EL PLAN DE SUELO CANTABRO A EXAMEN EN BRUSELAS
El Vicepresidente de la Comisión Europea y titular de la cartera de competencia Joaquín Almunia nos ha confirmado hoy mediante una respuesta a varias preguntas que le hice sobre la gracias a esta polémica famosa oferta de suelo industrial de Cantabria que el Reino de España no ha notificado al ejecutivo comunitario este programa de apoyo a la industria. Esta comunicación es preceptiva para que los servicios comunitarios evalúen si la medida constituye ayuda de estado y se ajusta a los criterios establecidos para concederlas. La investigación que se ha iniciado con una petición formal de información, continuará si la Comisión cree que «la medida es constitutiva de ayuda estatal y si abriga dudas serias en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior.
En su respuesta el Comisario Almunia informa que los servicios de la Comisión conocieron la existencia de este programa a través de nuestra pregunta parlamentaria y gracias a la denuncia que presentó en diciembre pasado la Diputación de Bizkaia que es la que ha propiciado que se abra la investigación. Almunia nos comenta que el 10 de enero de 2014, se solicitó a España que diera respuesta a los argumentos presentados en la denuncia. De ser necesario, se recabarán nuevas explicaciones de España a fin de evaluar si la medida es constitutiva o no de ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFEU. En su respuesta Almunia puntualiza que el resultado de estas investigaciones preliminares determinará el alcance las actuaciones posteriores. a Comisión solo podrá incoar un procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108, apartado 2, del TFUE si llega a la conclusión preliminar de que la medida es constitutiva de ayuda estatal y si abriga dudas serias en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior.
Nosotros, por la tipología y medidas de apoyo que plantea pensamos que e el programa cántabro es de pleno, ayuda de estado y así se detalla tanto en la denuncia de la Diputación de Bizkaia como en la pregunta parlamentaria a la que responde el comisario. La falta de comunicación constituye de suyo una vulneración de la normativa comunitaria. La verdad es que cuando preparábamos la pregunta nos pareció raro no poder encontrar normativa oficial alguna donde consultar esta oferta y no poder obtenerla ni llamando por teléfono a Santander preguntando por ella. No sé si habrá un decreto, una orden u alguna disposición oficial de otro rango soportando este programa, pero al menos yo he sido incapaz de encontrarla.
Tampoco quiero prejuzgar el resultado de la investigación, pero creo que es justo que se haga. Todos debemos estar en las mismas condiciones cuando planteamos planes industriales y de apoyo a la economía real. Gracias a denuncias cántabras o de la Rioja, por ejemplo tenemos ahora el problema con las vacaciones fiscales sobre las que bien estaría decir un par de cosas. La primera es que se nos sanciona por no ser un estado, no por las medidas adoptadas. Francia puso en marcha el mismo programa fiscal en zonas fronterizas con Euskadi en la misma época. Tampoco lo comunicó. No fue sancionada. Euskadi que cuenta con el mismo fiscal y abogado defensor en el tribunal de Luxemburgo (el reino de España), sí.
También creo que la denuncia no fue muy solidaria con la situación que entonces vivía Euskadi, asolada por el terrorismo y la crisis, las dos cosas a la vez. Nosotros pensamos que las vacaciones fiscales supusieron un gran apoyo a muchos empresarios que han mantenido sus empresas en Euskadi frente a la extorsión y las amenazas de ETA. Hoy tenemos menos paro y un tejido industrial sano gracias entre otras cosas a esas medidas. Lo hicimos solos, porque podíamos y porque nadie lo hacía por nosotros. Si no llegamos a hacerlo estaríamos hablando hoy de un programa PEACE para Euskadi con un contenido económico parecido al de Irlanda. Apoyar su reactivación económica y los estragos que produjo la violencia en su economía le ha costado a las instituciones europeas muchos miles de millones de euros, muchos más que la multa de cincuenta millones que quiere imponer a Euskadi por las vacaciones fiscales. Justicia, inteligencia y generosidad deberían bastar para acabar con ese expediente.
Por eso y vista la experiencia no solo el Concierto Económico y nuestros programas industriales deben estar bajo control europeo. Los de los demás, también. Los nuestros, ya se ha visto llevan años sometidos al control de Bruselas precisamente porque comenzaron a implantarse cuando en España se decía que la mejor política industrial es la que no existe. Quizá eso explique los diferenciales de paro que tenemos con otras zonas del estado y la presencia de la industria en nuestro PIB. Compo para no sonreir ante el sarcasmo que supone escuchar por ahí que «algunos no han andado listos haciendo políticas industriales.»
Como se recordará este programa cántabro proponía captar empresas mediante un sistema de arrendamiento financiero de suelo que podría provocar problemas de libre competencia. El programa denominado sI5 pretendía «buscar empresarios», estaba en vigor hasta el 31 de enero de 2014 y ofrecía «cinco años de suelo gratis»; 50 años de derecho de superficie y opción de compra del suelo durante los primeros 15 años. Las empresas que se acojan a este programa podrán establecerse sin pagar nada por el suelo que utilicen los primeros cinco años. A partir del sexto pagarán una anualidad equivalente al 6 % del coste del terreno que ocupen. Las industrias dispondrán desde entonces de once años de plazo para comprar efectivamente la parcela. La oferta incluye financiación de hasta el 70 % de la inversión para gastos de instalación y puesta en marcha del proceso industrial ya acordada con una única entidad financiera.
Como os he comentado la información disponible sobre este programa figuraba en una página web institucional que destaca que las condiciones crediticias se encuentran entre «las más ventajosas del mercado» para este tipo de producto. El programa añade que esta oferta solo está disponible para empresas que cumplan unas determinadas condiciones de inversión y generación de empleo que no se detallan en las ofertas publicadas. Los anuncios tampoco aluden al decreto, orden u normativa autonómica que regula el plan. Por ello preguntábamos si la comisión había recibido información, si disponían de información exacta de las condiciones del programa, el tipo de empresas e inversiones que propicia y las condiciones crediticias arbitradas para ponerlo en marcha y la normativa que las regula y si se iba a abrir una investigación sobre las condiciones de esta oferta. Parece que sí. Lógico.
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