ES GAL DALO, ES UN ES GAL DALO…ES …EL GAL.

Tengo que decir que hace ya bastante tiempo, concretamente desde que el Tribunal Supremo revocó dos veces las sentencias absolutorias recaídas sobre la mesa del Parlamento Vasco para acabar auto dándose la razón, que no entiendo algunas decisiones de los tribunales españoles. Soy licenciada en derecho y algo sé de leyes. Desde esa perspectiva técnica algunas de las innovaciones jurídicas que suelen nacer casi siempre en los mismos tribunales, las mismas personas y sobre las mismas cuestiones no las entiendo. Habrá que volver a la facultad.

El problema es que muchos de los colegas con los que comento estas cuestiones alcanzan el mismo estado de perplejidad. Tanto que en determinados asuntos siguen consultando jurisprudencia y preparando sus casos con el máximo cariño, pero, sobre todo, miran la composición del tribunal. Si en el mismo aparece alguna de las figuras señeras de la innovación jurídica, se echan a temblar. Porque saben que volverán a enfrentarse a novedades que casualmente sirven para que las voluntades o instrucciones del ministro del interior o el portavoz autorizado del partido del gobierno aparezcan en la sentencia, auto o diligencia correspondiente. Por mucho que para hacerlo haya directamente, como en el último caso ignorar lo que pone en decisiones marco europeas, saltarse a la torera el principio de retroactividad de la ley o inventarse directamente argumentos para que una doctrina que podía aplicarse sin duda a un banquero amigo no pudiese servir para un presidente de parlamento por cumplir la ley que debe respetar con más escrúpulo, el reglamento de la cámara.

Eso mismo sentí ayer al leer que la Audiencia Nacional, en otra alucinante pirueta jurídica, volvía a sorprendernos. La cuestión es que una sala de lo contencioso administrativo del citado órgano judicial ha decidido no pagar a determinadas víctimas de los GAL las indemnizaciones que les corresponden como víctimas del terrorismo. Dicen que hay indicios racionales para suponer que las víctimas o los solicitantes pertenecen a ETA. Ignoran así que para negar las indemnizaciones eso no puede suponerse. Debe estar acreditado, figurar en los hechos probados de una sentencia y generar una condena.

Por eso esta misma mañana he denunciado en una iniciativa dirigida a la Comisión Europea que la Audiencia Nacional española ha incumplido la legislación comunitaria sobre derechos de las víctimas de delitos al negar indemnizaciones a varias víctimas de los GAL. Además de solicitar a Bruselas una opinión al respecto, me parece razonable que Eurojust, un órgano creado para mejorar la coordinación judicial en la lucha contra la delincuencia organizada analice el caso vista la repercusión que esta decisión tiene en el proceso de paz del País Vasco y visto, por supuesto que tiene que ver con el tratamiento penal que se da a algunas de estas organizaciones criminales. Casualmente las víctimas en este caso y para vergüenza del estado que cayó en el error, fueron asesinadas por una organización que, esta sí según sentencia judicial, fue financiada y organizada como trama delictiva para luchar ilegalmente contra el terrorismo de ETA por altos cargos del ministerio del Interior.

La decisión vuelve a piner de actualidad a la justicia española con un asunto que desde un punto de vista jurídico es  incomprensible y desde la perspectiva de la justicia vergonzoso porque el sentido común y los principios de verdad justicia y reparación deben presidir el trabajo a favor de las víctimas de todos los delitos y particularmente de los cometidos por organizaciones terroristas. Una vez más esta decisión  inexplicable estoy segura que  será  corregida por los tribunales europeos. Pero mientras tanto las víctimas sufrirán una doble victimización, por no reconocerles sus derechos y por acusarles sin sentencia alguna de ser unos delincuentes. Espero que ante  una vulneración tan clara de la legislación comunitaria, la Comisión Europea se manifieste claramente a favor de las víctimas.

Cualquiera que repase el Convenio Europeo sobre Indemnizaciones a las Víctimas de Delitos y las directivas surgidas del mismo sabe que la aplicación de las mismas no debe dar lugar a discriminación alguna entre ciudadanos de la unión que se encuentran en similares circunstancias. Es público y notorio que la decisión de la Audiencia Nacional incurre en esta discriminación. Además directamente incumple un criterio que las normas europeas exigen para denegar las indemnizaciones: que las víctimas de los delitos o los solicitantes tengan reconocida en sentencia judicial su condición de miembros de alguna organización criminal. Claramente no es el caso. Además y sobre la base de la directiva 2004/80 de indemnizaciones a víctimas en situaciones transfronterizas se han producido ya pagos a personas en similares circunstancias, generando una discriminación prohibida en los tratados.

Me ha dado pena no escuchar en este caso alguna muestra de solidaridad más contundente desde determinados ámbitos habitualmente sensibles a los problemas de las víctimas del terrorismo. Porque los afectados lo son. Porque no están condenados por ningún delito y porque en su caso se produce el agravante de que el GAL es terrorismo de estado.

Por eso mediante esta iniciativa quiero saber si la conducta descrita cumple los contenidos del convenio y la directiva citada y los principios de no discriminación presentes en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Espero que no se me diga que esta no es normativa europea. Además me intereso sobre la adopción de posibles medidas destinadas a evitar la discriminación entre ciudadanos españoles y franceses a los que las mismas situaciones, aplicando las mismas normas europeas, ha producido efectos diferentes. Finalmente quiero saber si esta discrepancia en la aplicación de legislación europea en dos estados miembros, merece una reflexión en Eurojust. Os iré contando.

 

Tags: Audiencia nacional, Caso Atutxa, Doctrina parot, Gal, indeminzaciones, víctimas del terrorismo

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