CONTRA EL TRABAJO NO DECLARADO Y LA ECONOMIA SUMERGIDA
Hoy hemos abordado otro asunto de calado en el Parlamento Europeo, de esos que rozan con acontecimientos, con hechos, con costumbres y con abusos que son familiares para muchos de nosotros en lo cotidiano. Todos conocemos a alguien que trabaja sin contrato, que está haciendo méritos para acceder a unos derechos que le corresponden. Pero también nos hemos encontrado con el típico “profesional” que nos sugiere si queremos pagar un servicio o un bien “con factura o sin factura”. Son los comportamientos que alimentan lo que llamamos “economía sumergida”. Su expresión más dramática es el trabajo sin declarar, clandestino, sin contrato, sin derechos, sin seguridad social.
Ese era el tema del debate de hoy: propiciar la creación de una plataforma europea destinada a perseguir y desincentivar el trabajo no declarado. La plataforma estará compuesta por representantes de todos los Estados miembros, más un máximo de cuatro personas designadas por los agentes sociales -la mitad en representación de los trabajadores y la otra mitad de los empresarios (sin derecho a voto)-, y la Comisión. Los representantes de patronal y sindicatos, Eurofound, la Agencia europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo (EU-OSHA) la Organización Internacional del Trabajo, así como los países del Espacio Económico Europeo serán observadores permanentes. El organismo se reunirá al menos dos veces al año y se crearán grupos de trabajo para tratar formas específicas de empleo no declarado. Para su funcionamiento serán necesarios en torno a 2,1 millones de euros anuales, que saldrán del capítulo Progress del Programa europeo para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).
Regularizar el trabajo no declarado es de justicia para mejorar la situación de los trabajadores clandestinos, sin derechos, precarios, víctimas de todo tipo de abusos. Pero además es imprescindible para combatir el deterioro de los servicios públicos. Eurostat ha demostrado que a más economía sumergida más recortes. Por eso me alegro de este enfoque integrado, de abrir el control a la participación regional, de vigilar especialmente el caso de las mujeres, nuevamente castigadas por la desigualdad en este tema y que haya sanciones y se persiga de manera transfronteriza a los patronos que se lucran explotando a sus convecinos de esta manera.
Pero además he insistido en otra línea de trabajo. Que hagamos mucho hincapié en las sanciones no debe hacernos olvidar que necesitamos medidas fiscales y de todo orden que conviertan el empleo clandestino en un mal negocio y traten a quién lo ofrece como lo que es: un pirata que trafica con la necesidad de sus conciudadanos y ataca nuestro modelo social.
Estas prácticas, además de negar los derechos laborales elementales afectan directamente a la financiación de los sistemas de seguridad social. Según cifras de Eurofound, el tamaño de la economía sumergida ronda el 18% del PIB de la UE, con oscilaciones desde el 8% en Austria al 30% en Bulgaria. La mayor incidencia se da en el sector de la construcción, pero también en los servicios domésticos, la seguridad privada, la limpieza industrial, la agricultura y la hostelería. Otro trabajo concluido a finales del pasado año elaborado por la consultora Randstat destacaba que en España, uno de los estados con mayor desempleo de la Unión Europea y con mayores problemas de financiación de su sistema de seguridad social, puede haber cuatro millones de empleos no declarados. Otra encuesta a nivel europeo elaborada por Eurostat destaca que la dificultad para encontrar un trabajo “legal” empuja a aceptar empleos sumergidos a quienes se encuentran en esta situación.
Os dejo por aquí las enmiendas que realicé para completar las aportaciones que realizó la Comisión de Igualdad y Mujer (FEM) a este informe. Creo que se ha reconocido que este problema castiga especialmente a las mujeres y que se requiere una especial sensibilidad con ellas y algunos de los sectores y situaciones a los que tradicionalmente les condena la desigualdad”.
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