UN TOQUE DE ATENCIÓN PARA BRUSELAS. MIRARSE PARA ADENTRO
Hoy hemos comenzado el pleno mensual del Parlamento Europeo en Estrasburgo con un debate sobre el estado de los derechos humanos en Europa. El miércoles tenemos un debate específico sobre el problema de los refugiados y la inmigración que está lógicamente presente en este documento. Este informe bianual sobre Derechos Humanos en Europa es especialmente interesante porque anima a la Comisión para que adopte un papel más activo y objetivo en la defensa de los mismos dentro de la Unión. Me parece que ya es hora de que al menos se apliquen los mecanismos ya existentes para hacerlo y creo que denuncias reiteradas sobre vulneraciones sistemáticas como las planteadas sobre España en los últimos años, merecen, como defiende este informe, una evaluación objetiva y transparente, y deberían dar lugar a una activación automática de mecanismos de corrección.
En líneas generales este informe apuesta por que la Comisión Europea adopte un papel más activo en defensa de los derechos fundamentales en el seno de la Unión Europea. La necesidad de acuerdos unánimes en el consejo para abrir procesos de infracción por este tipo de problemas; una aplicación timorata de las previsiones de varios artículos de los tratados que permiten sancionar a los estados incumplidores y la igualmente tímida utilización de los procedimientos establecidos en el marco para la defensa de los derechos humanos aprobado por la Comisión Europea en 2014 son razones que se apuntan en el informe para explicar las escasísimas ocasiones en que el gobierno comunitario ha intervenido en este campo.
Durante el debate he recordado que Los principios de la carta Europea de Derechos Fundamentales son prepolíticos mientras que el principio de subsidiariedad, una de las grandes excusas utilizadas para no intervenir no. La credibilidad en esta materia se gana con hechos, no con palabras. La restricción de derechos y libertades básicas como los de manifestación y reunión; la acumulación de condenas por no investigar torturas; la negativa a seguir las recomendaciones de la ONU para ofrecer justicia y reparación a miles de víctimas de una dictadura; el no reconocimiento de penas cumplidas en otros países por puras razones de oportunidad electoral, con el acompañamiento de jueces sumisos que incumplen claramente legislación europea, son parte de las muchas denuncias que hemos traído aquí sobre el deterioro sistemático de las libertades en España. Merecen, como defiende este informe, una evaluación objetiva y transparente, y deberían dar lugar a una activación automática de mecanismos de corrección.
El Parlamento Europeo apuesta este año en su informe por superar esta inacción, que critica con dureza y apunta incluso la necesidad de reformar los tratados para favorecer un papel más activo del gobierno comunitario en la vigilancia de la calidad democrática de los socios de la unión. Igualmente y a propuesta del intergrupo de minorías y mediante enmiendas igualmente firmadas por nosotros propugna que se exija a los estados miembros lo mismo que a los nuevos socios, extremo que no ocurre, por ejemplo en materia de respeto a los derechos lingüísticos de las minorías. En este campo se da la paradoja de que hay estados miembros como Francia que no suscriben la carta de lenguas regionales y minorizadas cuyo respeto se exige a los nuevos miembros.
El documento incorpora diversas aportaciones nuestras que apuestan por este mecanismo automático e inciden en cuestiones como el cumplimiento de decisiones marco como la del reconocimiento de penas, el respeto de los derechos de las minorías, los derechos de inmigrantes o refugiados o la memoria histórica. Igualmente el documento incluye en su integridad una enmienda nuestra que solicita un código europeo de lucha contra la corrupción, un sistema de indicadores europeo para medir la penetración de este problema en los distintos países y los progresos realizados para erradicarla.
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