LA MARCA ESPAÑA Y SU VETA CAÑÍ
Eso es. Ismael Moreno estaba entonces de vacaciones, igual que la fiscalía general del estado y el código penal. Si el poeta cubano José Martí, un punto iconoclasta y con más gracejo, escribiese esta valoración de urgencia hubiese mencionado entre los ociosos a los generales Prim y Topete, a Canovas, a Castelar y todo el peninsular que desfilaba en su poco conocida “cagantina”. De lo contrario no puede explicarse que el 19 de marzo de 1999 en plena tregua de ETA tras el llamado Pacto de Lizarra, no moviesen un dedo. De aplicar los esperpénticos criterios que utilizaron ayer debieran haberlo hecho. Deberían haber llamado a declarar a Ricardo Martí Fluxa, Javier Zarzalejos y Pedro Arriola. Porque aquel día en Velvey, cerca de Zurich nada menos que el secretario de estado de seguridad del gobierno de España (sustituyendo al que quería ir que según el propio Aznar era Mayor Oreja), el factotum de Aznar en la presidencia del gobierno y el perejil de todas las salsas del PP se entrevistaron allí con la dirección de ETA. La lectura de las actas de aquella reunión certifica muchas cosas. Por ceñirnos a alguna, una que los nacionalistas vascos sabemos hace muchos años: que no todos somos iguales ante la ley. Cañí, cañí.
En el día de hoy tras el esperpento de la Audiencia Nacional está claro que no les llamaron a declarar porque algunos tribunales hacen lo que les dice el gobierno que hagan. De otro modo no se entiende como ante hechos objetivos de similar o más grave enjundia en un caso se monte el follón que hemos vivido esta mañana y en otros aparezca el retrato con todos los detalles en las biografías de un expresidente del gobierno sin que se conozcan aún iniciativas judiciales de ningún tipo para “investigar” tamaño desafuero. Si hay que cree al Gobierno de Aznar, hasta la detención de alguno de los mediadores se produjo de forma casual y no tuvo que ver con información obtenida en los encuentros. El obispo Uriarte, mediador entonces solicitó esta elemental garantía para proteger las conversaciones.
La persona más próxima al presidente Aznar participante en aquellos encuentros, que entendía que comenzaba entonces una negociación para el final de ETA asumía, daba por supuesto y practicaba una máxima básica para que este tipo de historias salgan bien: “Esto debe mantenerse al margen de contaminaciones policiales. Los únicos interlocutores somos nosotros”, Eso les dijo Javier Zarzalejos a sus interlocutores y así aparece en las actas que levantaron de esas reuniones los miembros de ETA que asistieron a las mismas. Actas en las que aparecen “acuerdos” que dieron origen por ejemplo a movimientos de presos. Actas que suelen ser veraces para imputar al nacionalismo vasco connivencias con ETA pero que mienten y exageran cuando cuentan que los negociadores españoles no pidieron a ETA, si quiera, que dejase de ser una organización terrorista y tampoco que renunciasen al independetismo. Por si alguien no lo recuerda, al otro lado de la mesa se sentaban, nada menos que Mikel Albizu “Antza”, Belén González Peñalva y Vicente Goikoetxea “Willy”, representando a una ETA que había suspendido temporalmente sus actividades criminales. En el caso que nos ocupa eran dos desconocidos encapuchados de una organización que ha abandonado sus actividades terroristas hace ya dos años y se encuentra buscando las vías posibles para digerir su fracaso y reconocer que el dolor que causó jamás tuvo sentido.
No hacen falta más hechos para demostrar cómo funcionan algunas cosas en un país en el que han sido capaces de procesar al lehendakari y a miembros de partidos por mantener contactos políticos con ciudadanos en posesión de todos sus derechos. Un país en el que la Doctrina Botín sirve para que un conocido banquero pueda librarse de la cárcel o para que no molesten demasiado a la hija del Rey si las cosas se ponen feas. Porque ya se habla de invocar este artilugio jurídico en el caso de la infanta. Pero esa misma doctrina no sirve siquiera para dar una salida airosa, por decir algo, al desafuero cometido con la mesa del Parlamento que presidía Juan María Atutxa tras un incidente en el que, de haber justicia debería haberse producido al menos una investigación judicial por presunta prevaricación y alguna expulsión de la carrera judicial. Pero eso queda contra quienes se atreven a investigar los crímenes franquistas setenta años después, aunque las víctimas de aquella dictadura sigan sin justicia, verdad, ni reparación malenterradas en cunetas por todo el país.
Por eso no es extraño que esa misma justicia suela recibir tremendos varapalos en los tribunales europeos. Un ejemplo, la sentencia sobre la doctrina Parot: Sin ley no hay pena y la retroactividad no es legal ni democrática. De primero de derecho. Imposible que no lo supieran quienes santificaron con su poder, que no desde el derecho, esta arbitrariedad. Imposible que no escuchasen el clamor de quienes se lo decíamos desde el principio.
Por eso hoy ya curada de espanto me ha parecido necesario pedirle a la Comisión Europea un esfuerzo de coraje y valentía para que entre todos podamos pasar esta página. Nada podrá acusarme de no haberme ocupado mucho, antes y también desde Europa de las víctimas y sus problemas que conozco de cerca y en carne propia. Y precisamente por eso, porque quiero que se acabe cuanto antes esta pesadilla, me ha parecido necesario evitar que el teatro siga entorpeciendo el camino que falta para cerrar de una vez este negro capítulo de la historia de Euskadi. Así es que he preparado y esta misma mañana una pregunta para la Comisión Europea. Y esta semana hablaré con la Comisaria de Interior que me consta que sigue de cerca el proceso vasco y con la que he tenido ocasión de compartir algunas reflexiones sobre el mismo acompañando a nuestro actual lehendakari Iñigo Urkullu
Andoni Ortuzar decía ayer al valorar el ridículo arsenal con que ETA inicia su proceso de desarme que efectivamente el acto, corto pero en la buena dirección, tenía parte de escenificación. Pero a renglón seguido destacaba que las palabras del ministro del interior que justifica que se dispare material antidisturbios contra inmigrantes que se ahogan en el mar, que permite que sus fuerzas policiales practiquen procedimientos de expulsión estrictamente prohibidos por la Convención Europea de los Derechos del Hombre, tenían el mismo grado de teatralización que la mascarada de los encapuchados entregando material. Mientras la ciudadanía celebra el final cierto de ETA y asiste atónita a este tipo de juegos. Quizá sean necesarios para convencer a los propios, no lo discuto. Pero el espectáculo resulta ya un poco cansino.
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