BRUSELAS DISPUESTA A SANCIONAR A QUIENES NO RECONOZCAN LAS PENAS CUMPLIDAS EN OTROS ESTADOS DE LA UE

Es la tercera vez que la Comision insiste en que este reconocimiento es obligatorio. En esta respuesta la principal novedad es que Bruselas, anuncia ya su disposición a abrir procedimientos sancionadores en caso necesario. Es decir si los estados incumplidores siguen, como España haciendo oídos sordos a sus observaciones.

En esta respuesta la Comisión Europea denuncia que la documentación que ha requerido a los estados sobre la transposición de esta norma no esta completa. Además considera una prioridad poner en marcha éste y otros aspectos de la construcción de un espacio único de libertad y seguridad (antiguo tercer pilar de la unión) por su importancia para combatir el terrorismo y otros fenómenos delictivos transfronterizos.

Bruselas se ofrece también a ayudar a los estados a implementar estas medidas mediante guías de aplicación y otros mecanismos. Pero el ejecutivo comunitario, por primera vez afirma que en caso de que persistan los incumplimientos, como en el que incurre España con el no reconocimiento de penas cumplidas en otros estados, la Comisión esta dispuesta a abrir procedimientos de sanción de acuerdo con las competencias que le atribuyen los tratados.

Esta respuesta profundiza en otras dos que, también a preguntas nuestras, aclararon que el reconocimiento de penas es obligatorio, que las decisiones adoptadas por los tribunales españoles al respecto no son acordes al derecho comunitario y que la Comision tomará medidas para corregir esta situación. Hicimos las preguntas cuando el gobierno impulso en el senado una reforma del código penal para tratar de eludir el cumplimiento de esta decisión marco y cuando la mayoría del Tribunal Supremo que fallo sobre este asunto decidió, por una mayoría muy ajustada, no aplicar una norma como ésta, de obligado cumplimiento.

Ante esta reiteración de avisos y pronunciamientos por parte de las autoridades comunitarias esta mañana he subrayado que este trabajo de control, es una aportación más de EAJ-PNV al proceso de paz y normalización. Condenamos y rechazamos radicalmente la violencia, exigimos a ETA que reconozca el daño injustamente causado y proceda a un desarme rápido y ordenado. Frente a los enemigos de la democracia la respuesta es la democracia. Por eso defendemos todos los derechos, empezando por el derecho a la vida, los que corresponden a las víctimas pero además los de las personas privadas de libertad. Esta batería de iniciativas en Europa que han dado lugar a este pronunciamiento de Bruselas es una aportación más a la normalización, plenamente coherente con otras actuaciones y trabajos realizados en el Parlamento Europeo como nuestra aportación a la directiva sobre derechos de las víctimas.

Quiero destacar además que este es un trabajo realizado en coordinación con las oficinas parlamentarias de EAJ en Bruselas y Madrid y que continuará con actuaciones en las Cortes en el escaso plazo que queda para que se disuelvan y con un control por nuestra parte de las actuaciones que despliegue la Comision para corregir este problema.

He querido además hacer un llamamiento a las autoridades españolas, incluidas las judiciales a cumplir la legislación comunitaria. El tribunal supremo decidió no acatarla después de que se conociese que la Comisión Europea considera obligatorio reconocer las penas cumplidas en otros países. No tomaron la precaución elemental, visto el número y contenido de los votos particulares, de evacuar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión.

El Tribunal Supremo ya vio como el Tribunal de Estrasburgo anulaba la llamada doctrina Parot sobre cuya ilegalidad existía la misma certeza, lo que no ha contribuido precisamente al prestigio de ése órgano judicial en Europa. Estamos ante un caso similar en cuanto al grado de arbitrariedad de las decisiones adoptadas y el escaso respeto a normas en vigor y derecho fundamentales.

Este no es un asunto exclusivamente judicial. Una vez más “la mano que mece la cuna” se adivina con claridad. El gobierno español es también responsable por impulsar y aprobar gracias a su mayoría absoluta una verdadera chapuza jurídica como la que tramitó en el Senado para tratar de eludir sus obligaciones hacia las instituciones comunitarias. Ello demuestra escaso poso democrático y un europeismo de muy dudosa solidez. Esperemos que estos pronunciamientos comunitarios tengan para el gobierno y sus portavoces el mismo valor e importancia que dan a otros en los que no se invocan artículos de los tratados ni disposiciones concretas porque no existen. En este caso hay normas concretas, artículos conocidos e interpretaciones clarísimas de que España no está cumpliendo las leyes comunitarias.

Tags: política penitenciaria, reconocimiento de penas, sanciones europeas, vera Jourova

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