LAS MEDIDAS UNILATERALES NO ACABARAN CON EL DUMPING EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA

Esta mañana he tomado parte en el congreso que se celebra esta semana en Bilbao organizado por la Confederacion Española de Transporte por Mercancías CETM. El panel en el que he intervenido estaba dedicado a analizar medidas contra el dumping social que está afectando a numerosas empresas de transporte de los estados europeos que pertenecen a la Unión antes de 2004.

El problema se ha generado por la aparición de prácticas para utilizar fraudulentamente las diferencias salariales y sociales existentes entre los países de la Europa occidental y la antigua Europa del este para competir en el mercado del transporte. La actual normativa europea, muy detallada en muchos aspectos, no se interpreta de modo unívoco en todos los estados miembros, no ha conseguido promover algunas herramientas imprescindibles para controlar su cumplimiento y está siendo actualmente sometida a revisión. Mientras, varios estados se han lanzado a elaborar normativas propias como las que exigen por ejemplo en Alemania o Francia, que los conductores que trabajen habitualmente allí tengan que cobrar al menos el salario mínimo establecido por la legislación estatal para el sector. 

He seguido de cerca este tema en mi condición de miembro de la Comisión de Trasporte del Parlamento Europeo y he reiterado en este foro mi convicción de que las medidas unilaterales adoptadas por Alemania, Francia o Bélgica para acabar con el dumping social en el sector del transporte no solo no resolverán los actuales problemas sino que añadirán cargas administrativas, engorrosos procedimientos y multas a las empresas del sector. He considerado por ello urgente que la Comisión Europea presente su propuesta para reformar la actual normativa europea y armonizar el acceso a la profesión y el mercado del transporte en toda la Unión.

Como miembro de la comisión de Transportes he animado a los presentes a trabajar juntos cuando la propuesta de reforma llegue al Parlamento Europeo porque nuestro trabajo es representarles, conectarles con estos procesos de decisión y tratar de mediar entre intereses para construir una posición útil y lo más compartida posible. Asumimos esa responsabilidad y tratamos, cada día, de obrar en consecuencia con la máxima transparencia y cercanía.

Además he desgranado en una intervención que podéis descargaros íntegra desde aquí, hasta una decena de propuestas que deberían guiar una revisión urgente de la normativa que afecta al sector”. Entre ellas se incluyen respuestas a problemas como el control de la reputación de empresas y conductores, las discriminaciones en el cobro de peajes por razón de matriculación del vehículo, las condiciones particulares estado a estado para el acceso a la profesión o la retribución de los conductores, o la puesta en marcha de un Registro Europeo de Empresas de Transporte y una Agencia Europea de Transporte por Carretera para evitar una re-fragmentación del mercado.

Para justificar esta batería de medidas y su urgencia tengo que recordar que los problemas a resolver afectan a las condiciones de empleo de decenas de miles de profesionales y millares de empresas cuyas actividades son imprescindibles para la competitividad de la economía europea. Además para mejorar las condiciones de empleo en un sector en el que la precariedad, las dificultades de conciliación y las condiciones materiales en que se ejerce el empleo no alientan las vocaciones profesionales.

El tiempo que se están tomando las autoridades comunitarias para resolver este problema debe conducir a una solución que beneficie a las principales víctimas del dumping social especialmente las empresas de la Europa occidental que no recurren a prácticas fraudulentas y en general los conductores profesionales que están viendo degradarse progresivamente sus condiciones de empleo.

Como siempre que hablamos de tareas pendientes para la comisión europea hay que apelar igualmente a los estados miembros que tienen, en este asunto, otra demostración de los beneficios que aportan las soluciones comunitarias al funcionamiento del verdadero mercado del transporte en la Unión. Las soluciones particulares solo añaden fragmentación. Tan negativo es que proliferen estas soluciones estado a estado como bloquear cuestiones tan elementales como el ERRU (registro europeo de empresas de transporte) que por razones que no alcanzo a entender sigue sin ponerse en marcha pese a que debía funcionar desde 2012.

También me ha parecido importante recordar asunto a los estados. Esta modificación de la normativa sobre transporte debe producirse en paralelo con el cumplimiento de las previsiones de inversión en infraestructuras que se diseñó en las Redes Tras Europeas de Transporte. Estas infraestructuras son críticas tanto para reducir la saturación como para desplegar las tecnologías que requiere la puesta en marcha de un sistema inteligente y global de movilidad intermodal a nivel europeo.

Es muy importante recordar además que la actual situación del mercado del transporte por carretera está debilitando a los operadores en un momento en el que el sector aborda otra gran transformación: su integración en un modelo europeo de movilidad de personas y mercancías destinado a sumar modos de transporte en vez de hacerlos competir entre sí. Este es el primer procedimiento para optimizar las ventajas que cada uno de ellos ofrece a los usuarios, a la calidad del servicio en términos de velocidad, accesibilidad, control y eficiencia y a objetivos globales como la lucha contra el cambio climático. Por eso necesitamos la reforma ya. Tenemos que liberar todas las capacidades y potencias del sector a esa transformación ralentizada ahora por problemas cotidianos que entorpecen este proceso de reflexión y cambio.

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