CUMPLIR LA LEY, SI. PERO TODOS.
La Comisión Europea considera que «la falta de una plena transposición y aplicación de la Decisión Marco 2008/675/JAI, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea por algunos Estados miembros afecta a la confianza mutua en que se basa el espacio común de justicia penal». Bruselas manifiesta su voluntad de ayudar a España y otros estados miembros a cumplir esta norma europea y reitera su disposición a abrir procesos de infracción en caso de persistir los incumplimientos. Así lo segura la comisaria Vera Jourova en respuesta a una pregunta sobre este tema que le formulé el pasado mes de septiembre.
Este nuevo «tirón de orejas» a las autoridades españlolas por su flagrante incumplimiento de las leyes comunitarias en materia de justicia penal se produce en un momento especialmente crítico. Los intrumentos de cooperación en este campo son fundamentales para afrontar la amenaza del terrorismo internacional desde la necesaria coordinación. Su funcionamiento se basa en la mutua confianza y reconocimiento entre los sistemas penales de los estados miembros. El propio gobierno europeo en su Agenda Europea de Seguridad de 28 de abril de 2015, recordó la importancia de estos instrumentos para luchar contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo, reafirmando que su plena y correcta transposición es una prioridad. Si hay algún momento en el que no se puede poner en peligro esta coperación y perjudicar la confianza entre estados miembros en esta materia es hoy.
Es además la cuarta vez que el ejecutivo comunitario advierte a España que la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la legislación europea sobre reconocimiento de penas cumplidas en otros estados miembros vulnera la normativa comunitaria. En esta ocasión además la Comisaria de Justicia Vera Jourova asegura textualmente que «comparte plenamente la opinión de que la falta de una plena transposición y aplicación de la Decisión Marco 2008/675/JAI, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, por algunos Estados miembros afecta a la confianza mutua en que se basa el espacio común de justicia penal».
La serie de advertencias comenzó después de que el Gobierno del Partido popular decidiese tramitar en el Senado una reforma del código penal para tratar de construir un instrumento jurídico sobre el que apoyar el incumplimiento de esta decisión marco. Una exigua mayoría del tribunal Supremo, sin atender las peticiones de los magistrados discrepantes que aconsejaban elevar una consulta a las autoridades europeas, aceptó acrtíticamente la doctrina gubernamental y decidió enviar a prisión a varios ex convictos, algunos pertenecientes a la organización terrorista ETA, que habían cumplido ya sus condenas en Francia. Nosotros hemos ido denunciando ante la Comisión cada incumplimiento. Fruto de este trabajo han sido la ya mencionada clarificación de que el reconocimiento de penas es obligatorio y la advertencia de que Bruselas intervendría de consolidarse esta posición
En esta última respuesta, recibida este mismo fin de semana, las afirmaciones de la Comisión Europea responden a una pregunta muy concreta . En mi pregunta le recordaba que estos incumplimientos de leyes comunitarias que ponen en tela de juicio el funcionamiento de otros sistemas penales europeos «comienzan a erosionar la confianza mutua en que se basa la construcción del espacio común europeo de justicia penal». En concreto aludía a los efectos producidos por esta desconfianza tales como las negativas de solicitudes de extradición de personas acusadas de delitos terroristas formuladas por España al Reino Unido o a la retirada de las agendas de algunas cumbres bilaterales sobre terrorismo de cuestiones relacionadas con este tema «porque no se comparte el tratamiento penal de excepción, incompatible con la legislación gala, que se propina en España a penados por delitos de terrorismo».
En su respuesta a estas inquietudes Vera Jourova, comparte totalmente el análisis y recuerda que ya en el informe sobre la aplicación de la citada Decisión Marco, de 2 de junio de 2014, la Comisión instaba a los Estados miembros que todavía no habían hecho a que adoptasen medidas rápidas para aplicar plenamente este instrumento. Antes del 1 de diciembre de 2014, la Comisión no tenía competencia para incoar procedimientos de infracción en esta materia. » Desde entonces, la Comisión ha pedido a los Estados miembros que le notifiquen formalmente la transposición de los actos jurídicos correspondientes al Derecho nacional a más tardar el 15 de mayo de 2015. La Comisión, concluye Jourova, observa que la información sobre las medidas de transposición comunicadas a la Comisión aún es incompleta». En este contexto se produjo la reforma legal promovida por el Gobierno para incumplir esta decisión marco y la sentencia del Tribunal Supremo por exigua mayoría que tampoco las explícitas y concretas advertencias comunitarias. Luego los mismos promotores de estas flagrantes vulneraciones de leyes tan claramente redactadas que no parecen difíciles de interpretar, los mismos que firmaron sus contenidos en el Consejo Europeo, las incumplen. Y a continuación y hablando de otras cuestiones predican, para otros el cumplimiento dela ley, la ley. Toda una muestra del más lamentable de los cinismos.
Jouruva concluye en la pregunta informando que «la Comisión desempeñará un papel proactivo para ayudar a los Estados miembros» a cumplir esta decisión marco. A este respecto, la Comisión anuncia que «en el ámbito de los actos del antiguo tercer pilar, procederá a la elaboración de guías y manuales que puedan servir de ayuda a los Estados miembros en la aplicación práctica sobre el terreno» Además vuelve a advertir de «puede hacer uso de las facultades que le otorga el Tratado para abordar los problemas de incumplimiento o la no comunicación, inclusive, en su caso, mediante procedimientos de infracción».
Esperemos que, de una vez por todas, este tipo de conductas tengan la respuesta que merecen. El tono cada vez más decidido de la Comisión Europea cuando juzga esta cuestión hace prever que esta vez la cosa va en serio.
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