DENUNCIAMOS EN BRUSELAS EL OSCURANTISMO SOBRE GAROÑA

Esta semana hemos comenzado aquí en Bruselas prestando atención al oscuro y tortuoso procedimiento con el que el Consejo de Seguridad Nuclear parece querer realizar los trámites que deben realizar la Central Nuclear de Garoña para proceder a su reapertura. Hemos preparado una  iniciativa parlamentaria para denunciar aquí la instrucción emanada de la dirección del CSN para declarar reservados todos los informes vinculados a una eventual reapertura de esta instalación. En esta iniciativa recordamos a Bruselas que la Comisión tiene funciones de inspección sobre la ejecución de las obras que debían resolver en la central nuclear burgalesa las deficiencias encontradas tras la catástrofe de Fukushima y preguntamos al Comisario de energía si el decretado «apagón» informativo afecta a las tareas de control europeo sobre esta instalación.

Creo que el Gobierno Comunitario está obligado a seguir de cerca las maniobras que se están desarrollando en torno a esta central que es del mismo tipo que la de Fukushima, que ha sobrepasado con creces su vida útil, que cuenta con alternativas de producción eléctrica y con una amplia oposición social e institucional por los peligros que entraña mantenerla en funcionamiento. El secretismo que se ha impuesto en torno a esta central es una razón más para la desconfianza y la sospecha.

La iniciativa es fruto del trabajo coordinado entre  el grupo juntero de EAJ-PNV en las Juntas Alavesas, la oficina parlamentaria del Congreso y nuestra ofivcina parlamentaria de Bruselas que seguimos de cerca, junto al actual equipo de gobierno de la Diputación Foral de Álava, los acontecimientos que se producen en torno a la central burgalesa. De momento en Juntas Generales se ha vuelto a pedir el cierre definitivo de la central

En la iniciativa hemos querido subrayar dos decisiones vinculadas entre si y que a su vez afectan a la central de Garoña. La primera es el cambio de mayoría en el órgano de dirección del Consejo de Seguridad Nuclear que fue copado el pasado 16 de octubre por los consejeros nombrados por el PP al cesar al representante de CiU y sustituirlo por otro propuesto por los populares y candidato de ese partido en las elecciones municipales.  La segunda es el acuerdo para clasificar como «confidenciales» todos los informes que elabore el Consejo y que tengan relación con la eventual reapertura de la instalación burgalesa.

Estas medidas producen además cuando el Consejo De Seguridad Nuclear ha dado el visto bueno al informe de impacto ambiental preceptivo para instalar un almacén de residuos nucleares en la zona. Igualmente la opacidad de las decisiones que se adopten sobre Garoña se produce cuando sus responsables deberían estar implementando un plan de acción destinado a corregir las deficiencias que las autoridades comunitarias encontraron en la central tras la catástrofe de Fukushima.  Con motivo de aquel accidente la Comisión Europea coordinó la ejecución de un test de stress para investigar la situación de seguridad las centrales nucleares europeas y tiene el encargo de supervisar los planes de mejora que de él se derivasen. El secretismo que envuelve las decisiones que adopta el CSN sobre Garoña podría afectar a estas tareas de control.

La central Burgalesa salió bastante mal parada en aquel informe pues en el mismo se consideraba que la central no está preparada para soportar terremotos de intensidad media y alta, presenta un riesgo de inundación muy alto en caso de rotura de las presas cercanas y tiene deficiencias en la custodia y protección del combustible gastado en caso de pérdida de los sistemas de refrigeración. También faltaban medidas para reducir las concentraciones de hidrógeno, con riesgo de explosión en la contención del reactor. Finalmente, había deficiencias en los planes de emergencia ante una catástrofe nuclear en la zona. La Comisión nos confirmó en su día que no había recibido ningún plan de inversión con arreglo al artículo 41 del Tratado Euratom relativo a una modificación en la central nuclear de Santa María de Garoña para resolver estos problemas.

Por eso en esta iniciatuiva hemos reiterado nuestra preocupación pues dado el secretismo impuesto por el Consejo no sabemos si, por un lado, la reciente resolución de un informe favorable de impacto ambiental para ubicar en las propias instalaciones de la Central Nuclear un almacén de residuos nucleares y, por otro lado, el informe favorable de la Dirección Técnica del Consejo Seguridad Nuclear sobre la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETFM) de la actualización de las curvas límite de presión y temperatura de la vasija del reactor de la citada central, se corresponden con los epígrafes del plan de acción de la citada central incorporadas a las nuevas Instrucciones Técnicas Complementarias emitidas por el Consejo y que deben ejecutarse como condición previa para una eventual reapertura de la instalación.

Por eso el preguntamos  al Comisario Europeo de la cartera de «Acción por el Clima y Energía», cargo que recae en el ex ministro popular de agricultura Miguel Arias Cañete, si dispone de alguna información sobre el grado de ejecución de este plan de acción. Además nos interesamos por la relación entre dicho plan y las inversiones citadas, recordamos que Bruselas tiene competencias al respecto y que la ejecución de dicho plan es obligatoria si se quiere reabrir la central.

 

Finalmente y vista la transparencia que requieren estas tareas de control  planteamos serias dudas sobre la legalidad del «apagón informativo'» decretado por el Consejo de Seguridad Nuclear, especialmente grave en un momento en el que pueden estar desarrollándose gestiones para reabrir la central. Finalmente y considerando que parte de las deficiencias detectadas en la central burgalesa tienen que ver con el medio físico en que está instalada queremos saber de qué información dispone la Comisión Europea sobre sobre la eventual instalación de un almacén de residuos nucleares en las instalaciones de la central nuclear. Os mantendremos informados sobre la respuesta que debe producirse en un plazo no superior a las próximas seis semanas.

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