EN EUROPA NO CABE LA ARBITRARIEDAD. VOLVAMOS AL DERECHO.
Hoy esta siendo otro día intenso e interesante. Hemos conseguido, tras más de un mes y medio de gestiones traer al parlamento europeo el asunto de la ilegalización de Sortu y lo hemos hecho poniendo ante los parlamentarios un análisis técnico sobre lo que esto significa desde la perspectiva del respeto de los derechos fundamentales. Por su interés os dejo aquí la rueda de prensa completa con la presentación de esta iniciativa. La hemos desarrollado a las 9,30 de la mañana en la sala de prensa del parlamento europeo.
Quiero agradecer especialmente a Juan José Álvarez, el esfuerzo que ha hecho para acompañarnos en esta jornada. Juan José Álvarez Rubio, catedrático de derecho internacional en la UPV, miembro del consejo del movimiento vasco europeo y especialista independiente reconocido por la comisión europea en temas jurídicos relacionados con la delincuencia organizada y el terrorismo. Tiene en consecuencia autoridad técnica reconocida por las instituciones europeas. Aquí os dejo sinañadir ni quitar una coma lo que me decía esta mañana:
Yo creo que hay que hablar de estas cosas aquí en el parlamento europeo porque no tenemos ningún problema para juzgar a los de fuera pero parece que nos tiembla el pulso para hablar sobre lo que ocurre aquí. De hecho se lo he tenido que recordar a uno de los parlamentarios que ha asistido que ha sostenido la increíble tesis de que defender la independencia de Euskadi es ilegal.
Eso me ha dado la oportunidad de recordar que estas decisiones de ilegalizar más por lo que pensamos que por lo que comprobamos, están limitando gravemente el derecho a la representación y participación política de la ciudadanía vasca. Además a consecuencia de ilegalizaciones de este tipo se provocan y pueden seguir provocándose en el futuro distorsiones en la configuración de instituciones elegidas por la voluntad popular que ya no representan a la totalidad del cuerpo electoral. Estas decisiones judiciales es indudable que alteran en las instituciones las mayorías políticas que se dan en la sociedad.
También creo que ilegalizar un partido impide que se produzca la más efectiva de las sanciones que puede recibir una formación política, el rechazo y la falta de apoyo de la ciudadanía. Son las personas las que, de verdad, ilegalizan, de facto, los partidos cuando dejan de votarles.
Esto es particularmente claro desde que el Tribunal Supremo de España ha decidido por una exigua mayoría no aceptar la legalización de un nuevo partido que sin ninguna duda cumple todos los requisitos legales para ello.
Este hecho se produce después de varias semanas en las que el Tribunal Europeo de los derechos Humanos haya condenado al reino de España por no investigar un delito de torturas y enviar a la cárcel a un representante político por un delito de opinión
Con esta comparecencia hemos querido aportar una visión técnica sobre esta situación y propiciar una reflexión muy seria: Nadie puede acusarnos de tibieza frente al terrorismo, hemos condenado siempre sus crímenes y toda la trayectoria criminal de ETA. Sabemos muy bien que es vivir sin libertad y con escolta.
Pero desde esa posición y con esa legitimidad decimos también que los criterios legales de excepción aplicados en España contra el terrorismo han originado, en ocasiones, graves vulneraciones de derechos fundamentales. Se han criminalizado ideas y hasta idiomas. Se ha cerrado un periódico, un acto que siete años después la propia justicia española ha considerado arbitrario.
Pensamos que es hora de que dejen de ocurrir estas cosas. Es bueno para la democracia. Fortalecer la democracia es bueno para la paz. Y por eso queremos llamar la atención de las instituciones Europeas para que nos acompañen en el esfuerzo que estamos haciendo vascas y vascos para alcanzar la paz y resolver un problema que no es solo vasco sino Europeo.
Ese era el sentido de esta comparecencia y la verdad es que los especialistas que hemos traído han coincidido en que la ilegalización se SORTU ha sido arbitraria y no encaja en el ordenamiento jurídico europeo, en el que no caben las ilegalizaciones por presunciones o como medida cautelar, sino por estimaciones objetivas de pruebas materiales concretas.
Juan José Álvarez, como habéis visto en el vídeo, ha recordado que el artículo 12 de la carta de derechos fundamentales consagra el principio de participación política en Europa como un derecho fundamental y se conecta con el artículo primero de la Constitución Española. La aplicación realizada de la ley de partidos en el caso de SORTU revela a juicio de Álvarez que «hay un concepto cautelar de la justicia que contraviene un derecho fundamental de participación». Álvarez ha destacado como muestra del alto grado de arbitrariedad de la decisión del supremo que se citen, por ejemplo, como materiales probatorios artículos de opinión publicados en diversos medios españoles sobre la evolución de la izquierda abertzale en vez de centrar el foco sobre el contenido de los estatutos y su grado de cumplimiento de la ley de partidos.
Álvarez ha destacado que defender el principio de participación también en el caso de SORTU no supone dar alas al mundo de ETA. «sino exactamente lo contrario, porque no se puede buscar ningún tipo de acomodo a la violencia política». Pero del mismo modo tampoco se mejora la democracia «sacrificando en el altar de esa supuesta seguridad del estado de derecho ese principio del pluralismo político»
Por su parte Didier Rouget ha lamentado que la legislación española sobre partidos permita realizar con facilidad una equiparación simplista entre ideas y actuaciones violentas y ha destacado que esta situación «coincide con un momento de esperanza y búsqueda de la paz. Son dos cuestiones contradictorias» ha dicho.
Francois Alfonsí ha destacado que Europa es un espacio democrático en el que la arbitrariedad no tiene espacio» y en esa línea ha destacado que la situación tomada en torno a SORTU es preocupante porque «franquea el límite de la arbitrariedad y que no se ha tomado sobre argumentos jurídicos objetivos».
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