EL DUMPING EN EL TRANSPORTE NECESITA UNA NORMA EUROPEA

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El Parlamento Europeo ha desarrollado esta tarde un debate sobre la aplicación de las normas francesa y alemana en torno al salario mínimo en el sector del transporte que está relacionada con las prácticas de dumping social que se viven en este sector mediante la deslocalización de empresas o la contratación masiva de profesionales en los antiguos países del este de Europa con costes laborales mucho menores que los de otros estados miembros. La movilidad de los trabajadores en el sector propicia que dichos empleados puedan operar masivamente en mercados de otros estados miembros afectando a la libre competencia.

En su día la Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción a ambos países para evaluar si a norma francesa es acorde con la normativa comunitaria. Por eso he pedido hoy a la Comisaria que además de resolver rápidamente esta investigación hable con las autoridades francesas para pedirles que no apliquen la norma hasta que no haya una decisión al respecto.

Durante esta legislatura he planteado varias iniciativas para incorporar este problema en la reforma de la directiva sobre movilidad de los trabajadores en Europa o promover una normativa sectorial específica para combatir la comentada competencia desleal. Esta tarde he insistido en esta idea porque el problema del dumping social que afecta al sector del transporte por carretera en la Unión no va a resolverse con medidas estado a estado. Necesita una solución inmediata y europea. Por eso celebramos que se haya abierto un procedimiento de infracción contra las normas alemana y francesa sobre salario mínimo de los transportistas que por unilaterales y por los costes burocráticos y complicaciones que comportan van a empeorar la situación de las empresas.

De hecho las normas francesa y alemana casi calcan las exigencias que plantean a los conductores siempre que sean asalariados. Ambos países han elaborado normas que obligan a los trabajadores del transporte a llevar en el camión documentación en francés y alemán para acreditar que cobran el salario mínimo estipulado para el sector en sus respectivas legislaciones laborales. Igualmente los trabajadores están obligados a tener un representante legal en ambos países. La norma no se aplicará por el momento a los autónomos.

Sinceramente creo que, si bien desde una perspectiva legal no hay obstáculos, desde el pragmatismo el procedimiento de infracción es incompatible con la decisión, adoptada por las autoridades francesas, de comenzar a controlar el cumplimiento de su norma desde el 1 de julio aunque en esta primera etapa no vaya a aplicar las sanciones.

Las molestias y pérdidas de tiempo en esta primera fase de “concienciación” como llaman los franceses a la orden que han dado a la gendarmería al respecto, las van a pagar trabajadores y empresas. Cuando se produzcan sanciones no quiero pensar que puede ocurrir si finalmente, como parece, hay que anular la norma por ser incompatible con el marco comunitario. Por eso pedimos rapidez en la elaboración de una legislación europea específica sobre la movilidad de los trabajadores de transporte y la suspensión de los controles en Francia hasta que se aclare si esta norma es acorde con la legislación comunitaria.

Por su parte la Comisión Europea ha coincidido en el debate a través de la Comisaria Bulc que no hay solución unilateral que valga para esta crisis. En 2017 parece que se van a concluir las reformas legales que deben ordenar la puesta en marcha de un salariomínimo a nivel de toda la UE. Igualmente se ha intentado un arreglo amistoso con los estados que han tomado estas iniciativas que, al fracasar, acaban en los tribunales europeos.

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