia pública de Bruselas a las autoridades españolas en torno a este problema que se inició con la reforma impulsada por el Gobierno del partido popular para incumplir la Directiva Marco que obliga a los estados miembros a reconocer las penas cumplidas por presos de un estado miembro en otro de los países incorporados a la Unión Europea. En esta ocasión la advertencia de la Comisión se hace extensiva también a la trasposición de otras cinco normas comunitarias. Las primeras son dos directivas vinculadas al derecho a la información en los procesos penales y al acceso a la asistencia letrada cuando el proceso penal se produce en un estado distinto al originario del presunto infractor. Además la revisión se extenderá a cuatro decisiones marco vinculadas al reconocimiento de penas y a la consideración de las resoluciones condenatorias entre Estados miembros con motivo de un nuevo proceso penal.

La respuesta de la Comisión es especialmente significativa pues en nuestra pregunta aludíamos expresamente a la posibilidad de que estos problemas en la trasposición de normas europeas y los efectos que están comenzando a causar permitan a las autoridades comunitarias activar el primer paso del marco elaborado por Bruselas para prevenir amenazas sistémicas contra el Estado de Derecho. El primer paso para aplicar este protocolo es la realización de una evaluación exhaustiva y objetiva de la situación, para dar paso después a un diálogo que trate de corregir los problemas antes de iniciar un procedimiento de infracción.

La Comisaria Jourova utiliza esa misma expresión, que figura literalmente en los procedimientos de activación de ese marco para insistir en que la Comisión Europea va a iniciar esta “evaluación objetiva y global” del cumplimiento de las disposiciones Europeas, aunque no se atreve a dar un plazo para concluir este trabajo porque requiere “un detallado trabajo de análisis (de la normativa) y de los procedimientos internos”. En todo caso si la evaluación revela una falta de conformidad con el derecho de la Unión, la Comisión recuerda que “podrá adoptar las medidas necesarias incluidos los procedimientos de infracción si procede”.

La iniciativa que ha dado lugar a esta respuesta está vinculada a otra pregunta planteada el pasado verano en la que se aludía a la reiteración de condenas contra España en el Tribunal de Estrasburgo por algunas notables especificidades que producen en el derecho penal las reformas que deberían haber incorporado estos principios comunitarios. Estas y otras preocupaciones figuran en las enmiendas que hemos presentado en el Parlamento Europeo para incorporar al informe sobre el estado de los Derechos Humanos en la Unión Europea.

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