MAS EFICACIA PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS.

La primera es que en estos temas de seguridad en los que se abordan cuestiones relacionadas con temas de Interior o administración de justicia topamos con uno de los reductos en los que la cesión de soberanía hacia las instituciones europeas es más complicada. En primer lugar por el prurito nacional de muchos de los estados miembros. Además por las diferentes tradiciones jurídicas que existen en los diferentes estados de la unión. Vascas y vascos hemos vivido en carne propia esta resistencia cuando vemos como día tras día se niega por ejemplo a la Ertzaintza el pleno acceso al sistema Schengen. Una vez más nos damos cuenta de que para algunos es más importante quién hace que qué se hace.

La segunda gran dificultad esta vinculada a la coyuntura política en que nació la orden. Esta fue una de las banderas de la presidencia española y es cierto que la primera propuesta llegó al parlamento con algunos problemas de maduración. Además coincidió con una iniciativa que prepara la comisión para extender este tipo de cooperación judicial a todo tipo de delitos y establecer un completo catálogo de  derechos de las víctimas a nivel europeo. Por eso el trámite ha sido bastante complejo y en ocasiones con enfrentamientos bien desabridos entre comisión, consejo y parlamento.

A mi me ha tocado, en representación de mi grupo, ser ponente en la sombra como miembro de la comisión de igualdad entre mujeres y hombres. Por supuesto he apoyado el objetivo y las disposiciones más importantes de la orden aunque lamento, como luego os explicaré, que haya tantos prejuicios en Europa en torno a la constitución de bases de datos conjuntas entre todos los estados miembros.  Estoy especialmente contenta porque hemos conseguido introducir en la orden la garantía de que las y los destinatarios de las órdenes las reciban en idiomas que puedan entender o en la lengua que prefieran, incluidas todas las que son oficiales en los estados miembros. De este modo el euskera está presente en la orden Europea de protección.

Conseguí además que las ponentes y las dos comisiones parlamentarias implicadas aprobasen mi propuesta de crear un registro europeo de órdenes de protección, una idea que se ha cargado el consejo (los gobiernos europeos). Como veréis en el vídeo creo que si a un registro de estas características se le aplican las medidas de protección de la intimidad que vienen al caso se hubiese conseguido un sistema de cooperación mucho más eficaz. Para empezar el registro evita complicar la comunicación entre los estados implicados, abarata costes y facilita que el reconocimiento de las órdenes sea inmediato entre estados miembros. Además evita burocracias inútiles a las víctimas y a los maltratadores que deben recibir comunicaciones relacionadas con las órdenes, unas para saber a qué garantías tienen derecho y otros para conocer los comportamientos que tienen prohibidos. Finalmente se generan automáticamente estadísticas homogéneas en todos los estados miembros lo que facilita la evaluación anual de los efectos de esta directiva.

Finalmente las dos comisiones aceptaron otra propuesta que había hecho para que el servicio exterior de la unión fuese explorando con que países terceros podían llegarse a acuerdos para que este tipo de protección fuese también reconocida en estados no pertenecientes a la unión europea. Esto tenía dos sentidos: en primer lugar las estadísticas indican que buena parte de esta casuística afecta a personas que viven en Europa pero que son originarias de países terceros a los que pueden volver. Hay datos suficientes para comenzar esta exploración con un criterio bien práctico. Además pensaba que este era un buen tema para que el Servicio exterior de la unión se diese a conocer. Espero que algunas de estas cuestiones acaben reflejadas en la normativa que prepara la Comisión europea.